Valentina Poot Caamal
Expediente 1205/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Valentina Poot Caamal
- VALENTINA POOT CAAMAL y Otros.
- Hopolito Dzib Manrique
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el quince de enero del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el alegato ministerial 428/2020, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que el quince de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que no se ha emitido determinación alguna en este expediente, siendo que tal cuestión extraordinaria obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. En ese tenor, es necesario destacar que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del referido artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, al señalar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por otro lado, agréguense a estos autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que dicha autoridad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclamaba, pero agregó, que no en los términos en los que lo reclamó la parte quejosa, pues con fecha ocho, once, catorce y quince de diciembre de dos mil veinte; y siete y ocho de enero de dos mil veintiuno, aduce haber cumplido con el cierre de instrucción del juicio laboral de origen 21/2015. En concreto se advierte que el ocho de enero último, se remitieron los autos de dicho juicio laboral, al auxiliar correspondiente para la elaboración del proyecto de laudo respectivo, en consecuencia, se encontraba transcurriendo dicho plazo con fundamento en los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo; y con el propósito de verificar lo expuesto, señaló que anexaba una copia certificada relativa a los proveídos citados. Documentales a la que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, la junta responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la omisión reclamada, esto es, reconoció que no había dictado el laudo correspondiente; sin embargo, agregó que la omisión reclamada no era en los términos planteados por la quejosa, pues aún se encontraba transcurriendo el término para que presentaran sus alegatos las partes, y con el propósito de demostrar que esa omisión todavía no le era atribuible, remitió una constancia del juicio laboral como apoyo a sus manifestaciones. Del contenido de la jurisprudencia ya indicada, así como de las manifestaciones de la responsable al rendir su informe justificado, y del contenido de la constancia que remitió, consistente en copia certificada de diversos acuerdos entre ellos el de ocho de enero de este año, mediante el cual, remitió los autos correspondientes del juicio de origen al Auxiliar correspondiente para la elaboración del proyecto de laudo respectivo, se desprende que la omisión apuntada por el titular de la acción constitucional, es inexistente por las siguientes razones. Como se indicó en el párrafo inmediato anterior, del análisis realizado a dicha constancia se deduce, que la manifestación de certeza de la responsable en relación con la omisión alegada por la parte quejosa, de que no se ha dictado el laudo respectivo se debe en cierta forma, en la medida que el juicio laboral se encuentra en la fase de proyecto de resolución de laudo, desde el ocho de enero de este año, por lo que aún está transcurriendo el término de treinta días para la elevación de laudo, pues la última actuación que obra en la controversia laboral es de fecha ocho de enero del año en curso. Con base en lo anterior, es correcta la aceptación de la responsable de la omisión reclamada, pues no había dictado el laudo respectivo al momento de presentarse la demanda de amparo; sin embargo, si bien es cierto que la responsable admitió la existencia de la omisión del dictado del laudo correspondiente, también lo es, que el juicio de origen no se encontraba en la fase correspondiente para que se emitiera el fallo respectivo del que se duele la agraviada, sino en una etapa anterior. Como se advierte de lo narrado, la autoridad laboral no estaba en condiciones de emitir el laudo respectivo, toda vez que el procedimiento laboral de origen, no estaba en estado de resolución, pues incluso al momento de que la quejosa accionó este juicio constitucional, no se había otorgado un término para que presentaran las partes sus alegatos, pues esto aconteció hasta el once de diciembre de dos mil veinte, de ahí que resulte inexistente el acto reclamado, pues se reitera, aun cuando la responsable aceptó la omisión apuntada, es decir, la falta del dictado del laudo respectivo, ello obedeció a causas no atribuibles, pues no se encontraba en la condiciones de emitirlo, ya que la etapa procesal hasta el momento de presentarse la demanda de amparo, era la del período de pruebas, tal como lo establece el artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, quedando pendiente otorgar un término para alegar, lo que ya aconteció, pero de forma posterior a la fecha de presentación del ocurso constitucional, que incluso, en este último momento procesal, tampoco se tenía las condiciones para emitir el fallo respectivo, pues de conformidad con el ordinal 885 de la citada ley obrera, una vez transcurrido el término de alegatos, y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación. Y en el supuesto caso de que las partes no manifestaran cuestión alguna, de oficio se declarará cerrada la instrucción (artículo 885, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo), pues de lo contrario, esto es, que la partes acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la junta con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes, día y hora para su desahogo. Finalmente, desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes (artículo 885, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo). En ese orden de ideas, es claro que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que dio origen a este juicio, el procedimiento laboral se encontraba en la fase de conclusión de desahogo de pruebas, quedando pendiente de otorgar término para alegatos y un diverso plazo para que las partes expresaran su conformidad con la certificación realizada por el secretario de que ya no quedaban pruebas por desahogar, esto es, ni si quiera se había cerrado la instrucción del juicio laboral, para que se tuvieran las condiciones de emitir el fallo correspondiente, por tal motivo, es que la omisión apuntada por la parte quejosa, resulte inexistente. En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable; en consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada el día de hoy. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Valentina Poot Caamal, Dany Rosalinda Chulim Dzib, Dora María Pool Cen, Heidey Mercedes Alcocer Valdéz, Hermita Fuentes Espiniza, Félix Iván Sánchez Alcocer, Hipólito Dzib Manrique y Luis Felipe Ceh Yam, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda.Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico aladirecciónoficial3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión.En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita.Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internethttps://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita:NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente 507/2020 del índice de este juzgado, la licenciada Blanca Estela Ortiz Rodríguez Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente blanca.ortiz@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: blanca.ortiz@pgr.gob.mx.Ahora, en cuanto a la Servicios de Salud de Yucatán y la Comisión Nacional de Protección de Salud, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercero interesada en este juicio, por ser la contraparte del aquí quejoso, en el juicio de donde deriva el acto impugnado.Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, gírese atento oficio a la Servicios de Salud de Yucatán y la Comisión Nacional de Protección de Salud, por conducto de quien legalmente la represente, para efectos de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere, y comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores.Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo; asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Palma Rodríguez y Grisel Iveth Juárez Moguel, y a las personas restantes con las limitaciones que establece el último párrafo del citado numeral.Asimismo, la parte quejosa solicita que se le otorgue a sus autorizados mencionados anteriormente, el acceso y consulta al expediente electrónico en el presente juicio, así como notificaciones a través de esa vía a través de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual proporciona para ello los nombres de usuario "grisel-iveth", "HarryRivero97", "eileen", y "elomendez"; asimismo proporciona el correo electrónico asesoría.laboral@hotmail.com. Al respecto, dígasele a la parte quejosa que se accede a su petición, para el efecto de que con dichos nombres de usuarios, los autorizados puedan consultar el expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios Electrónicos del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, en relación con el artículo 3 de la ley de la materia.Ahora, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa en el presente juicio, las notificaciones en las que se realice algún requerimiento o su naturaleza lo amerite vía electrónica, en el entendido que se realizaran a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, por medio de las cuentas electrónicas antes mencionadas, es decir, con los nombres de usuarios grisel-iveth, HarryRivero9, eileen, y elomendez, pues las demás se realizarán por lista.Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los usuarios griseliveth, HarryRivero97, eileen, y elomendez, en el presente juicio de amparo.Ahora, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental, que señaló la parte quejosa en escrito de demanda, para ser valorada y tomada en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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