Veronica Aguilar Rivera
Expediente 407/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 20/04/2017
Partes del expediente
- Veronica Aguilar Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
VII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por la quejosa Verónica Aguilar Rivera, mediante el cual realiza manifestaciones y exhibe diversas documentales en copia simple. En atención a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó mediante sentencia de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la cual quedo firme mediante determinación de quince de junio de ese mismo año, remitiéndose al archivo como asunto totalmente concluido.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que las partes, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 407/2016-VII, promovido por Verónica Aguilar Rivera, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Tenancingo, Estado de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el día treinta de marzo de dos mil dieciséis, turnado a este juzgado el mismo día, Verónica Aguilar Rivera, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: "lll. AUTORIDADES RESPONSABLES: .C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con residencia en Tenancingo, Estado de México. .C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito al Tercer Turno de la Agencia de Tenancingo, Estado de México. .C. Coordinador del Grupo de Litigación de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con residencia en Tenancingo, Estado de México. .C. Juez Primero Penal de Primera Instancia de Tenancingo. C. Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tenancingo. C, Juez de Control y de Juicio Oral de Tenancingo. .Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. .Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la localidad de Tenancingo, correspondiente a la fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal. ACTO RECLAMADO: 1.A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutase por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. 1.B) De la autoridad señalada C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con residencia en Tenancingo, Estado de México; además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictad e mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante." SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. La peticionaria de amparo argumenta que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Asimismo, por autos de cinco y dieciocho de abril del año en curso, se dejaron de tener como autoridades responsables denominadas por la parte quejosa como "Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; "Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con residencia en Tenancingo" y "Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México"; por lo que la presente sentencia no se ocupara de actos imputados en su contra. En consecuencia, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos privativos de libertad, cuya ejecución se adujo tendrían lugar en la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: "La orden de aprehensión y/o detención y su ejecución". Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2000, tomo XI, Novena Época, materia común, con registro número 192097, cuyo rubro y texto que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Tercer Truño de Tenancingo, Estado de México (foja 19); Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México (foja 30); y el Secretario del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo (denominación actual y correcta de los Jueces Primero y Segundo Penal de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México) al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Aunado a lo anterior, del informe de ley rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, se observa que, pese a la existencia de la carpeta administrativa 326/2015 seguida en contra de la aquí quejosa; en dichos autos se ha negado librar la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía, lo que permite robustecer la inexistencia del acto recamado. En virtud de lo anterior, aun y cuando el Coordinador del Grupo de Litigación de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal con residencia en Tenancingo, Estado de México, no rindió su informe justificado; en el caso concreto no opera la presunción de certeza del acto atribuido a dicha autoridad. Ello es así, pues obra constancia de que en la referida carpeta administrativa no ha prosperado orden de aprehensión alguna en contra de la aquí quejosa, por otro lado, dado sus facultades no puede librar la orden reclamada en el presente asunto y ante la negativa del juez responsable, tampoco puede recibir órdenes para llevar a cabo la ejecución de un acto inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1391, del Semanario Judicial de la Federación, XCVIII, Materia Común, de la Quinta Época, registrada con el ordinal 320330, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS. Negado el acto reclamado por la autoridad ordenadora, es indudable que jurídicamente no hay acto que ejecutar; máxime, si no aparece prueba alguna que desvirtúe el informe de dichas autoridades ordenadoras, y por tanto el amparo es improcedente en contra de las autoridades ejecutoras.". En ese orden, ante la inexistencia de los actos reclamados y toda vez que el quejoso no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia de los actos vertidas por las responsables, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Verónica Aguilar Rivera, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria, Jazmín Nallely Martínez Ramírez, quien da fe. Doy fe.
- Incidental
VII) Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 407/2016-VII, promovido por Verónica Aguilar Rivera contra actos del Juez de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otras autoridades. R e s u l t a n d o PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Verónica Aguilar Rivera promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: .C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con residencia en Tenancingo, Estado de México. .C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito al Tercer Turno de la Agencia de Tenancingo, Estado de México. .C. Coordinador del Grupo de Litigación de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con residencia en Tenancingo, Estado de México. .C. Juez Primero Penal de Primera Instancia de Tenancingo. C. Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Tenancingo. C, Juez de Control y de Juicio Oral de Tenancingo. .Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. .Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la localidad de Tenancingo, correspondiente a la fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal. ACTOS RECLAMADOS: 1.A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutase por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. 1.B) De la autoridad señalada C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con residencia en Tenancingo, Estado de México; además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictad e mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante." Segundo. Por auto de treinta y uno de marzo del año en curso, se formó por duplicado el presente incidente de suspensión; se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró el veintidós de abril del año en curso, por las autoridades ahí citadas, señalándose nueva fecha la cual previo diferimiento se inició al tenor de la presente acta y concluye con el dictado de la presente. C o n s i d e r a n d o Primero. El Coordinador del Grupo de Litigación de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal con residencia en Tenancingo, Estado de México, no rindió su informe previo, pese a encontrarse debidamente notificada, como se advierte del acuse de recibo del oficio 13427. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley de Amparo, se presume cierto la existencia del acto reclamado a dicha autoridad responsable. Sin embargo, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y el Juzgado Penal de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, al momento de rendir su informe previo negaron el acto que le imputa la parte quejosa. Por ende, la negativa del acto reclamado se hace extensiva al Coordinador del Grupo de Litigación de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal con residencia en Tenancingo, Estado de México, quien dado sus facultades no puede librar la orden de detención o aprehensión reclamadas en el presente asunto. Atento a ello, la quejosa no aportó pruebas en contrario tendentes a desvirtuar tal negativa, consecuentemente, lo procedente en negar la suspensión definitiva a Verónica Aguilar Rivera, por no existir materia sobre que aplicarla. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 286, publicada en la página 237 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, número de registro 917820, con el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Sin que pase inadvertido que en la parte final del apartado 1.B) del acto reclamado precise como tal la omisión de acordar sus peticiones correspondientes del procedimiento que indicará más adelante, pues a pesar que se trata de un acto omisivo que revertiría la carga probatoria a las autoridades responsables lo cierto es que la parte quejosa es omisa en precisar a qué procedimiento se refiere, aunado a que no exhibió algún acuse de recibo para evidenciar que efectivamente realizó alguna petición a dichas autoridades. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Verónica Aguilar Rivera, por la autoridad, actos y razones descritas en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria del juzgado, quien da fe. Doy fe.
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