Vanessa Zavala López
Expediente 324/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Secretaria del Bienestar del Gobierno Federal, Ciudad de México
- Vanessa Zavala López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el sobre cerrado de cuenta del que se desprende la imposibilidad que tuvo la el Servicio Postal Correos de México para notificar el oficio 19078, dirigido al Director de Padrones de la Secretaría de Bienestar en la ciudad de México, con la anotación al reverso "Rehusado por la oficialía de partes la autoridad que cita no se encuentra en este domicilio"; en consecuentemente, se ordena abrirlo y reenviarlo al domicilio correcto, el cual deberá ser investigado por el personal de Actuaría de este juzgado, a fin de que dicha autoridad quede debidamente notificada del contenido de dicho comunicado. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la secretaria Elva Janette Herrejón Chávez, que autoriza y da fe.
- Principal
Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó el juicio de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es depurable dado que se concedió la suspensión solicitada por la parte quejosa. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós, Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistida del secretario Juan Francisco Orozco Córdova, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 324/2022, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-Cov2. Asimismo, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. En este acto procesal el secretario certifica que en auto de doce de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda respecto a la respuesta otorgada por las autoridades responsables, por lo que el plazo concedido transcurrió del veintiuno al veinticinco de los cursantes sin que hiciera manifestación alguna. Al respecto, la secretaria encargada del despacho, acuerda: que se tiene por perdido su derecho de ampliar la demanda. Enseguida, el secretario relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta a la encargada del despacho: con la demanda de amparo; admisión de veinticinco de marzo pasado e informes justificados de las autoridades responsables. A lo anterior, la secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, se declara abierto el período probatorio y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables; sobre el particular la encargada del despacho determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Enseguida, se abre el período de alegatos y el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló. A lo que se acuerda: téngase haciendo la anterior relación de constancias, a la parte quejosa en cita formulando alegatos de su parte y se cierra esta fase. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales, por lo que no habiendo más pruebas ni alegatos que relacionar, procede dictar la siguiente: SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 324/2022, promovido por Vanessa Zavala López, por propio derecho, por alegada violación de los artículos 1o, 4 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama a la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal y otras autoridades, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud de registro en el programa de pensión para el bienestar de personas discapacitadas, petición realizada el veintinueve de junio de dos mil veinte, cuya revisión en padrón de uno de febrero de dos veintidós. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una omisión por una autoridad residente en Morelia, Michoacán, territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Al rendir su informe justificado el Subcoordinador de Seguimiento Operativo del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con sede en esta ciudad, Subcoordinadora de seguimiento y planeación del programa pensión para el bienestar de personas con discapacidad de la Delegación Estatal de programas para el desarrollo en el Estado de Michoacán de Ocampo, Coordinador operativo del programa pensión para el bienestar de personas con discapacidad de la Delegación Estatal de programas para el desarrollo en el Estado de Michoacán de Ocampo y Secretaria del Bienestar del Gobierno Federal, Ciudad de México negaron la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las constancias que remitieron para justificarlo. Documentales que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, del escrito presentado el once de julio de dos mil veintidós por la parte quejosa se advierte que el diez de junio pasado la autoridad responsable Delegado Estatal de los Programas para el Desarrollo en Michoacán, notificó a la peticionaria de amparo la respuesta a su solicitud de veintinueve de junio de dos mi veinte, en consecuencia al escrito citado. Entonces, en proveído de doce de julio del año en curso se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la contestación a su escrito, sin embargo, el plazo concedido transcurrió del veintiuno al veinticinco de los cursantes sin que hiciera manifestación alguna. CUARTA. Causa de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, no se estudiará el fondo del asunto, en virtud de que en el caso opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en efecto, de la interpretación que se realiza de la fracción citada, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). b) Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Por tanto, sin con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la responsable subsanó la omisión que se le reclama, ya que el diez de junio de este año, notificó a la parte quejosa la contestación a su escrito de petición de veintinueve de junio de dos mil veinte, por lo que es dable concluir que cesó tal omisión impugnada. Entonces, al actualizarse el supuesto de cesación y haber sido restituida la quejosa en el goce de sus derechos, por haber cesado los efectos de los actos reclamados como si no hubieran existido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado resulta inexistente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Entonces, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia de registro 239006, emitida por la Segunda Sal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 24, tercera parte, página 49, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Vanessa Zavala López, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerativo cuarto de este fallo. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo proveyó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2911/2022, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyendo las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la citada Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de registro digital 164525, de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; dando fe, bajo la misma forma de suscripción el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova.
- Incidental
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: Informa. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Secretaria de Bienestar, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado y remite copia del oficio 136/700/731/084/934/2022, dirigido a la quejosa. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.
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