Vely Barragan Garcia

Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
805/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Vely Barragan Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto dictado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. ********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.********************Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.********************En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.********************Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 26/10/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que mediante proveído de trece octubre de año en curso, se tuvo al Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, rindiendo su informe justificado, al que acompañó copia de las constancias relativas al acto que por esta vía constitucional se combate. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido se constriñe en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de dar respuesta a la solicitud 3020005077, en el cual solicitó la inscripción de sentencia dictada en el expediente 152/2022, poblado La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. En relación con lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera, en la especie la quejosa Vely Barragán García reclama la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de dar respuesta a la solicitud 3020005077, en el cual peticionó la inscripción de sentencia dictada en el expediente 152/2022, poblado La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz y, por ende, la expedición de los certificados parcelarios correspondientes en el ejido La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. Al respecto, de las constancias remitidas por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, con su informe justificado estableció lo siguiente: ".La omisión de la autoridad señalada como responsable al no dar respuesta dentro del plazo establecido para ello a mi solicitud número 30220005077 de fecha 11 de abril del año en curso en la cual solicitó la inscripción de la sentencia dictada en el expediente número 152/2022 de, Poblado La Esperanza, Municipio de Tlalixcoyan Veracruz, Estado de Veracruz." NO ES CIERTO, sin embargo se informa que con fundamento en los artículos 152 Fracción I de la Ley Agraria y 22, fracción del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; la sentencia dictada dentro del juicio 152/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, quedo debidamente inscrita bajo el folio 3018103310481939R desde el dos de mayo de 2022, por lo que se expidió a favor de la quejosa los certificados de derechos parcelarios número 1103797, 1103798 y 1103799 que amparan la parcela 27, 40 y 39 del núcleo ejidal LA ESPERANZA, municipio TLALIXCOYAN, VERACRUZ. Mismo que se encuentran a su disposición, y que sin embargo la quejosa no ha realizada su cita correspondiente para su entrega. En ese sentido hago de su conocimiento que únicamente se está brindando la atención a través de citas atendiendo las medidas sanitarias derivado de la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), sin embargo por tratarse de un asunto de amparo, se pone a disposición del quejoso en el módulo de atención a trámites de esta Delegación, con domicilio en la calle Enrique C. Rebsamen número 20, Xalapa, Veracruz; los documentos expedidos a su favor" Al respecto, la responsable acompañó a su informe justificado copias fotostáticas certificadas de los certificados de derechos parcelarios números 1103797; 1103798 y 1103799 que amparan las parcelas 27 Z-1 P 1/1; 40 Z-1 P 1/1 y 39 Z-1 P 1/1 del núcleo ejidal La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, expedidos en favor de la directa quejosa, de donde se advierte que la autoridad responsable inscribió la sentencia dictada dentro del juicio 152/2022 del índice del Tribunal Unitario del Distrito 31, bajo el número 30181033104081939R. Dichas documentales tienen pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. En ese contexto, mediante proveído de trece de octubre del año en curso, se ordenó correr traslado con el oficio y anexos de referencia a la parte quejosa, de lo cual se evidencia que fue notificada previo citatorio, publicado por lista de acuerdos el diecinueve de octubre de este año. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese personalmente al quejoso, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que mediante proveído de trece octubre de año en curso, se tuvo al Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, rindiendo su informe justificado, al que acompañó copia de las constancias relativas al acto que por esta vía constitucional se combate. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido se constriñe en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de dar respuesta a la solicitud 3020005077, en el cual solicitó la inscripción de sentencia dictada en el expediente 152/2022, poblado La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. En relación con lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera, en la especie la quejosa Vely Barragán García reclama la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de dar respuesta a la solicitud 3020005077, en el cual peticionó la inscripción de sentencia dictada en el expediente 152/2022, poblado La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz y, por ende, la expedición de los certificados parcelarios correspondientes en el ejido La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. Al respecto, de las constancias remitidas por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, con su informe justificado estableció lo siguiente: ".La omisión de la autoridad señalada como responsable al no dar respuesta dentro del plazo establecido para ello a mi solicitud número 30220005077 de fecha 11 de abril del año en curso en la cual solicitó la inscripción de la sentencia dictada en el expediente número 152/2022 de, Poblado La Esperanza, Municipio de Tlalixcoyan Veracruz, Estado de Veracruz." NO ES CIERTO, sin embargo se informa que con fundamento en los artículos 152 Fracción I de la Ley Agraria y 22, fracción del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; la sentencia dictada dentro del juicio 152/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, quedo debidamente inscrita bajo el folio 3018103310481939R desde el dos de mayo de 2022, por lo que se expidió a favor de la quejosa los certificados de derechos parcelarios número 1103797, 1103798 y 1103799 que amparan la parcela 27, 40 y 39 del núcleo ejidal LA ESPERANZA, municipio TLALIXCOYAN, VERACRUZ. Mismo que se encuentran a su disposición, y que sin embargo la quejosa no ha realizada su cita correspondiente para su entrega. En ese sentido hago de su conocimiento que únicamente se está brindando la atención a través de citas atendiendo las medidas sanitarias derivado de la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), sin embargo por tratarse de un asunto de amparo, se pone a disposición del quejoso en el módulo de atención a trámites de esta Delegación, con domicilio en la calle Enrique C. Rebsamen número 20, Xalapa, Veracruz; los documentos expedidos a su favor" Al respecto, la responsable acompañó a su informe justificado copias fotostáticas certificadas de los certificados de derechos parcelarios números 1103797; 1103798 y 1103799 que amparan las parcelas 27 Z-1 P 1/1; 40 Z-1 P 1/1 y 39 Z-1 P 1/1 del núcleo ejidal La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, expedidos en favor de la directa quejosa, de donde se advierte que la autoridad responsable inscribió la sentencia dictada dentro del juicio 152/2022 del índice del Tribunal Unitario del Distrito 31, bajo el número 30181033104081939R. Dichas documentales tienen pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. En ese contexto, mediante proveído de trece de octubre del año en curso, se ordenó correr traslado con el oficio y anexos de referencia a la parte quejosa, de lo cual se evidencia que fue notificada previo citatorio, publicado por lista de acuerdos el diecinueve de octubre de este año. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese personalmente al quejoso, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintidós.Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio remitido vía correo electrónico por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, a través del cual rinde su informe justificado, en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como medio de prueba las documentales que adjuntó al mismo, en términos de lo que dispone el numeral 119 de la ley que rige la materia. En ese orden de ideas, de los documentos anexos se advierte que la autoridad responsable inscribió la sentencia dictada dentro del juicio 152/2022 del índice del Tribunal Unitario del Distrito 31, bajo el número 30181033104081939R desde el dos de mayo del año de la presente anualidad, con los certificados de derechos parcelarios números 1103797; 1103798 y 1103799 que ampara la parcela 27 Z-1 P 1/1; 40 Z-1 P 1/1 y 39 Z-1 P 1/1 del núcleo ejidal La Esperanza, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, los cuales se encuentran a disposición de la quejosa desde es data, sin que la misma haya realizado la cita correspondiente para su entrega, de lo que esta autoridad toma conocimiento. En ese orden de ideas, a fin de que la quejosa se encuentre debidamente enterada de la determinación dictada por la responsable, córrase traslado con el oficio y anexos que ahora se reciben, dejando constancia de su recibo en la notificación respectiva. Hecho que sea lo anterior, acuérdese lo que en derecho corresponda. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

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