Vanessa Judith Mercado Bolaño y Otros.
Expediente 1292/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1292/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- Vanessa Judith Mercado Bolaño y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de doce de septiembre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que las autoridades responsables adujeron haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El dieciséis de junio dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de cinco de julio siguiente, se declaró que la misma causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades obligadas que dieran cumplimiento al fallo constitucional. Las responsables Pleno e integrantes de la Comisión de Vigilancia ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por oficios registrados con folios 13941, 13945, 14187 y 14777, remitieron las constancias con las que adujeron acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el uno y doce de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; la cual fue desahogada por el quejoso por escrito recibido en proveído de ocho y veintitrés de septiembre actual. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "(.) Dentro del plazo improrrogable de veinte días hábiles, lleven a cabo todas las diligencias necesarias a fin de que la Comisión de Vigilancia formule el dictamen que habrá de presentarse al Consejo de la Judicatura en la siguiente sesión. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, se emita la resolución que en derecho proceda y ordene su cumplimiento." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitieron las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Ahora, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en observancia al efecto indicado en el inciso a) de la sentencia constitucional, la responsable 2. Consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, remitió a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el dictamen previamente autorizado por la comisión de vigilancia relativo al procedimiento administrativo ***, acumulado al ***, iniciado contra el quejoso, a efecto de ser presentado para su análisis al Pleno de del referido consejo. En proveído de esa fecha, el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, comunicó la recepción del dictamen referido y ordenó turnar al Pleno del órgano colegiado en mención, para que en la siguiente sesión ordinaria se emitiera la resolución que en derecho proceda. Así, en observancia al inciso b) de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, el veintinueve de agosto actual, la responsable 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con libertad de jurisdicción emitió por unanimidad de votos resolución definitiva en el procedimiento administrativo ***, acumulado al ***, iniciado -en lo que interesa- contra el quejoso. En ese sentido cabe precisar, que en el sumario obra copia certificada del oficio ***, de veinticuatro de agosto actual, del que se observa que ante la imposibilidad de llevar a cabo la sesión de pleno ordinaria programada para el veinticinco de agosto actual, esta se reprogramó para su celebración el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, motivo por el cual la resolución en comento se pronunció en sesión ordinaria de Pleno. Lo anterior, pone de manifiesto que el actuar de la responsable se ajustó a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, pues conforme a los efectos del fallo constitucional llevó a cabo todas las diligencias necesarias y formuló el dictamen que presentó al Consejo de la Judicatura, y posteriormente con libertad de jurisdicción emitió la resolución y ordenó su cumplimiento; actuación con la que se agotó el cumplimiento del fallo protector. En esa tesitura, las actuaciones reseñadas evidencian que se restituyó al peticionario de amparo en el goce de su derecho a la impartición de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concluyó vulnerado en la sentencia de amparo. CUARTO. Manifestaciones: En proveídos de ocho y veintitrés de septiembre del presente año, se recibieron escritos signados por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en los que medularmente manifiesta lo siguiente: 1. La resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, causa inseguridad jurídica y va contra los efectos intrínsecos de la ejecutoria de amparo, por cuanto fue dictada por tres de cinco de sus integrantes, sin razonar o establecer el motivo del porqué de la ausencia de los dos consejeros restantes; aun cuando obren dispositivos de menor jerárquica legal que indiquen que bastará la presencia del Presidente y de dos consejeros, cuando para la convocatoria se requiere la petición del presidente o al menos 3 consejeros integrantes. 2. El legislador previo que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tuviera una integración democrática, pues cuando hubiere un empate el presidente tendrá el voto de calidad, pero como ocurrió en el presente caso, los integrantes de la Comisión de Vigilancia son dos, aun y cuando ellos estuvieren sosteniendo un sentido, de nada serviría que el presidente se opusiera, pues saldría la resolución por mayoría. 3. Precisa que el Código de Organización del Poder Judicial del Estado aplicable al presente asunto, es el expedido mediante decreto 190, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 151, Segunda Sección, Tomo II de fecha 18 marzo de 2009, normatividad vigente hasta el diecinueve de agosto de dos mil veinte. 4. Objeta la copia certificada del oficio *** de veinticuatro de agosto actual, al considerarla un documento confeccionado para cumplir con los efectos concesorios de amparo (elaborado posteriormente), además no cumple con lo dispuesto por el numeral 167 del Código de Organización aplicable. 5. Objeta la certificación emitida por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, toda vez que no obra en su totalidad y con las firmas de los consejeros que supuestamente firmaron dicho documento. 6. Que en autos no obra el dictamen emitido por la Comisión de Vigilancia por conducto de sus dos integrantes. 7. En relación a la remoción o destitución de funcionarios, la resolución respectiva debe ser aprobada por mayoría de cinco votos, situación que garantiza un suficiente consenso en cuanto a la determinación de responsabilidad grave de esos funcionarios, por lo que es necesario que estén presente los cinco consejeros para obtener una resolución aprobada por un consenso suficiente. Ahora, respecto a las manifestaciones que hace en los puntos 1, 2, 3, 5 y 7, dígase a la parte quejosa, que dichos argumentos van encaminados a combatir violaciones que a su juicio se actualizaron, así como la legalidad de la nueva resolución, los cuales son ajenos a la litis constitucional. Máxime, que la legalidad de las actuaciones relativas al trámite del procedimiento administrativo, no forman parte de las actuaciones que han de analizarse para determinar la observancia del fallo constitucional, en términos del numeral 196 de la ley de la materia, tomando en consideración que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección constitucional, son: "Dentro del plazo improrrogable de veinte días hábiles, lleven a cabo todas las diligencias necesarias a fin de que la Comisión de Vigilancia formule el dictamen que habrá de presentarse al Consejo de la Judicatura en la siguiente sesión. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, se emita la resolución que en derecho proceda y ordene su cumplimiento". Por ende, en caso que la parte quejosa estime que existe alguna violación relacionada con el trámite del procedimiento administrativo; así como vicios de legalidad en la resolución, tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma que considere conducente. En ese contexto, de acuerdo a lo señalado con antelación se observa que el actuar de las autoridades responsables se ajustó a lo ordenado en el fallo protector, y restituyó al quejoso en el goce de su derecho a la impartición de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se estimó vulnerado en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Ahora, en relación a lo manifestado en el punto 4, dígase a la parte quejosa, que en lo concerniente a la objeción del oficio *** de veinticuatro de agosto actual, al considerar que el documento fue confeccionado para cumplir con los efectos concesorios de amparo (elaborado posteriormente), cabe precisar que de las constancias que integran el expediente, no existen datos que presuman que dicha circunstancia haya acontecido, pues contrario a lo afirmado por el promovente de dicha documental se observa que su emisión fue motivada por la reprogramación de la sesión ordinaria programada para el veinticinco de agosto del presente año, y no en cumplimiento al fallo constitucional; además que el hecho que la misma fuera exhibida con posterioridad a las manifestaciones que expresó en escrito de uno de septiembre actual, no trae como consecuencia inmediata que esta se haya elaborado en la forma que refiere. Por otra parte, respecto lo que refiere el citado quejoso en el punto 6, respecto a que en los autos no obra el dictamen emitido por la Comisión de Vigilancia por conducto de sus dos integrantes, dicha circunstancia no es suficiente para considerar un defecto en el cumplimiento del fallo protector, tomando en consideración que los efectos de la concesión se circunscribe a que la responsable 2. Consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, llevaran a cabo todas las diligencias necesarias a fin de que se formulara el dictamen que habrá de presentarse al Consejo de la Judicatura, lo que en el caso, se acredita con el comunicado CVCJ/524/22022 de veintiséis de agosto actual, en la que el Magistrado Coordinador de visitadores del Consejo en mención, remitió a la Secretaria Ejecutiva el dictamen relativo al procedimiento de origen, a fin de que fuera aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura responsable, en la sesión correspondiente. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: Las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al haberse por una parte negado y por otra concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. La depuración ordenada en los puntos que anteceden, deberá realizarse dentro de los siguientes noventa días, de haberse cumplido tres años de dictado el presente proveído. 4. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Transferir el expediente principal y el original del cuaderno incidental, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. 6. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 18, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le permita, en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
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