Verónica Calderón Márquez

Expediente 915/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
915/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Verónica Calderón Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 35-43), que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: VERÓNICA CALDERÓN MÁRQUEZ. Diligencia de ratificación de escrito. Vista la comparecencia de Verónica Caderón Marquéz, mediante la cual ratifica el escrito que presentó ante este juzgado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, con el que cumple con las prevenciones que le fueron impuestas en auto de veinticinco anterior; por tanto, se ordena proveer lo inherente a la admisión de la demanda de amparo. ? Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Verónica Calderón Márquez, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijos Brittany y Julián, ambos de apellidos Calderón Márquez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia de quien reclama: 1. El auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en las diligencias de jurisdicción voluntaria de medidas provisionales en caso de ausencia número 860/2017, en el cual se dejó sin efectos el proveído de diez de septiembre anterior, donde se ponían los autos en estado de dictar la resolución de declaratoria de ausencia de su esposo Julio César Guillén Martínez y, 2. El auto de ocho de octubre del año en curso, en el que el juez responsable negó la admisión del recurso de apelación que hizo valer en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho antes citado. ? Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ? Desechamiento de la demanda. En el caso, este juzgador estimase actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. El supuesto determinado en la fracción y numeral aludido establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando: 1. Sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. Afecten a personas extrañas; y, 3. Determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico. Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando éstos: ? Afecten derechos sustantivos Y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando: ? Se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que los actos reclamados no se tratan de una determinación en la que se inhiba o decline el conocimiento de un asunto. De igual modo, tampoco se tratan de actos que afecten derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así pues, conviene precisar que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: 1. El auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en las diligencias de jurisdicción voluntaria de medidas provisionales en caso de ausencia número 860/2017, en el cual se dejó sin efectos el proveído de diez de septiembre anterior, donde se ponían los autos en estado de dictar la resolución de declaratoria de ausencia de su esposo Julio César Guillén Martínez y, 2. El auto de ocho de octubre del año en curso, en el que el juez responsable negó la admisión del recurso de apelación que hizo valer en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho antes citado. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. Que el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la quejosa promovió medidas provisionales en caso de ausencia respecto de su esposo Julio César Guillen Martínez, mismas que, por razón de turno, correspondió conocer al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Morelia, quien las registró con el número 860/2017. Refiere que el catorce de diciembre de dos mil diecisiete se admitieron a trámite las medidas provisionales solicitadas, se dio vista al agente del ministerio público adscrito al juzgado en cita y se nombró a la quejosa como representante del ausente; de igual manera, se le requirió para que aceptara y protestara el cargo conferido, así como para que formulara el inventario y avalúo de los bienes del ausente a efecto de que pudiera administrar el patrimonio de éste. Aduce, que el dieciocho de diciembre siguiente, compareció a aceptar y protestar el cargo; el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se le tuvo formulando el inventario y avalúo de bienes, derechos y obligaciones del ausente, por lo que se dio vista a la representación social para que manifestara lo que a su interés conviniera. Asimismo, alude que el seis de febrero de dos mil dieciocho se tuvo a la quejosa entrando en la administración de los bienes del ausente. Agrega que el trece de febrero de dos mil dieciocho se le entregó para su publicación un edicto llamando al ausente, el cual se publicó el catorce de febrero de dos mil dieciocho y a tres meses después, esto es, el quince de mayo del año en curso, se volvió a publicar un edicto. Finalmente, refiere que el veintisiete de septiembre del año en curso la autoridad responsable dictó un auto en el que se determinó lo siguiente: ? Se revocó el diverso auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho en donde se pusieron los autos a la vista del juez para dictar la resolución; ? Se le requirió para que nuevamente publicara edictos, para estar en condiciones de resolver las medidas provisionales de donde emana el acto reclamado. Concluye indicando que en contra del anterior auto, interpuso recurso de apelación, el cual, por auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se le negó al admisión del aludido medio de impugnación. Siendo los dos anteriores autos los que se combaten en esta instancia constitucional. En ese sentido, los actos que reclama la parte quejosa no se tratan de algunos de los que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues en su lugar, se advierte que las violaciones que reclama, sólo afectan a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, como lo es, que de momento no se dicte la resolución en las diligencias de jurisdicción voluntaria de medidas provisionales en caso de ausencia número 860/2017; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo. En ese orden, la circunstancia consistente en que, con motivo del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho se regularice el procedimiento para repetir o, bien, llevar a cabo nuevas publicaciones de edictos, y que se haya desechado el recurso de apelación hecho valer contra dicho auto, tiene como efecto que se postergue el dictado de la resolución en las aludidas diligencias, lo cual no trae como consecuencia una violación a los derechos sustantivos de la quejosa. Pues tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 38/2007, las determinaciones que implican reponer actuaciones en el proceso si bien, implican una dilación del juicio en mayor o menor grado, la realidad es que ello no implica violación al principio de justicia pronta y, por tal motivo, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra este tipo de actos. Asimismo, tampoco se pierde de vista que el acto reclamado trae como consecuencia la imposición a la parte quejosa de un deber procesal [publicar nuevamente edictos], so pena que, de no hacerlo, se impediría la continuación del procedimiento. Sin embargo, la circunstancia consistente en que eventualmente se detenga la marcha del procedimiento principal ante la omisión de la quejosa de publicar los edictos ordenados, no constituye un acto de imposible reparación. Ello toda vez que la omisión en la que pudiera incurrir la autoridad responsable de continuar con la marcha del procedimiento ante el incumplimiento de la parte quejosa, se trataría de una violación intraprocesal que no afectaría derechos sustantivos. Lo anterior tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en cuya ejecutoria estableció que la omisión de la autoridad de continuar con la secuela de un procedimiento ante el incumplimiento del gobernado de un deber procesal que le ha sido impuesto en el contexto de proceso jurisdiccional, no constituye un acto que viole derechos sustantivos, sino únicamente derechos intraprocesales. Pues en tal supuesto, dicha afectación no podría analizarse de forma autónoma, sino dentro de un procedimiento en razón de los artículos establecidos en la legislación secundaria que rige el procedimiento en el que se desenvuelve la violación alegada. Dicho de otro modo, la afectación que se podría dar ocurre en el contexto de un procedimiento jurisdiccional, el cual, per se, no se paraliza por una inacción autónoma o por negligencia del juez señalado como responsable, sino derivado de un requerimiento que, a consideración de dicho juzgador, debe cumplirse para continuar con la secuela procesal correspondiente. La contradicción de tesis aludida trajo como resultado la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Finalmente, no pasa inadvertido lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que el acto reclamado sí vulneraría derechos sustantivos ya que tendría que erogar una cantidad para publicar de nueva cuenta unos edictos que ya han sido publicados, con lo que se afectaría su patrimonio familiar. Sin embargo, tal como lo refirió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el perjuicio económico que eroguen las partes para el desahogo de un proceso no entraña afectación a un derecho previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, no puede reclamarse en amparo indirecto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 51/2010 , de rubro y texto siguientes: CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL O FAMILIAR. EL PROVEÍDO POR EL QUE SE REQUIERE A UNA DE LAS PARTES CON RESIDENCIA EN LUGAR DISTINTO DE AQUEL EN QUE SE ENCUENTRA EL JUZGADO, PARA QUE COMPAREZCA PERSONALMENTE A DESAHOGAR LA PRUEBA RELATIVA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El indicado proveído no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, toda vez que ocasiona una afectación a derechos adjetivos al obligar al justiciable a cumplir con las condiciones fijadas para el desahogo de la prueba, sin afectar de manera directa e irremediable algún derecho sustantivo, ya que ocasiona una molestia consustancial a la tramitación del procedimiento judicial. Por otra parte, el traslado que, en su caso, realice alguna de las partes en el juicio -del lugar de su residencia a aquel en el que se ubica el juzgado- puede generar gastos; sin embargo, éstos pueden ser materia de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio, pues en materia civil los códigos de las entidades de la República establecen parámetros para reclamar y cuantificar los gastos y costas correspondientes, esto es, las erogaciones necesarias para iniciar, tramitar y concluir el juicio; además, el perjuicio económico del traslado de un lugar a otro no entraña afectación a un derecho previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, no puede reclamarse en amparo indirecto. Por ello, se insiste que los actos reclamados señalados en este apartado no afectan algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que en este juicio no pueden impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia ] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales, como pueden ser los autos o resoluciones que diriman cuestiones de personalidad, admisión o desechamiento de pruebas o debido proceso, etcétera. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, materia común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido llegado el momento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA VERÓNICA CALDERÓN MÁRQUEZ, EL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO...Visto el escrito signado por Verónica Calderón Márquez, agréguese a los autos y tomando en consideración que la firma que aparece en él, a simple vista es notoriamente distinta de la que estampó en el escrito de demanda; antes de acordar en cuanto a su contenido, requiérasele para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca personalmente a este juzgado, debidamente identificada con documento oficial vigente, que no sea expedido por partidos políticos o particulares, y manifieste, bajo protesta de decir verdad, si ratifica el contenido y firma del ocurso de cuenta; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no presentado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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