Velia Lucrecia López Ortíz

Expediente 1165/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1165/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Velia Lucrecia López Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones que anteceden de las que se advierte que mediante circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, de igual forma, de manera retroactiva, se declararon como inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre del año en curso, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistiría su validez; y, por aviso de declaración de días inhábiles pero laborables y esquema de atención para asuntos urgentes, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito en Morelia, Michoacán, se declararon como días inhábiles pero laborables del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por las razones ahí expuestas. Ahora, de autos se advierte que la audiencia Constitucional del presente asunto se encontraba señalada dentro de dichos días declarados inhábiles, razón por la cual no tuvo verificativo; por tanto, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para que las partes, se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Director de Amparos adscrito a la Dirección General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, en representación del Comandante de la Guardia Nacional, de la Directora General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, del Jefe General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional y del Director General de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional, todos con residencia en la Ciudad de México; del cual se acordó lo conducente en auto de cinco de septiembre del año en curso, en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las ONCE HORAS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. Apoya lo anterior la tesis consultable en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuanta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertidas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Director del Hospital Regional Número 1, con sede en Charo, Michoacán y otra autoridad, por los actos consistentes en: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; De las autoridades señaladas como responsables les reclamo lo siguiente: 1.Del Director del Hospital Regional número 1 ubicado en el municipio de Charo, Michoacán, LA NEGATIVA de extenderme incapacidad laboral con motivo de las lesiones consistentes en ROMPIMIENTO DE LIGAMENTO CRUZADO, LIGAMENTO FRONTAL, ROTURA DE MEÑISCOS, DERRAME ARTICULAR, en peligro de PERDER LA PIERNA DERECHA, la cual a la fecha la mantengo en posibilidades de perderla por falta de atención médica y como consecuencia pueda perder mi empleo que a la fecha ejerzo como elemento CUSTODIO en el Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez ubicado en el municipio de charo, Michoacán, ello sin fundamentar ni motivar 2.- Se reclama del señor SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, el pretender cesar de mi empleo que a la fecha ejerzo como elemento CUSTODIO en el Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez ubicado en el municipio de charo, Michoacán, perteneciente a la coordinación de centros penitenciarios del estado de Michoacán". Asimismo de los antecedentes relativos al acto reclamado precisó: "promoví juicio de amparo indirecto contra actos del Instituto mexicano del seguro social, turnándose la demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, en esta ciudad, registrándolo bajo el número *********, el cual a la fecha cuenta con SENTENCIA FIRME en la que se concedió EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL encontrándose en cumplimiento de la misma, sin que a la fecha este recibiendo la atención adecuada ni esta cumplida la ejecutoria referida, es decir el estado procesal del juicio de amparo lo es en vías de cumplimiento." "pero es el caso que con fecha 25 veinticinco de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, me presente en las oficinas del HOSPITAL regional NÚMERO 1, aquí señalado como responsable, a efecto de informar QUE NO CUENTO CON CITA MEDICA próxima, por problemas internos de ellos mismos, la cuestión es que me han negado el servicio médico que por ello no cuento con cita médica," Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esta instancia constitucional reclama de las autoridades señaladas como responsables: La negativa de proporcionarle la atención médica que requiere con motivo de la lesión que presenta, consistente en "ROMPIMIENTO DE LIGAMENTO CRUZADO, LIGAMENTO FRONTAL, ROTURA DE MEÑISCOS, DERRAME ARTICULAR, en peligro de "PERDER LA PIERNA DERECHA". La negativa a extender la incapacidad laboral con motivo de las lesiones precisadas en el inciso a). El pretender cesar a la aquí quejosa del empleo que a la fecha ejerce como elemento custodio en el centro penitenciario Lic. David Franco Rodríguez. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 1165/2023-V. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO CON MOTIVO DE LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. En el caso concreto, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano que solicitó la parte quejosa, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma sólo procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, sin embargo, del contenido íntegro de la demanda de amparo se inadvierte que la parte quejosa reclame como acto destacado alguno de los anteriormente señalados. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte del artículo 22 constitucional, a la que alude el citado artículo 126 de la Ley de Amparo, es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, la existencia de esta regulación diferenciada, obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad, o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo (la privación de la vida, de la libertad, etcétera). Sirve de apoyo a lo anterior, el principio rector de la tesis con número de registro digital 334093 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas mil seiscientos noventa y ocho del tomo cuarenta y nueve de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE." La razón de procedencia de este tipo de suspensión diferenciada (de plano y de oficio), estriba en que los actos a que está referida conllevan una extraordinaria afectación a derechos humanos, lo que se puede advertir con sólo ver las hipótesis normativas que cubren, es decir, se trata de bienes jurídicos que son derechos humanos altamente preciados y que requieren, ante dichas situaciones de riesgo, la protección judicial más accesible que pueda darse y que, precisamente por ello, no se allanan con la exigencia de reglas procesales que en otras hipótesis sin apremios tienen su razón de ser y resulta justificado exigir. Luego, la suspensión de plano y de oficio prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente puede concederse en los casos previstos en dicho numeral, por estar orientada a actos de extraordinaria afectación a derechos humanos, entonces esa medida tendrá que ser concedida -en los casos que así proceda atendiendo directamente a la naturaleza del acto reclamado, y no a lo que manifieste la parte quejosa en relación con su procedencia. Así entonces, este órgano jurisdiccional considera que en el caso, del acto reclamado consistente en la falta de atención médica de la que está siendo objeto la quejosa *********, con motivo de la lesión que presenta, consistente en "ROMPIMIENTO DE LIGAMENTO CRUZADO, LIGAMENTO FRONTAL, ROTURA DE MEÑISCOS, DERRAME ARTICULAR, en peligro de "PERDER LA PIERNA DERECHA" no se advierte la existencia de alguna enfermedad que genere una vulnerabilidad que comprometa su salud o ponga en peligro su vida y que permita considerar que se le está generando una aflicción física que afecte su integridad personal. Máxime que de su escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que en contra de dicho acto reclamado, promovió diversa demanda de amparo, de la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, registrándolo bajo el número ********, del cual, además refiere que se encuentra en trámites de cumplimiento. Por tanto, se estima que no se actualiza el presupuesto para otorgar la suspensión de oficio y de plano. SEPARACIÓN DE AUTOS. Ahora bien, como ya se expuso de la demande de amparo, se advierte que señalan como actos reclamados destacados: La negativa de proporcionarle la atención médica que requiere con motivo de la lesión que presenta, consistente en "ROMPIMIENTO DE LIGAMENTO CRUZADO, LIGAMENTO FRONTAL, ROTURA DE MEÑISCOS, DERRAME ARTICULAR, en peligro de "PERDER LA PIERNA DERECHA". La negativa a extender la incapacidad laboral con motivo de las lesiones precisadas en el inciso a). El pretender cesar a la aquí quejosa del empleo que a la fecha ejerce como elemento custodio en el centro penitenciario Lic. David Franco Rodríguez. De lo que se colige que los aludidos actos reclamados en esta vía constitucional se encuentran desvinculados entre sí; por tanto, este juzgado de oficio decreta la separación de autos que integran este juicio de amparo, sin necesidad de tramitarlos vía incidental, pues se trata de una cuestión jurisdiccional a fin de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la Justicia Constitucional, estatuida en el artículo 17 del Pacto Federal. Lo anterior en aras de una adecuada administración de justicia, ya que se estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, evitando el pronunciamiento de fallos confusos en su comprensión. Sirve de apoyo, a lo anterior en lo conducente la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Por tanto, en el expediente de amparo en que se actúa, se proveerá lo relativo a los actos reclamados consistentes en b) la negativa a extender la incapacidad laboral con motivo de las lesiones precisadas en el inciso a); c) el pretender cesar a la aquí quejosa del empleo que a la fecha ejerce como elemento custodio en el centro penitenciario Lic. David Franco Rodríguez. En consecuencia, por lo que se refiere al diverso acto reclamado consistente en a) la negativa de proporcionarle la atención médica que requiere con motivo de la lesión que presenta, consistente en "ROMPIMIENTO DE LIGAMENTO CRUZADO, LIGAMENTO FRONTAL, ROTURA DE MEÑISCOS, DERRAME ARTICULAR, en peligro de "PERDER LA PIERNA DERECHA" remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, copias certificadas del expediente en que se actúa, lo anterior para que se realice el turno correspondiente entre los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO B). En otro orden de ideas, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en la negativa a extender la incapacidad laboral con motivo de las lesiones precisadas en el inciso a), resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000 del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la siguiente jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos, del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. En ese sentido apoya al anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Ahora bien, como se adelantó, en el caso, el acto que la parte quejosa reclama al Director del Hospital Regional, con sede en Charo, Michoacán, la negativa a extender la incapacidad laboral con motivo de las lesiones consistentes en el "ROMPIMIENTO DE LIGAMENTO CRUZADO, LIGAMENTO FRONTAL, ROTURA DE MEÑISCOS, DERRAME ARTICULAR, en peligro de "PERDER LA PIERNA DERECHA" no constituye actos de autoridad. Lo anterior, ya que el acto que se le atribuye a la responsable deviene de su función médica como ente encargado de brindar servicios de salud a todas aquellas personas que se encuentran afiliadas, así como a proveer lo necesario a fin de que el órgano asegurador -Instituto Mexicano del Seguro Social- emita incapacidades o licencias médicas dependiendo de los padecimientos que sufran los pacientes, y no como una autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que el acto que reclama por parte del personal del Hospital Regional, número 1, con sede en Charo, Michoacán, se encuentra encaminado a brindar servicios de salud y proveer lo necesario para la emisión de las citadas incapacidades o licencias médicas, por parte del ente asegurador, pues aduce ser derecho habiente y que cuenta con el número de seguridad social **********, debido a que es empleada de la Coordinación de Centro Penitenciarios, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, adscrita al centro penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez". En efecto, el Director del Hospital Regional, con sede en Charo, Michoacán, a través de sus unidades médicas, tiene a su cargo el deber de brindar servicios de salud a todas aquellas personas que se encuentran afiliadas, así como a proveer lo necesario para la emisión de las incapacidades o licencias médicas, por parte del ente asegurador, que es contratado por los organismos gubernamentales y desconcentrados de la administración pública, para tales efectos, como ocurre con dicho instituto, quien también puede obrar desde la dualidad de Patrón y como ente asegurador. Lo último tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.134/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo sirve de apoyo por las razones que en ella se contienen la jurisprudencia 2a./J. 211/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación diciembre de dos mil nueve, Tomo XXX, Novena Época, Materia (s) Administrativa, visible en la página trescientos tres, de texto y rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. Así pues, cualquier acción u omisión reclamado al Director del Hospital Regional, con sede en Charo, Michoacán, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de asegurador, no constituye un acto de autoridad, sino hechos derivados de la relación de seguridad social que existe entre la parte impetrante como afiliado de ese instituto, como ente asegurador, y como tal las controversias que entre éstos susciten, deben ser dirimidas ante la autoridad ordinaria correspondiente. Robustece lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada V.2o.46 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo texto es el siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO NO ACTÚA COMO PERSONA REVESTIDA DE IMPERIO FRENTE AL PARTICULAR." No se inobserva, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", toda vez que en el caso, la negativa a otorgarle el carácter de autoridad al Instituto Mexicano del Seguro Social, se sustentó en criterios del Máximo Tribunal antes invocado, es decir, se aplicó lo analizado así por la Superioridad. Resulta aplicable al caso y apoya el desechamiento de la demanda, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que señala: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CUANDO YA SE ENCUENTRA DEFINIDO EXPRESAMENTE POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE NO TIENE TAL CARÁCTER PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN ALGÚN ACTO DETERMINADO, SÍ ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE ESTE ASPECTO EN LA CITADA ACTUACIÓN, SIN QUE SEA DABLE LA APLICACIÓN DE LA ANALOGÍA EN ESE MOMENTO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO c). Por otro lado, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el pretender cesar a la aquí quejosa del empleo que a la fecha ejerce como elemento custodio en el centro penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". En ese contexto, de la lectura íntegra de la demanda se colige que la parte quejosa indica, en síntesis, que reclama el posible cese de su empleo, por el Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, pues en el capítulo de los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifestó: "tengo el temor fundado que sea dada de baja de mi empleo, pues no puedo moverme" así como "me den de alta si es que estuviera sana y como consecuencia NO VAYA SER SEPARADA DE MI CARGO O EMPLEO". Esto es, indicó bajo protesta de decir verdad que, ante la falta de incapacidad para justificar su ausencia en el empleo, tiene el temor fundado de que sea dada de baja, puesto que no se puede mover y está totalmente sin el uso de una pierna, lo que provoca no presentarse a su trabajo. Sin embargo, atento a la fecha de presentación de la demanda, verbigracia, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, inexiste afectación en sus intereses por la autoridad responsable, el cual debe ser probado de manera indiciaria en su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se verifique un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga la promovente de amparo el deber de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y no por inducciones o temor de que éstos acontezcan. Lo anterior es así, pues, de conformidad con lo expuesto por la parte quejosa, a la fecha de presentación no ha acontecido ninguna de esas hipótesis -cese del empleo- sino que únicamente tiene el temor "fundado" de que se materialice. En tales condiciones, es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo Constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, la promovente pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia. Con base en lo anterior, es que se justifica la determinación que se adopta ya que la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción Constitucional, sino durante la tramitación del juicio. Sustenta lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Por lo cual, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene a la parte promovente señalando como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, para lo cual proporciona el nombre de usuario ****************** en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 71/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2020082, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el citado nombre de usuario, el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumplen con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Dígasele al ocursante, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se tiene a la ocursante autorizando para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó el dato inherente a las cédulas profesionales números ********************y********************, que acredita a las citadas autorizadas como licenciadas en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De igual forma, por lo que respecta al correo electrónico quevedolic@hotmail.com y el número telefónico 4433251840, se tendrán únicamente como un medio de contacto, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desean, soliciten el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pase al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación). Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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