Veralúcia Alves Ferreira
Expediente 810/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Veralúcia Alves Ferreira
- Krisanderson Henrique Silva Batista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios procedentes del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a través de los cuales comunican que una vez impuesto de la determinación dictada en el conflicto competencial 67/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, se avocó al conocimiento del asunto, y tuvo por no presentada la demanda de amparo a favor de los directos quejosos, por los motivos ahí expuestos; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se devuelven los autos al archivo. Notifíquese.vmph
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio dictado en el conflicto competencial ********************/2023 de su índice, en el que en lo medular se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, es legalmente competente para conocer de las demandas formuladas por ******************** y ********************, (.), por conducto de Librado Heriberto Trujillo González, contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria,.." Acúsese de recibo al estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en acatamiento al artículo 20, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el once de octubre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del cuaderno de antecedentes en que se actúa, Notifíquese.YNJR/*Ccr
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 7272/23, signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 6282 de once de septiembre del año en curso, del índice de este juzgado e informa que admitió el conflicto competencial planteado en el presente asunto, el cual quedó radicado bajo el número ********************/2023, de su estadística, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.vmph
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio 23583, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a través del cual informa que el juzgado de su adscripción, no aceptó la competencia declinada en el presente controvertido constitucional, y devuelve los autos que se remitieron para tal efecto. Acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y glósese al expediente que se recibe las actuaciones originales que conforman el cuaderno de antecedentes que para tal efecto se formó. Ahora bien, del proveído de veintiocho de agosto del año en curso, emitido por el homólogo federal que se recibe, se evidencia que argumentó que conforme a las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, al considerar que no obstante que el promovente cumplió en su demanda el requisito procesal de manifestar los hechos que le constaban bajo protesta de decir verdad, al no obrar en el expediente constancia con la cual se acreditara que el acto reclamado estuviera teniendo ejecución en el territorio al en que se extiende su jurisdicción, no podía tener certeza de tal hecho, y por ende, adujo que la competencia se debía surtir a favor de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, aunado a que en el proveído por el cual se radicó la demanda, se resolvió sobre la suspensión de plano y se declinó la competencia, no advirtió que el A quo, hubiera ordenado las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los directos quejosos. Argumentos de los cuales respetuosamente disiente este órgano jurisdiccional, e insiste en declinar la competencia legal al citado órgano jurisdiccional para que conozca del presente controvertido, por las siguientes razones: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal invocado establece tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda. Asimismo, se estima importante resaltar que, en la actualidad, tratándose de demandas presentadas en línea, a través del Portal de Servicios del Consejo de la Judicatura Federal, no es factible atender a la facilidad del promovente para decidir promover en determinada sede, ya que la indicada tecnología permite promover mediante esa vía, de hecho casi en cualquier lugar del mundo y seguir el trámite del juicio en línea; consecuentemente, de razonar en el sentido de que el criterio de la competencia debe atender al lugar donde se presente en primer término la demanda en esos casos (presentación en línea de la demanda), implicaría dejar al arbitrio del quejoso la competencia en asuntos como el que ahora nos ocupa, a pesar de que el reclamo se halle perfectamente delimitado hacia dependencias ubicadas en determinada sede, por hechos sucedidos en ese lugar, lo que en todo caso conduciría el diverso supuesto de determinación de competencia previsto en el segundo párrafo del invocado numeral 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, el artículo 48 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, ÉSTE DECIDIRÁ DE PLANO, DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS SIGUIENTES, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente". El énfasis es propio. De la lectura del precepto transcrito se observa que, en cuanto al trámite de las competencias, el legislador federal dispuso lo siguiente: 1. Que si el juez ante el que se presenta la demanda de amparo estima carecer de competencia, procede remitirla de plano ante el órgano al que considere competente, debiendo proveer sobre la suspensión del acto solo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Que el juez requerido (al que se declina la competencia) recibirá la demanda y sus anexos, y decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto; en la inteligencia de que si acepta debe comunicar su resolución al requirente; y si no acepta, devolverá la demanda al requirente. En ese tenor, el que suscribe considera que es dable insistir en declinar la competencia; y para justificar dicha postura, es importante narrar los antecedentes que enseguida se indican: a) Por escritos recibidos en línea, el veinte de agosto del presente año, por la secretaria de guardia de esta adscripción, ********************, con fundamento en lo dispuesto en el artículo ******************** de la ley de la materia, presentó demanda de amparo en representación de ******************** y ********************, respectivamente, de quienes manifestó ser de nacionalidad brasileña. b) De los mencionados escritos, se advirtió que en ambos se solicitaba la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y que estos eran atribuidos a las mismas autoridades responsables, siendo estos: Autoridades responsables Representante del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana Baja California. Titular y/o encargado de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. Actos reclamados La detención, presentación y privación de la libertad de la que los quejosos han sido objeto, sin que hayan cometido delito alguno y fuera de todo procedimiento administrativo, sin que se cumpla con las formalidades esenciales, ya que no fueron llamados a juicio, ni emplazados, y sin la menor provocación o justificación han sido privados de su libertad; deportación, expulsión o repatriación y, el posible traslado a la Estación Migratoria en Ciudad de México. c) Asimismo, de los precitados escritos de demanda, en el apartado concerniente a los antecedentes de los actos reclamados, se narró lo siguiente: "(.) A continuación, narro los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Primero. ******************** (1) y ******************** (2), todos nacionales de la República de Brasil, mayores de edad, con pasaporte debidamente expedido por el mismo pais al que pertenecen, del cual, bajo protesta de decir verdad, en este momento no tenemos acceso a este documento, en virtud de que los quejosos han sido despojados de sus documentos originales, por lo que nos es imposible acceder a los mismos. Segundo. El veinte de agosto dos mil veintitrés por la tarde, los aquí Amparistas, abordaron un vuelo nacional de la Ciudad de México, con destino a esta ciudad de Tijuana, B.C, cuando al aterrizar, sin esperarlo, fueron intervenidos por agentes adscritos A LA REPRESENTACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, RESIDENTE EN TIJUANA, por lo que fueron detenidos y posteriormente trasladados a la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, sin embargo, existe el temor fundado de que los Quejosos sean trasladados en contra de su voluntad a la Estación Migratoria de la Ciudad de México. (.)" Lo subrayado es propio d) En esa tesitura, por auto de veinte de agosto actual, vistas las demandas de amparo, se ordenó formar los diversos expedientes ********************/2023 y ********************/2023; asimismo, en atención a la conexidad de causas, por tratarse de los mismos actos reclamados y autoridades responsables, se decretó la acumulación de los juicios de amparo y se proveyó sobre la suspensión de plano solicitada, concediendo para los siguientes efectos: "(.) de inmediato cese cualquier acto de incomunicación, de privación de la libertad fuera de procedimiento, actos de tortura y golpes, intimidación o cualquier acto que afecte la vida, la salud o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.) se concede la medida cautelar para el efecto de que la autoridad que los tenga a su disposición los ponga en inmediata libertad. (.) se les garanticen los derechos previstos en el artículo 109 de la Ley de Migración. (.) respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación, expulsión, retorno asistido y/o la orden de salida del país con fines de obligar a los directos quejosos a abandonar territorio nacional por parte de las autoridades responsables; con fundamento en los artículos ******************** y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se ejecuten y los quejosos (1) ******************** y (2) ********************, queden en el lugar donde se encuentren, a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. (.) se les permita realizar el trámite respectivo a su situación migratoria ante las autoridades migratorias con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, en libertad. (.) las autoridades responsables brinden a los directos quejosos agua, alimentos adecuados y proporcionen condiciones dignas propias a su naturaleza humana, en el lugar en el que se encuentran a su disposición, lo que implica que les de acceso a un baño para su aseo personal y necesidades fisiológicas, así como un lugar para dormir; y se les permita la asistencia técnica de un abogado, (.) que se abstenga de trasladar a los quejosos a otro lugar u obligarlos a abandonar materialmente el territorio nacional. (.) Asimismo, se ordenó hacer del conocimiento de las autoridades responsables, que dichas medidas debían ser acatadas de forma inmediata y se les requirió para que en término de veinticuatro horas, rindieran su informe respecto a la suspensión de plano otorgada, bajo el apercibimiento de multa y de las penas establecidas en el artículo 262 de la Ley de la materia. e) Una vez proveído lo anterior, este órgano jurisdiccional declinó la competencia del juicio de derechos fundamentales y su acumulado, por las razones expuestas y remitió los autos originales al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana, para su substanciación. Ahora, como se adelantó, este juzgador insiste en declinar la competencia legal para conocer del presente asunto, puesto que no se comparten las razones que esgrimió el homólogo federal para sostener su criterio. Es importante resaltar, que la protesta de decir verdad de la demanda de amparo se relaciona con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, ya que en esa fase del procedimiento -auto de admisión-, no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables. Se invoca la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, que a la letra dice lo siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL 'PROTESTO LO NECESARIO' Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste 'bajo protesta de decir verdad' los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase 'Protesto lo necesario', que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Por otra parte, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo tiene que ser interpretada en una forma integral, atendiendo a la pretensión en su aspecto material y no únicamente formal. Bajo ese tenor, si el promovente, en representación de los directos quejosos, bajo protesta de decir verdad asegura que una vez que los quejosos se encontraron en la ciudad de Tijuana, Baja California, fueron intervenidos por agentes adscritos a la Representación Local del Instituto Nacional de Migración residente en la aludida Ciudad, detenidos y posteriormente trasladados a la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, con la finalidad de ejecutar el acto reclamado; dicha afirmación es suficiente para establecer la incompetencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto, pues debe atenderse a la regla de ejecución material de los actos reclamados. No se soslaya que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, al rendir su informe de suspensión de plano informó que los directos quejosos no se encontraban en alguna de las estaciones migratorias del citado instituto, en Baja California. Sin embargo, ello no implica que en algún momento anterior a la presentación de la demanda de amparo, sí fueron internados en la dependencia migratoria que precisaron; aunado a que la negativa de los actos es susceptible de desvirtuarse durante el procedimiento, pero se insiste, a condición de que el órgano de amparo sea el legalmente competente. Además, de la demanda de amparo no se advierte algún otro dato que revele que el acto pudo tener ejecución en un domicilio distinto al de las responsables o en esta entidad federativa; ya que la parte promovente no mencionó que los actos hubieran iniciado en un lugar ajeno a la ciudad de Tijuana, Baja California. De tal manera, este órgano jurisdiccional reitera su incompetencia del conocimiento del presente juicio de amparo y su acumulado, por los conceptos expuestos en párrafos anteriores. Para robustecer lo anterior, este órgano jurisdiccional hace suyas las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en los conflictos competenciales ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023, ********************/2023 y ********************/2023, los cuales derivaron de similares hipótesis de conflicto, en las que se determinó que los Juzgados de Distrito con territorio en Tijuana, Baja California, debían avocarse al conocimiento y competencia planteada. En tales condiciones, dado que uno de los actos reclamados a la autoridad responsable administrativa es la deportación; con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y 9, fracción III, del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas, a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, deberá remitirse este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para que tenga a bien resolver el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana...
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes
- Vania Yajaira Huesca Guerrero275/2023
- Vasileios Karamanolis Orespoulos104/2021
- Velia González Cruz854/2016
- Vely Barragan Garcia805/2022
- Venicio Rojas Corzo194/2015
- Venus Cristal Gómez Ayala283/2022
- Veronica Busio Altamirano293/2016
- Veronica Castro Salazar84/2013
- Verónica Catarino Rufiar Rufiar489/2021
- Verónica Cheyenne Mesa Espinosa177/2022
- Veronica Conde Chaga378/2023
- Verónica del Carmen Bringas Dorantes872/2023