Verónica Aguilar León
Expediente 597/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Verónica Aguilar León
- Verónica Aguilar León y Otros.
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Llegada de autos. Intégrese el oficio del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos el juicio de amparo 597/2021 y remite testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja civil 128/2021, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. En mérito de lo anterior, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.2. Devolución de documentos. Prevéngase a la parte promovente para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió en autos en forma física; apercibida que de no hacerlo se conservaran glosados al expediente en que se actúa y seguirán la suerte del mismo, en relación a su destrucción. 2.3. Trámite de entrega. Ahora, a efecto de materializar la entrega de la documental solicitada, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con la licenciada Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico oficio 4433226960, extensiones, 1161 y 1162, en un horario de 12:30 a 18: 30 horas, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo que desechó la demanda; mismo que se registró con el número 128/2021.
- Principal
Intégrese el escrito signado por Juan Carlos Sereno González, apoderado legal de los quejosos, a través del cual, interpone recurso de queja contra el proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el original y copia del escrito de agravios; asimismo, copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto así como copia certificada de lo actuado en el cuaderno de amparo V-743/2020 del índice de este juzgado. Háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por Verónica Aguilar León y Hugo Audiel García Pureco, en cuanto representantes del menor quejoso de iniciales M.G.A. Regístrese bajo el número III-C- 597/2021. AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO Del análisis del escrito de demanda se colige que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, lo siguiente: El auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio ordinario civil 395/2019, en el que se amplía la demanda en contra del aquí quejoso, esto es, se le tiene como codemandado en el juicio de origen. La resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el juicio ordinario civil 395/2019, por la cual se declara infundado el recurso de revocación interpuesto por el promovente de amparo y confirma la determinación de veintidós de octubre de dos mil veinte. DESECHAMIENTO DEL PRIMER ACTO RECLAMADO (SEÑALADO COMO A.) Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, ya que el no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". En ese tenor, se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Establecido lo anterior, es dable considerar que desde el veintitrés de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de los actos que aquí reclama. Lo anterior es así, ya que en el diverso juicio de amparo V-743/2020, radicado en este órgano jurisdiccional, el representante legal del menor aquí quejoso, Hugo Audiel García Pureco, combatió de igual forma el proveído dictado el veintidós de octubre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil de origen. Si bien la demanda que dio origen al juicio de amparo antes mencionado fue promovida por el citado García Pureco por propio derecho, lo cierto es que como representante legal del menor aquí quejoso amparo tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a la anterior determinación las jurisprudencias cuyo rubro y texto son los siguientes: "REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional se inicia, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado. De tal suerte que si en autos se constata que el promovente del juicio de garantías tiene el doble carácter de demandado en lo personal y de representante legal de la empresa quejosa, y que como codemandado compareció al juicio generador del acto reclamado, resulta incuestionable que a partir de esta fecha conoció de la existencia del acto reclamado en su doble carácter, ya que es materialmente imposible que lo conocido por una persona física lo ignore en su calidad de representante de un ente diverso, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. De ahí que el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades". "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En consecuencia, el plazo para promover el juicio intentado transcurrió del veintitrés al trece de noviembre de dos mil veinte, previo descuento de días inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si la demanda de cuenta, fue presentada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se promovió en forma extemporánea. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Por tales motivos, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el menor de iniciales M.G.A., por conducto de sus representantes legales Verónica Aguilar León y Hugo Audiel García Pureco. DESECHAMIENTO DEL SEGUNDO ACTO RECLAMADO (SEÑALADO COMO B.) También resulta improcedente el juicio de amparo por lo que ve al acto consistente en la resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el juicio subyacente, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, éste último interpretado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación. Ello es así, porque los artículos en comento establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. De acuerdo con la porción de los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, el acto reclamado no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del procedimiento natural; esto es, solo produce efectos intraprocesales, de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En otras palabras, se considera que el acto reclamado, se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una resolución favorable en el juicio ordinario civil 395/2019 o, en su defecto, podrá combatirse como violación procesal en el supuesto de obtener un fallo adverso al combatirse la sentencia que se dicte en dicho procedimiento judicial, en términos de lo previsto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio no reúne la calidad de "imposible reparación", pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que se insiste, se trata esencialmente de una resolución en la que declara infundado el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa y que, consecuentemente, confirma la diversa determinación de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la que se admite la ampliación de demanda por el aquí menor quejoso; lo que conlleva a una posible violación a las leyes del procedimiento, lo cual puede reclamarse en caso de que le sea desfavorable el fallo que ponga fin al juicio, como ya se dijo, en términos de lo previsto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Robustece el criterio anterior, en lo conducente la jurisprudencia 37/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por el menor de iniciales M.G.A., por conducto de sus representantes legales Verónica Aguilar León y Hugo Audiel García Pureco, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. CONSULTA EXPEDIENTE Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del juicio en su versión electrónica al usuario "JuanCarlosSereno"; en la inteligencia que deberá ceñirse a los lineamientos del artículo 3° de la Ley de Amparo y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales) la cuenta de correo electrónico descrito en el ocurso de cuenta. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA(ACUERDO GENERAL 21/2020) Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por el referido artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Valentin Miranda Acencio84/2019
- Valentín Mora Treviño762/2013
- Vanessa Zavala López324/2022
- Vania Zareli Manzo Nuño115/2018
- Vania Zareli Manzo Nuño804/2019
- Verenise Santamaría Valdez1284/2019
- Verónica Almanza Vera339/2017
- Verónica Ávalos Cervantes60/2013
- Verónica Calderón Márquez915/2018
- Verónica Costa Díaz11/2021
- Verónica Flores Pérez Coeto31/2018
- Verónica García Zepeda897/2020