Valeria Guadalupe Cruz Hernández y Otros.
Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2022
Partes del expediente
- Valeria Guadalupe Cruz Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *** y ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 89/2022-1-A. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En ese sentido, la parte quejosa en el presente juicio, reclama esencialmente el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de nulidad promovido ante la responsable, en la parte relativa a la negativa de solicitar al ***, para que no se realice movimiento alguno en la cuenta bancaria ***, y no se realice la entrega del saldo a los supuestos beneficiarios ***, en tanto se resuelva en definitiva el juicio ordinario civil promovido ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. Atento a lo anterior, a juicio de quien esto determina es de advertirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. VI. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VII. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por el espíritu que informa, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de nulidad promovido por la parte quejosa ante la responsable, en la parte relativa a la negativa de solicitar al ***, para que no se realice movimiento alguno en la cuenta bancaria ***, y no se realice la entrega del saldo a los supuestos beneficiarios ***, en tanto se resuelva en definitiva el juicio ordinario civil promovido ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. Ahora bien, del contenido de la demanda se advierte que la vía a través de la cual se ha llevado a cabo el trámite del asunto que dio origen al acto reclamado es la ordinaria civil. Consecuentemente, el procedimiento se rige por las reglas para la tramitación de los juicios ordinarios civiles, extensivo a la procedencia, efectos y tramitación de los medios de impugnación. Conforme a lo expuesto, en contra del auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación, con fundamento en lo previsto en los artículos 663, 666 y 671, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que a la letra señalan: "ART. 663.- EL RECURSO DE APELACION TIENE POR OBJETO QUE EL SUPERIOR CONFIRME, REVOQUE O MODIFIQUE LA RESOLUCION DEL INFERIOR. ART. 666.- LA APELACION DEBE INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL JUEZ QUE PRONUNCIO LA RESOLUCION EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES, SALVO CUANDO SE TRATE DE APELACIONES EXTRAORDINARIAS. LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SERAN APELABLES CUANDO LO FUERE LA SENTENCIA DEFINITIVA ART. 671.- DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS QUE DERIVEN UNA EJECUCION QUE PUEDA CAUSAR DAÑO IRREPARABLE O DE DIFICIL REPARACION Y LA APELACION PROCEDA EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, SE ADMITIRA EN AMBOS EFECTOS SI EL APELANTE LO SOLICITA AL INTERPONER EL RECURSO, EN EL QUE DEBERA SEÑALAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA EL DAÑO IRREPARABLE O DE DIFICIL REPARACION. EN ESTE CASO, EL JUEZ DEBERA RESOLVER SI ADMITE LA APELACION EN AMBOS EFECTOS, DEBIENDO FIJAR EL MONTO DE LA GARANTIA QUE EXHIBIRA EL APELANTE, EN UN TERMINO DE SEIS DIAS A FIN DE QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSION. DICHA GARANTIA ATENDERA A LA CUANTIA DEL ASUNTO Y NO PODRA SER INFERIOR AL EQUIVALENTE DE SESENTA DIAS DEL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO. DE NO EXHIBIRSE LA GARANTIA EN EL PLAZO SEÑALADO, LA APELACION SOLO SE ADMITIRA EN EFECTO DEVOLUTIVO. EN CASO DE QUE LA GARANTIA SEÑALADA SEA EXCESIVA O QUE SE NIEGUE LA ADMISION DEL RECURSO EN AMBOS EFECTOS, SE PUEDE OCURRIR EN QUEJA, MISMAS QUE DEBERA PRESENTARSE ANTE EL MISMO JUEZ, EN UN TERMINO QUE TRES DIAS, DEBIENDO ACOMPAÑAR GARANTIA POR EL EQUIVALENTE DE SESENTA DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO, PARA EFECTOS DE SUSPENDER LA EJECUCION. DE NO EXHIBIRSE ESTA GARANTIA, AUNQUE LA QUEJA SE DEBA ADMITIR, NO SE SUSPENDERA LA EJECUCION. EL JUEZ EN CUALQUIER CASO REMITIRA AL SUPERIOR LA QUEJA PLANTEADA JUNTO CON SU INFORME JUSTIFICADO, DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS, PARA QUE SEA RESUELTA POR EL SUPERIOR JERARQUICO EN UN TERMINO DE CINCO DIAS. DECLARADA FUNDADA LA QUEJA, EL SUPERIOR ORDENARA QUE LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS Y SEÑALARA LA GARANTIA QUE EXHIBIRA EL RECURRENTE ANTE EL INFERIOR DENTRO DEL TERMINO DE SEIS DIAS. SI SE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA. LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVAN LAS QUEJAS NO ADMITEN MAS RECURSO QUE EL DE RESPONSABILIDAD. TAMBIEN LA PARTE CONTRARIA PODRA OCURRIR EN QUEJA, SIN NECESIDAD DE EXHIBIR GARANTIA ALGUNA, CUANDO LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS Y CONSIDERE INSUFICIENTE LA FIJADA POR EL JUEZ AL APELANTE. LAS QUEJAS INTERPUESTAS, SE DEBEN REMITIR POR EL JUEZ JUNTO CON SU INFORME JUSTIFICADO AL SUPERIOR EN EL TERMINO DE TRES DIAS, Y ESTE RESOLVERA EN EL PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS. SI EL TRIBUNAL CONFIRMASE LA RESOLUCION APELADA, CONDENARA AL RECURRENTE AL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES, FIJANDO EL IMPORTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HAYAN CAUSADO, ADEMAS EL PAGO DE COSTAS". De los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. Luego, el acuerdo reclamado en esta vía es impugnable a través del recurso de apelación establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por la parte quejosa previo al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, los solicitantes de amparo tenían la obligación de agotar el recurso de apelación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, ya que, a través de dicho recurso es posible revocarla, modificarla o confirmarla, lo que en la especie no aconteció. Sin que en el caso, los quejosos se encuentren en alguna de las causas de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia de referencia, pues el asunto versa sobre aspectos de naturaleza civil, en el que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Además, los solicitantes de amparo no tienen el carácter de terceros extraños, en virtud que de manifiesta bajo protesta de decir verdad que es la parte actora en el juicio de origen, por ende estaban facultados para intentar el recurso de apelación. Consecuentemente, no procede estimar que los recurrentes se encontraban en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de garantías, a partir de que tuvieron conocimiento del acto reclamado. En ese orden de ideas, como se evidenció, la procedencia del recurso de apelación previsto en el artículo 663 del Código de Comercio, no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a ***, sin perjuicio de que señalen uno con posterioridad. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ***, ya que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *** y ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 89/2022-1-A. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En ese sentido, la parte quejosa en el presente juicio, reclama esencialmente el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de nulidad promovido ante la responsable, en la parte relativa a la negativa de solicitar al ***, para que no se realice movimiento alguno en la cuenta bancaria ***, y no se realice la entrega del saldo a los supuestos beneficiarios ***, en tanto se resuelva en definitiva el juicio ordinario civil promovido ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. Atento a lo anterior, a juicio de quien esto determina es de advertirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. VI. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VII. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por el espíritu que informa, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de nulidad promovido por la parte quejosa ante la responsable, en la parte relativa a la negativa de solicitar al ***, para que no se realice movimiento alguno en la cuenta bancaria ***, y no se realice la entrega del saldo a los supuestos beneficiarios ***, en tanto se resuelva en definitiva el juicio ordinario civil promovido ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. Ahora bien, del contenido de la demanda se advierte que la vía a través de la cual se ha llevado a cabo el trámite del asunto que dio origen al acto reclamado es la ordinaria civil. Consecuentemente, el procedimiento se rige por las reglas para la tramitación de los juicios ordinarios civiles, extensivo a la procedencia, efectos y tramitación de los medios de impugnación. Conforme a lo expuesto, en contra del auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación, con fundamento en lo previsto en los artículos 663, 666 y 671, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que a la letra señalan: "ART. 663.- EL RECURSO DE APELACION TIENE POR OBJETO QUE EL SUPERIOR CONFIRME, REVOQUE O MODIFIQUE LA RESOLUCION DEL INFERIOR. ART. 666.- LA APELACION DEBE INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL JUEZ QUE PRONUNCIO LA RESOLUCION EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES, SALVO CUANDO SE TRATE DE APELACIONES EXTRAORDINARIAS. LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SERAN APELABLES CUANDO LO FUERE LA SENTENCIA DEFINITIVA ART. 671.- DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS QUE DERIVEN UNA EJECUCION QUE PUEDA CAUSAR DAÑO IRREPARABLE O DE DIFICIL REPARACION Y LA APELACION PROCEDA EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, SE ADMITIRA EN AMBOS EFECTOS SI EL APELANTE LO SOLICITA AL INTERPONER EL RECURSO, EN EL QUE DEBERA SEÑALAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA EL DAÑO IRREPARABLE O DE DIFICIL REPARACION. EN ESTE CASO, EL JUEZ DEBERA RESOLVER SI ADMITE LA APELACION EN AMBOS EFECTOS, DEBIENDO FIJAR EL MONTO DE LA GARANTIA QUE EXHIBIRA EL APELANTE, EN UN TERMINO DE SEIS DIAS A FIN DE QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSION. DICHA GARANTIA ATENDERA A LA CUANTIA DEL ASUNTO Y NO PODRA SER INFERIOR AL EQUIVALENTE DE SESENTA DIAS DEL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO. DE NO EXHIBIRSE LA GARANTIA EN EL PLAZO SEÑALADO, LA APELACION SOLO SE ADMITIRA EN EFECTO DEVOLUTIVO. EN CASO DE QUE LA GARANTIA SEÑALADA SEA EXCESIVA O QUE SE NIEGUE LA ADMISION DEL RECURSO EN AMBOS EFECTOS, SE PUEDE OCURRIR EN QUEJA, MISMAS QUE DEBERA PRESENTARSE ANTE EL MISMO JUEZ, EN UN TERMINO QUE TRES DIAS, DEBIENDO ACOMPAÑAR GARANTIA POR EL EQUIVALENTE DE SESENTA DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO, PARA EFECTOS DE SUSPENDER LA EJECUCION. DE NO EXHIBIRSE ESTA GARANTIA, AUNQUE LA QUEJA SE DEBA ADMITIR, NO SE SUSPENDERA LA EJECUCION. EL JUEZ EN CUALQUIER CASO REMITIRA AL SUPERIOR LA QUEJA PLANTEADA JUNTO CON SU INFORME JUSTIFICADO, DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS, PARA QUE SEA RESUELTA POR EL SUPERIOR JERARQUICO EN UN TERMINO DE CINCO DIAS. DECLARADA FUNDADA LA QUEJA, EL SUPERIOR ORDENARA QUE LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS Y SEÑALARA LA GARANTIA QUE EXHIBIRA EL RECURRENTE ANTE EL INFERIOR DENTRO DEL TERMINO DE SEIS DIAS. SI SE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA. LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVAN LAS QUEJAS NO ADMITEN MAS RECURSO QUE EL DE RESPONSABILIDAD. TAMBIEN LA PARTE CONTRARIA PODRA OCURRIR EN QUEJA, SIN NECESIDAD DE EXHIBIR GARANTIA ALGUNA, CUANDO LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS Y CONSIDERE INSUFICIENTE LA FIJADA POR EL JUEZ AL APELANTE. LAS QUEJAS INTERPUESTAS, SE DEBEN REMITIR POR EL JUEZ JUNTO CON SU INFORME JUSTIFICADO AL SUPERIOR EN EL TERMINO DE TRES DIAS, Y ESTE RESOLVERA EN EL PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS. SI EL TRIBUNAL CONFIRMASE LA RESOLUCION APELADA, CONDENARA AL RECURRENTE AL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES, FIJANDO EL IMPORTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HAYAN CAUSADO, ADEMAS EL PAGO DE COSTAS". De los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. Luego, el acuerdo reclamado en esta vía es impugnable a través del recurso de apelación establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por la parte quejosa previo al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, los solicitantes de amparo tenían la obligación de agotar el recurso de apelación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, ya que, a través de dicho recurso es posible revocarla, modificarla o confirmarla, lo que en la especie no aconteció. Sin que en el caso, los quejosos se encuentren en alguna de las causas de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia de referencia, pues el asunto versa sobre aspectos de naturaleza civil, en el que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Además, los solicitantes de amparo no tienen el carácter de terceros extraños, en virtud que de manifiesta bajo protesta de decir verdad que es la parte actora en el juicio de origen, por ende estaban facultados para intentar el recurso de apelación. Consecuentemente, no procede estimar que los recurrentes se encontraban en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de garantías, a partir de que tuvieron conocimiento del acto reclamado. En ese orden de ideas, como se evidenció, la procedencia del recurso de apelación previsto en el artículo 663 del Código de Comercio, no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a ***, sin perjuicio de que señalen uno con posterioridad. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ***, ya que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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