Urrutia-Angeles Y Asociados, Sociedad Civil
Expediente 3506/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3506/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/09/2023
Partes del expediente
- Urrutia-Angeles Y Asociados, Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que la quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de sentencia dado por la autoridad responsable, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, o si se incurrió en exceso o defecto. En primer término, se precisa que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] DÉCIMO TERCERO. [.] En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53- B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. [.]" De la anterior transcripción, se observa que la concesión de amparo consiste, en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa, y ésta, no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, tome en consideración que esa circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Para acreditar el acatamiento de la sentencia la referida autoridad responsable mediante oficio ********************, manifestó que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes, sin que la quejosa realizara manifestación alguna. Por lo anterior, se estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo, dado que no se instauró el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluído. Notifíquese y por lista a la quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido en representación del jefe del Servicio de Administración Tributaria, por el que desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso e informa respecto del cumplimiento de la sentencia, atento a ello, con fundamento en lo que se establece en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a la quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que, una vez transcurrido el plazo otorgado, con o sin desahogo de la vista, se realizará el estudio correspondiente y se hará el pronunciamiento sobre el acatamiento del fallo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Notifíquese y por lista a la quejosa.
- Principal
Ciudad de México, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, por la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa la determinación de veintiocho de agosto del año en curso, así como, la resolución de diez de agosto del mismo año, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, por los motivos que expone. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de las determinaciones mencionadas, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, situación que prevalecerá hasta en tanto se señale nuevo domicilio para ese efecto. Notifíquese y por lista a la quejosa la determinación de veintiocho de agosto del año en curso, así como, la resolución de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.
- Principal
EN CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE UNO DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución emitida en sesión de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión 361/2017 de su estadística y el expediente del juicio de amparo citado al rubro, acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado determinó: [.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, por conducto de su representante legal *****, en atención a las consideraciones expuestas en el considerando décimo primero de la sentencia recurrida (contabilidad electrónica). Notifíquese. (.)" De lo que se toma conocimiento, realícense las anotaciones en el libro electrónico. Glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación, a este expediente principal. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que los efectos por los que fue concedida la protección constitucional a la quejosa en la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis, consisten en: "[.] En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa. [.]" Se requiere cumplimiento de la ejecutoria En consecuencia, atendiendo a los efectos de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a la quejosa, que se relacionará más adelante en este acuerdo, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica que se establece en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia que establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En ese orden de ideas, infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, para que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto: Juicio de amparo Quejosa RFC 3506/2014 ***** En el entendido que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese personalmente a la quejosa". NOTIFÍQUESE
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