Venus Margarita Barragan Escandon
Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Venus Margarita Barragan Escandon
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); por lo tanto, en términos del artículo 22, párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Ahora bien, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, quien acude presuntamente en su carácter de Defensor de **********, contra actos del Juez de Control Interior del Juzgado de Procesos Procedimientos Penal Oral Del IX Distrito Judicial, con residencia en Misantla, Veracruz y otra autoridad; por lo tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 173/2021 que le corresponde. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De acuerdo con el contenido de la norma transcrita, la procedencia del juicio constitucional, como medio de defensa extraordinario, está supeditada a que el peticionario de amparo utilice todos los recursos ordinarios y establecidos en la legislación, tendentes a nulificar o modificar el acto que le causa perjuicio. De forma que el promovente de amparo tiene la carga de agotar el recurso previsto en la ley, antes de acudir a la instancia de amparo, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente, por desacato al principio de definitividad que lo rige. Tiene aplicación la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 171803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/39 Página: 1214 DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, en los siguientes casos: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensas que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, cabe destacar que los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevén el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria, conforme al artículo 115 de la Ley en estudio. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley relativa, los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución con el objeto de resolver las controversias sobre sus derechos en materia de traslados, la cual deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. Así, en términos del artículo 122 del citado ordenamiento, el Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Además, el artículo 57, párrafo primero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece: "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. (...)" Disposición de la cual se advierte que, en el caso de órdenes de traslado, el quejoso puede acudir ante el Juez de Ejecución para que resuelva lo conducente, sin que ello pueda considerarse potestativo, tal y como se sigue del criterio jurisprudencial 1ª./k. 148/2007, sustentado por la Primera Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 355, del Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se cita a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO" Por su parte, si el quejoso no está conforme con lo resuelto por el juez de ejecución tiene la posibilidad de promover el recurso de apelación en términos de los artículos 131 y 132, fracción VII de la Ley de la materia que establecen lo siguiente: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.) Recurso que tiene finalidad que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmar, modificar o revocar la determinación que en materia de traslado que hubiera emitido. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los Tribunales Federales y locales. Asimismo, la jurisprudencia 79/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, la cual resulta obligatoria para este juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Estableció que la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 1 refiere que el objeto de dicha Ley, es fijar las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Así como que parte de la finalidad de la citada ley, radica en implementar los mecanismos necesarios por medio de los cuales en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que se den con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. A su vez, de lo establecido en el precepto 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que las disposiciones de la ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, en lo que atañe al internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. De igual manera la citada ley señala en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control, a través del cual, una persona que se encuentra privada de la libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, las condiciones de internamiento que tenga, esto es, cualquier acto que le impida tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Y que las peticiones que recaigan sobre casos urgentes, relativas a condiciones de internamiento que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia, el trámite de la petición se substanciará de la siguiente forma: El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el Juez reparará la afectación. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. En ese orden, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame las condiciones de su internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, deberá agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismo que inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Asimismo, indicó que el mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, mediante la cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. A su vez, la referida Sala precisó que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para concederla, y tampoco un plazo mayor del que ésta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, expone que la finalidad del criterio emitido tratándose de las condiciones de internamiento de los reclusos busca darle la funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un Juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. Asimismo, precisa que uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los Jueces penales correspondientes. HECHOS En el caso concreto, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: a) El indebido traslado que se hizo de la quejosa, del Centro de Reclusión estatal de Misantla, Veracruz, al diverso ubicado en Córdoba, Veracruz. CONCLUSIÓN En atención a lo anterior, se concluye que este juicio es improcedente en virtud que la directa quejosa antes de acudir a la instancia de amparo, al no estar conforme con la determinación del juez responsable de trasladarla del Centro de Reclusión estatal de Misantla, Veracruz, al diverso ubicado en Córdoba, Veracruz, estaba obligada a promover el recurso de apelación previsto en el artículo 132 de la ley de la materia, el cual tiene la finalidad que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmar, modificar o revocarla. Tienen aplicación al caso, por sus consideraciones, las siguientes tesis y jurisprudencia: Registro: 2016370 "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD". ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Registro: 2016101 "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA JUDICIALIZADO." Registro: 2018548 "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Registro: 2019987 "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTUDIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que en casos similares se han admitido las demandas de amparo, sin embargo, ante una nueva reflexión, se determina pertinente cambiar dicho criterio, pues se considera que se debió agotar el medio ordinario de defensa. Lo anterior, atento a que la reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, creándose con ello la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo ámbito de aplicación es para todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado en que se encuentre su proceso penal. Aunado a que conforme a lo establecido en el artículo 1° Constitucional, debe privilegiarse el mayor beneficio de la persona que se consigue aplicando, en este caso específico, la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, como se determinó, previo a acudir a esta instancia de amparo, los quejosos debieron agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin que la autoridad responsable se pronuncie respecto de lo que reclama. Sin que pase inadvertida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 2013066 y de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Aprobada en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis; sin embargo, la jurisprudencia en cita deriva de la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en donde al momento de resolver los asuntos que fueron motivo de la contradicción no había entrado en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. De igual manera, no resulta aplicable el criterio del rubro 2003323, la cual establece lo siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA QUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO" En razón que dicho criterio no fue abordado desde la perspectiva de la reforma del artículo 18 Constitucional, en relación con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el agotar el mecanismo establecido en la última ley en cita, tiene como objetivo el ser coherente con las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, y así darle sentido a la ley adjetiva. En ese orden de ideas, se reitera que del contenido de la contradicción de tesis 57/2018 de donde emanó la jurisprudencia 79/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y registro siguiente: Registro: 2018548 "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Expuso que el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal a través de las peticiones administrativas y controversias ante los jueces de control o ejecución, las cuales facultan a la personas privadas de su libertad a reclamar las condiciones de su internamiento, entendidas éstas como cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura, lo que desde luego contempla los traslados del centro de su reclusión, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, al constituir un procedimiento con todas las características de un medio sencillo, rápido y eficaz; además, la propia Sala no establece que exista alguna excepción al principio de definitividad, por lo que si el tema tocante al presente asunto ya fue resuelto por la referida Sala, es evidente que es el criterio que debe imperar, al margen de las diversas tesis aisladas y jurisprudencias de diversos Tribunales Colegiados invocadas, así como de la interpretación que hace de la jurisprudencia en cita. En ese contexto, se invoca como hecho notorio en términos del artículo de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la revisión 284/2019 de su índice, así como las quejas 1/2020 y 30/2020 de su índice, en las que se resolvió en los mismos términos que los aquí plasmados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase como domicilio donde oír y recibir notificaciones, las listas de acuerdos que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, ********** y **********, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. CORREO ELECTRONICO No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones, el correo electrónico que refiere la parte quejosa, toda vez que la Ley de Amparo, no lo prevé como medio para efectuarlas; sin embargo, se toma conocimiento del mismo para, de ser necesario entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
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