Vanesa del Carmen Alamilla Romero

Expediente 504/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
504/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • Vanesa del Carmen Alamilla Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 133/2017, con número de orden 170/2017, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar el proveído de diecinueve de abril del año en curso (fojas 20 a 24), a la quejosa ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales. Ahora bien, visto el contenido del despacho que antecede, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de diecinueve de abril del año en curso (fojas 20 a 24), por las consideraciones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, el proveído de mérito y las subsecuentes actuaciones, hasta en tanto señale domicilio actual y correcto para tales efectos. Asimismo, con el fundamento indicado en el proemio de este acuerdo, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta lo efectos legales precedentes, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veinticinco de mayo del año en curso, del que se advierte que aceptó la competencia declinada y se avocó el conocimiento del presente asunto, determinando admitirlo. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo Notifíquese y a la parte quejosa por estrados el proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de abril de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 504/2017-1-A. INCOMPETENCIA Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables:1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas. 2. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas.En el presente asunto, se desprende que la parte quejosa impugna, la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en la que confirma la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, el once de noviembre de dos mil quince, en el expediente civil 01/2015.En ese sentido, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; de los citados numerales se colige que la resolución combatida en la presente instancia constitucional solamente es impugnable mediante el juicio de amparo directo, pues mediante esa vía procede impugnar la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, ya sea que la violación se cometa en ella, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Al efecto, el propio artículo 170 de la ley de la materia precisa que por sentencia definitiva debe entenderse el que decide el juicio en lo principal y respecto del cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario que pueda modificarlo o revocarlo. Luego, al consistir el acto reclamado en la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, deviene inconcuso que el estudio de su constitucionalidad debe ser realizado en la vía directa, habida cuenta que dicha resolución de fondo, conforme a la ley que rige la controversia de origen, no admite recurso alguno en contra. Por consiguiente, su estudio corresponde efectuarlo al órgano de control constitucional competente para conocer del juicio de amparo directo, máxime que esa vía es la idónea para impugnar la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, ya sea por vicios propios, o bien, por violaciones al procedimiento. Ahora, en torno al trámite que debe seguirse cuando una demanda de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es presentada ante un Juez de Distrito, el artículo 47 de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Así, en acatamiento a lo dispuesto por la ley de la materia, remítase los autos que integran el presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil, del Vigésimo Circuito, en turno, para que tenga a bien determinar lo procedente; fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 829 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el Magistrado Instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será el Tribunal Colegiado en Pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." DOMICILIO Y AUTORIZADO Con fundamento en el artículo 12 primer párrafo de la ley de la materia, se tiene por autorizado en términos amplios de la parte quejosa a Santiago Quevedo Escobar, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, no ha lugar a acordar favorable el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, en razón de que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. Sin embargo, dada la trascendencia del presente auto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione quien corresponda a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en: Calle Colón, Esquina con Calle Independencia, del Municipio de Pichucalco, Chiapas, a efecto de notificar personalmente a Vanesa del Carmen Alamilla Romero, el presente proveído; además, deberá requerirle para que en el término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal en cita, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal se le practicarán por medio de lista de acuerdos; con fundamento en los artículos 27, fracción II, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida de que en caso de no hacerlo, le será impuesta una multa en términos del artículo 59, fracción I, del invocado Código. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada, el funcionario que corresponda podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del multicitado Código Federal. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten.} Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente por despacho a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Jorge Gil de la Cruz, quien se ostenta como tercero interesado en el expediente en que se actúa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones. Por tanto, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que no se le reconoció su calidad de parte en términos del artículo 5 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que en auto de diecinueve de abril del presente año (fojas 20 a 24), este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Por otra parte, con el fundamento indicado en el proemio de este acuerdo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio proveniente del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, mediante el cual informa que devolvió sin diligenciar el despacho 133/2017, con número de orden 170/2017, del índice de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, sin realizarse mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que mediante auto de veintitrés de los corrientes (foja 39), se acordó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de abril de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 504/2017-1-A. INCOMPETENCIA Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas. 2. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas. En el presente asunto, se desprende que la parte quejosa impugna, la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en la que confirma la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, el once de noviembre de dos mil quince, en el expediente civil 01/2015. En ese sentido, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; de los citados numerales se colige que la resolución combatida en la presente instancia constitucional solamente es impugnable mediante el juicio de amparo directo, pues mediante esa vía procede impugnar la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, ya sea que la violación se cometa en ella, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Al efecto, el propio artículo 170 de la ley de la materia precisa que por sentencia definitiva debe entenderse el que decide el juicio en lo principal y respecto del cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario que pueda modificarlo o revocarlo. Luego, al consistir el acto reclamado en la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, deviene inconcuso que el estudio de su constitucionalidad debe ser realizado en la vía directa, habida cuenta que dicha resolución de fondo, conforme a la ley que rige la controversia de origen, no admite recurso alguno en contra. Por consiguiente, su estudio corresponde efectuarlo al órgano de control constitucional competente para conocer del juicio de amparo directo, máxime que esa vía es la idónea para impugnar la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, ya sea por vicios propios, o bien, por violaciones al procedimiento. Ahora, en torno al trámite que debe seguirse cuando una demanda de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es presentada ante un Juez de Distrito, el artículo 47 de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Así, en acatamiento a lo dispuesto por la ley de la materia, remítase los autos que integran el presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil, del Vigésimo Circuito, en turno, para que tenga a bien determinar lo procedente; fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 829 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el Magistrado Instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será el Tribunal Colegiado en Pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." DOMICILIO Y AUTORIZADO Con fundamento en el artículo 12 primer párrafo de la ley de la materia, se tiene por autorizado en términos amplios de la parte quejosa a Santiago Quevedo Escobar, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, no ha lugar a acordar favorable el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, en razón de que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. Sin embargo, dada la trascendencia del presente auto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione quien corresponda a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en: Calle Colón, Esquina con Calle Independencia, del Municipio de Pichucalco, Chiapas, a efecto de notificar personalmente a Vanesa del Carmen Alamilla Romero, el presente proveído; además, deberá requerirle para que en el término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal en cita, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal se le practicarán por medio de lista de acuerdos; con fundamento en los artículos 27, fracción II, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida de que en caso de no hacerlo, le será impuesta una multa en términos del artículo 59, fracción I, del invocado Código. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada, el funcionario que corresponda podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del multicitado Código Federal. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten.} Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente por despacho a la parte quejosa.

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