Verónica Aguilar Negrete

Expediente 131/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
131/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Verónica Aguilar Negrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por ------------, apoderada de la parte quejosa; mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), -------------- por medio del cual se desiste de la demanda de amparo que promovió dando origen al presente juicio de amparo, así como de la ampliación de la misma, en contra del Delegado Federal y/o Titular de la Delegación Federal y/o Encargado de Despacho del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, quien cuenta con facultades para ello, según el poder que se adjuntó al escrito de demanda. Sin que resulte necesario su ratificación, dado que existe certeza de que el contenido del citado documento electrónico es atribuible únicamente a la apoderada de la parte quejosa, virtud a que se firmó de manera electrónica, con lo cual, se permite identificar de manera fiable y segura quién es el autor o emisor del mismo, de conformidad con el artículo 2°, fracción XV y XVI y 3°, fracción V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, por lo que, con fundamento en lo anterior, de ahí que resulta innecesario ordenar ratificar el ocurso de cuenta. Ahora bien, bajo esa asociación de ideas, y atento que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento del presente asunto, expresado por la promovente, actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del ordinal 63 de la Ley de Amparo en vigor, por tanto, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. Háganse las anotaciones que corresponden en el Libro de Gobierno, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales consiguientes y en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Sirve de apoyo al anterior criterio la Tesis Jurisprudencial número 2a./J.33/2000, visible en la Página 147, Segundo Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. ---." Igualmente la diversa tesis publicada en la página 240, del Tomo XI correspondiente al mes de abril de 1993, octava época, del Semanario Judicial de la federación que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. ---. También se cita la diversa tesis aislada XIX.1o.1 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 1758, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES INNECESARIA SU RATIFICACIÓN CUANDO QUEDA ACREDITADO ANTE EL SECRETARIO DE LA JUNTA RESPONSABLE LA VOLUNTAD DEL QUEJOSO EN ESE SENTIDO, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS CON APOYO EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA. ---". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente; respecto a la devolución de los documentos que solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2° de este último ordenamiento legal, hágase la devolución de los documentos que solicita, autorizando a la persona que indica para que los reciba, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. En la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los documentos que solicita, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el promovente o las personas autorizadas para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que, a la fecha, a la autoridad responsable Registradora Integral del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, soslayó rendir el informe justificado que le fue solicitado, no obstante estar debidamente notificada, como obra de la constancia correspondiente de autos. Asimismo, del estado de autos, se desprende que en proveídos de veintiocho de abril, veinticinco de mayo, veintidós de junio y veinte de julio, todos de la anualidad que transcurre, le fueron solicitadas a la autoridad responsable Delegado Federal del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta capital, las constancias en las que se basó para emitir el acto reclamado derivado de la ampliación de demanda, sin que a la fecha las haya remitido. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, por última ocasión, previo a hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, requiérase a ambas autoridades responsables para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remitan las constancias en la que se basaron para emitir el acto reclamado, o bien, manifiesten el impedimento legal o material que tengan para ello; bajo apercibimiento que, de incumplir, se harán acreedores una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan para su desahogo las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Registradora Integral del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de veintidós de junio del presente año, a efecto de que esté en condiciones de rendir el informe justificado que le fue solicitado. Asimismo, del estado de autos, se desprende que en proveídos de veintiocho de abril, veinticinco de mayo y veintidós de junio, todos de la anualidad que transcurre, le fueron solicitadas a la autoridad responsable Delegado Federal del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta capital, las constancias en las que se basó para emitir el acto reclamado derivado de la ampliación de demanda, sin que a la fecha las haya remitido. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, previo a hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, esto es, imponer a la citada responsable una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor; de nueva cuenta requiérasele, para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias en la que se basó para emitir el acto reclamado derivado de la ampliación de demanda, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan para su desahogo las CATORCE HORAS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, le fueron solicitadas a la autoridad responsable Delegado Federal del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, las constancias, en las que se basó para emitir el acto reclamado derivado de la ampliación de demanda, sin que a la fecha las haya remitido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Delegado Federal del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad; previo a hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveídos de veintiocho de abril y veinticinco de mayo, ambos de dos mil veintiuno, esto es, imponerle una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor; para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias en la que se basó para emitir el acto reclamado derivado de la ampliación de demanda, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello; en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de abril y veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. -." Por otra parte, y toda vez que de constancias se advierte que la autoridad responsable Registradora Integral del Registro Agrario Nacional en Michoacán, no ha sido notificada del proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se amplió la demanda respecto de la citada autoridad y acto reclamado, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena su notificación a efecto de que se integre a la litis; por tanto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la materia, se le requiere para que en el plazo y bajo los apercibimientos señalados en el proveído de quince de diciembre pasado, rinda su informe justificado; atento a ello, gírese el oficio correspondiente a la autoridad de referencia, al que se adjunte copia de la demanda de amparo, escrito de ampliación y el auto que admitió la misma. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan para su desahogo las QUINCE HORAS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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