Veronica Conde Chaga
Expediente 378/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Veronica Conde Chaga
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la promovente Verónica Conde Chaga, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintiocho de abril del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiséis de mayo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese....
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ********************; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 378/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En este sentido, la promovente en los apartados de autoridades responsables y actos reclamados, señala lo siguiente: ".Como autoridad responsable ordenadora y ejecutora se señala a la ciudadana Jueza del juzgado en materia laboral perteneciente al Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Medellín de Bravo, Veracruz y como ejecutoria a la C. Secretaria Instructora del mismo juzgado." ".De ambas autoridades señaladas como ordenadora y ejecutora, reclamo el auto de fecha 10 de abril del presente año, en la que desechan el incidente de nulidad de notificación interpuesto por mi apoderado por escrito de fecha 30 de Marzo del presente año y recibido por dicha autoridad el 31 del mismo mes y año." Entonces, en el particular, el que suscribe estima que en el caso se colma el supuesto de improcedencia que establece la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, de la ley en cita, debido a que la resolución reclamada es de carácter intraprocesal que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la promovente. Tales numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no tengan efectos de imposible reparación; en la inteligencia de que la fracción V, del artículo 107 de la ley de la materia, define lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, al establecer con toda precisión que son aquellos que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial, únicamente cuando ocasionan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe considerarse a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que deriven tales actos procesales, como sería, por ejemplo, una orden de clausura en bienes del quejoso, la imposición de una multa, entre otros; en razón de los perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueden resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no afectan derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este último caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 19, junio de 2015, tomo I, página 1070, registro 2009478, del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen". De la tesis antes transcrita se advierte la intención del legislador de precisar que únicamente podrá combatirse a través del juicio de amparo indirecto, los actos dictados en juicio, cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen, de modo que cualquier interpretación que pretenda incluir la posibilidad de combatir actos procesales dentro del juicio de amparo indirecto, por más exorbitantes que se manifieste que sean. Así también, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre los alcances de la fracción V, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, enfatizando que el juicio para el control de los actos de autoridad sólo procede cuando los dictados en el juicio afectan materialmente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución o instrumentos internacionales, y no cuando sólo inciden sobre cuestiones adjetivas o procesales. Así, de una interpretación en sentido contrario del citado artículo, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación; es decir, el amparo indirecto resulta improcedente contra actuaciones que no afecten, materialmente, derechos sustantivos del quejoso, como la vida o la libertad. En la especie, el acto reclamado consistente en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que desechó el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el apoderado de la parte quejosa en el expediente ******************** del índice del Juzgado en Materia Laboral del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Medellín de Bravo; misma que no encuadra en el supuesto de procedencia del amparo indirecto, conforme al texto de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, pues no priva a la parte quejosa en forma actual y material de algún derecho patrimonial; ni transgrede la vida misma o la libertad; sino se trata de una resolución en la que se combatía la legalidad de una notificación dentro del citado juicio de origen, dictada durante la tramitación del procedimiento laboral de origen, cuya consecuencia es que continúe con su cauce hasta el dictado de la sentencia correspondiente en las condiciones que se encuentren las partes. De lo anterior es posible inferir, que el acto reclamado consistente en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que desechó el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el apoderado de la parte quejosa en el expediente ******************** del índice del Juzgado en Materia Laboral del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Medellín de Bravo, no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta ningún derecho de carácter sustantivo, sino sólo de carácter procesal y puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en su esfera jurídica, si la sentencia que ponga fin al procedimiento laboral de origen resulta favorable a sus intereses; o en caso contrario, lo que se determine en el mismo puede reclamarse, previa la observancia del principio de definitividad (en su caso), en amparo directo una vez que se pronuncie la sentencia definitiva en el citado juicio de origen, lo que tiene sustento en el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando. V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad." En ese sentido, esa violación ocurrida dentro del procedimiento consistente en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que desechó el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el apoderado de la parte quejosa en el expediente ******************** del índice del Juzgado en Materia Laboral del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Medellín de Bravo, no tiene efectos que sean de imposible reparación y, por lo tanto, debe ser reclamada, en su caso, junto con la sentencia que se dicte en el juicio de origen vía amparo directo; ya que la misma no es una infracción que afecte en este momento alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, contra la cual resulte procedente el amparo en la vía indirecta, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, puesto que tal acto procesal no produce una afectación que sea actual, y por tanto, que afecte algún derecho fundamental protegido por la Constitución Federal, porque ello dependerá de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz; atento a su contenido se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. De lo anterior, la autoridad mencionada informa que: ". me encuentro a la espera de que el juez "A quo", se pronuncie sobre la sentencia amparadora, y a su vez remita el expediente 114/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, y con ello estar en condiciones de cumplir con lo que se disponga, únicamente en cuanto a la diligencia que oportunamente ordene..." Por lo que, se requiere a la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, contra cuyo acto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que una vez que tenga el expediente que alude, informe a este órgano jurisdiccional al respecto el cumplimiento dado a la ejecutoria, significándole que de no hacerlo, subsiste el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso. Por otro lado, glósese la misiva del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, y anexo; en atención a su contenido se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. De lo anterior se advierte que la autoridad mencionada remitió copias certificadas de las constancias a partir de la diligencia de emplazamiento del expediente 114/2019, de su índice. Por otro lado, en la inteligencia que los efectos para los que se concedió el amparo y protección a la parte quejosa en la sentencia autorizada de seis de agosto de dos mil veintiuno fueron: "(.) 3) Ordene al Encargado del Registro Público de la Propiedad de la Segunda Zona Registral, en esta ciudad, cancelar su anotación registral correspondiente, debiendo quedar debidamente acreditada en autos dicha cancelación. (.)" Así como en el recurso de inconformidad que se declaró fundado, los efectos son: ".Ello porque si bien mediante auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil 114/2019, se dejó insubsistente todo lo actuado dentro de ese controvertido, a partir de los emplazamientos practicados a los demandados Juan Carlos Fernando Espinosa Vasto y Silvia Maria Vasto Enciso (QUEJOSO) y consecuentemente, se ordenó reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, quedando intocado lo relativo al embargo precautorio decretado con antelación a dichos emplazamientos. Ello es insuficiente para concluir, como se estimó en la resolución de cumplimiento que se revisa, que la sentencia de amparo en revisión fue cumplida totalmente, son defectos o excesos; pues de acuerdo a lo que hace valer el recurrente, el juez federal debió recabar las pruebas o constancias relativas a la reposición de procedimiento, como lo es la existencia o no del lanzamiento que en su caso se haya efectuado en el juicio natural, que dice el inconforme fue ejecutado en su contra; ello independientemente de que no formó parte de manera expresa de los efectos de la concesión.". Por lo anterior, requiérase a la autoridad mencionada Encargado del Registro Público de la Propiedad de la Segunda Zona Registral, en esta ciudad, contra cuyo acto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio en el que se le transcribe este acuerdo, de conformidad con el artículo 192, último párrafo, de la ley de la materia, remita copias certificadas, legibles, completas y ordenadas del desahogo de la audiencia en mención, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo o la imposibilidad que tenga para ello, significándole que de no hacerlo, subsiste el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso. Por último, agréguense a los autos los escritos firmados electrónicamente por Octavio Ruiz Martínez, abogado patrono de la parte tercero interesada. En atención a su contenido, como lo solicita expídansele las copias certificadas que indica en su escrito de cuenta, autorizando para recibirlas a las personas que menciona, las cuales serán a su costa, en términos de 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese.
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