Valeria Guadalupe Jimenez Gutierrez
Expediente 2357/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2357/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Valeria Guadalupe Jimenez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el cinco de enero de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, ni se tramitó incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado remitido por la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y anexo que acompaña. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, consistió en la omisión de la responsable de darle vista con el escrito de contestación de demanda de Carlos Alfonso Toledo Cetina, presentado en el mes de agosto en autos del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia número 462/2020, así como de fijar las medidas provisionales requeridas en dicho controvertido. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama del Tribunal responsable, la omisión de la responsable de darle vista con el escrito de contestación de demanda de Carlos Alfonso Toledo Cetina, presentado en el mes de agosto en autos del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia número 462/2020, así como de fijar las medidas provisionales requeridas en dicho controvertido. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, y específicamente las remitidas por la responsable, se advierte que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el Juzgado responsable dictó un proveído en el que tuvo por presentado el escrito de Carlos Alfonso Toledo Cetina, en el juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia número 462/2020, con el que tuvo contestando en tiempo la demanda presentada por Valeria Guadalupe Jiménez Gutiérrez, por lo que, lo puso a la vista de esta última nombrada; siendo que, en esa propia data, dictó diversas medidas provisionales en relación al indicado controvertido. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido el proveído en cuestión, en el que se le dio vista con el escrito de contestación de la demanda de Carlos Alfonso Toledo Cetina y se fijaron las medidas provisionales respectivas, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del doce de enero de dos mil veintidós. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido emplazado a juicio la parte que pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, dado el sentido de la presente determinación, es evidente que con ello no se le ocasiona perjuicio alguno a sus derechos procesales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos, y toda vez que hasta la presente fecha el Director la Policía Municipal de Maxcanú, Yucatán y a la Policía Municipal Coordinada de Maxcanú, Yucatán, no han dado cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director la Policía Municipal de Maxcanú, Yucatán y a la Policía Municipal Coordinada de Maxcanú, Yucatán, para que en el plazo de tres días siguientes al en que se les notifique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que no se cuenta con el informe justificado requerido a la totalidad de las autoridades responsables foráneas, ni tampoco obra en autos el acuse de recibo del oficio con el que se les solicitó lo rindieran. En ese tenor, para dar margen a que dichas responsables rindan su informe de ley, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que la parte quejosa no dio contestación al requerimiento que le fuera realizado en proveído de diez de noviembre anterior, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, manifestara si la menor quejosa S. P. R. T., ya había sido inoculada con la vacuna Pfizer-BioNTech y, en caso afirmativo, precisara el número de dosis que de la misma le han sido aplicadas. En esa virtud, requiérase nuevamente a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, indique si la menor impetrante ya ha sido inoculada con la vacuna de marras y, en su caso, el número de dosis que de la misma le han sido aplicadas. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de tener la plena certeza de que la parte quejosa se encuentra enterada del requerimiento de marras, comisiónese al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, y realice la notificación respectiva, debiendo cerciorarse que la misma es recibida por la progenitora de la menor quejosa o por alguno de sus autorizados, a fin de estar en aptitud, en caso de incumplimiento del requerimiento antes indicado, imponer el medio de apremio respectivo. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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