Vanessa Araujo Palomares

Expediente 150/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
150/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Vanessa Araujo Palomares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el pedimento número 116/2022, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula alegatos, atento a su contenido, agréguese sin mayor acuerdo, en virtud de que, en auto de dieciocho de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, en específico, las constancias remitidas mediante oficio 161/2022, por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de las cuales se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, emitió el acuerdo relativo al señalamiento de nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, respecto del juicio ordinario laboral 2C-2830/2019, de su índice. Atento a lo anterior, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, de los presentes autos se advierte que mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "[.] de la ordenadora a).- La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y en forma inminente el señalamiento de una fecha remota; b).- La omisión de turnar el expediente al actuario para que realice el emplazamiento a las partes; y c).- La omisión de vigilar que se realice el emplazamiento de la parte demandada a fin de que pueda desahogarse la audiencia inicial; y de la ejecutora c).- La omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada, actos derivados del expediente ordinario número 2C-2830/2019. [.]" Sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda, se colige que, atento al estado procesal del juicio laboral de origen, la omisión de señalar fecha para la audiencia inicial deriva de que el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se radicó la demanda y se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a saber, el trece de mayo de dos mil veinte, sin embargo, con motivo de la suspensión de labores por el virus covid-19, la audiencia de mérito no se verificó y, a la fecha, la autoridad responsable ha omitido señalar nueva fecha para su celebración. Ahora bien, se itera, de las constancias remitidas mediante oficio 161/2022, por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a saber, del auto de ocho de marzo de dos mil veintidós juicio ordinario laboral 2C-2830/2019, de su índice, se advierte que la citada autoridad responsable, emitió el acuerdo respectivo al señalamiento de una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a saber, el cuatro de abril de dos mil veintidós, y ordenó la notificación de dicho acuerdo a la parte actora y demandada, en el domicilio en que fue emplazada; copia certificada que adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, virtud a que la omisión reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se estima de esa manera, pues, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de señalar una nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el controvertido laboral de origen, la Junta responsable, por proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, emitió el acuerdo respectivo. Por tanto, al surgir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de turnar el expediente al Actuario adscrito para que realice el emplazamiento, vigilar que se verifique el emplazamiento de la parte demandada y, en forma inminente, el señalamiento de una fecha remota para la audiencia inicial en el juicio laboral de origen y, el atribuido al Actuario de la Junta responsable, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada, virtud a que dichos actos se hacen depender de la omisión de señalar nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia inicial, como una consecuencia lógica de la omisión de su señalamiento; sin embargo, virtud a que, a la fecha de presentación, contra lo aseverado por la parte quejosa, se proveyó al respecto, por lo cual, no es dable su análisis de forma independiente. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese los oficios número ASEANAJ/DGCT/2C.10/756-2022, remitido vía interconexión por la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con residencia en la Ciudad de México, mediante la implementación de la Firma Electrónica Certificada (FIREL), como lo solicita, mediante oficios remítasele copia del testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en ocho de julio de dos mil veintiuno, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, residente en esta capital, dentro de la revisión número 110/2020, para los efectos legales y procesales a que haya lugar. Notifíquese.

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