Valentina Molina Santillan
Expediente 181/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Valentina Molina Santillan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva; en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Ricardo Daniel Lezama Lomelí, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y anexos que acompaña, mediante el cual comunica que las menores quejosas V. M. S. y S. M. S., ya han sido inoculadas con las dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech. Sentado lo anterior, es menester traer a colación que el acto que la parte impetrante reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de inocular a las menores quejosas, con las dos dosis de la vacuna antes referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables, de inocular a las menores quejosas, con las dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech. Ahora bien, de las propias manifestaciones vertidas por el autorizado de las parte quejosa, se desprende que dichas menores ya fueron inoculadas con las dos dosis de la invocada vacuna; lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberle sido aplicadas a las menores quejosas, las dos dosis de la vacuna en cuestión, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y tres minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado en proveído de dos anterior, a efecto de que la parte quejosa informe si el menor impetrante ya ha sido inoculado con las dos dosis de la vacuna relativa. En ese tenor, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende, como hecho notorio, que en el incidente de suspensión que deriva de este expediente principal, por interlocutoria de ocho de febrero anterior, se otorgó la suspensión definitiva a las menores quejosas V. M. S. y S. M. S., a efecto de que las responsables, previa valoración médica, señalaran hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a dichas menores, con sus dos dosis. En esa virtud, dado el tiempo transcurrido desde que dicha medida suspensional de carácter definitivo fue otorgada, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, indique si las menores impetrantes ya han sido inoculadas con la vacuna de marras y, en caso afirmativo, precise el número de dosis que de la misma les han sido aplicadas. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Valente Ramon Arguelles Ovando2523/2021
- Valentin Caamal Solís1818/2023
- Valentin Urtecho de Dios1326/2018
- Valentin Urtecho de Dios754/2018
- Valentin Urtecho de Dios470/2020
- Valentina Gutierrez Perez1745/2022
- Valentina Poot Caamal1205/2020
- Valentina Poot Caamal593/2021
- Valeria Guadalupe Canche Molina2655/2022
- Valeria Guadalupe Jimenez Gutierrez2357/2021
- Valeria Ivonne Granados Quintanar2579/2022
- Valeria Ivonne Granados Quintanar2416/2022