Uriel Abraham Rangel Diaz

Expediente 5182/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5182/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Uriel Abraham Rangel Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés.****************************************Causa estado la sentencia.********************Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha trascurrido el plazo que se establece en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha el quejoso, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado estado.****************************************Archivo del asunto********************Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales.****************************************Destino del juicio de amparo********************Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es destruible, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que establece el citado artículo. ****************************************Cuadernos incidentales********************En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo citado, por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses que establece dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original.****************************************Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes.****************************************Asimismo, atento a lo ordenado por el artículo 35 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente.****************************************Documentos exhibidos en el juicio********************Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo a recogerlos, en el entendido que, de no hacerlo, serán destruidos junto con este expediente.****************************************Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, trece de marzo de dos mil veintitrés.Por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al que se acompaña la resolución dictada el veintitrés de febrero de este año, en el amparo en revisión 271/2017 de su índice, así como los autos del juicio de amparo 7520/2015 de nuestra estadística, acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal el que determinó:"(.) PRIMERO. En materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida.SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa contra los actos, autoridades y por los motivos señalados tanto en la sentencia recurrida, como en la presente ejecutoria.Notifíquese; (.)"De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y realícense las anotaciones respectivas en el libro electrónico.De igual manera, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de relativo a este expediente.Cabe precisar que en la sentencia de tres noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de justicia Federal a la quejosa para los siguientes efectos:"TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente.Cabe precisar que, al analizar la resolución antes transcrita se advierte que en el considerando séptimo el tribunal colegiado dejó intocada la concesión del amparo determinada por este juzgado.En ese sentido, es importante especificar que el efecto para el que se concedió la protección constitucional es el siguiente:"(.)En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente.Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas.(.)Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa (.)"Se requiere cumplimientoAhora, atendiendo a los efectos de la sentencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente:a) Informe si a las quejosas ***********, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del ódigo Fiscal de la Federación.b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince.c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que las contribuyentes fueran omisas en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas.Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece:"REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas."Lo anterior, en el entendido de que:1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad.2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.).Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente:a) Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo.b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo.c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo.Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignados en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley.Exhorto a las quejosas para transitar a juicio en líneaPor otra parte, se exhorta a las quejosas, para que, de ser posible transiten de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que en este juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica.Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www.firel.pjf.gob.mx", para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).Requerimiento a las quejosasFinalmente, en razón de que de una revisión de autos no se advierte el registro federal de contribuyentes respecto de las quejosas a efecto de que la autoridad responsable pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en párrafos que anteceden, requiéraseles por conducto se su representante común para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este auto, exhiban el citado documento.Requerimiento autoridadAsimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en su numeral 2, se requiere a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días informe a este órgano jurisdiccional, el registro federal de contribuyentes de los quejosos descritos con antelación, a efecto de poder proseguir con el cumplimiento de la sentencia de amparo.Apercibimiento Apercibido que de no hacerlo en el plazo concedido, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta a cien veces la unidad de medida y actualización vigente, en términos de lo que establece el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.Notifíquese y personalmente a las quejosas.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la administradora desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5", con sede en Tamaulipas, con el que devuelve el diverso 9078/2023 dirigido al director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por las razones que expone. En consecuencia, reenvíese el oficio 9078/2023, al domicilio correcto del director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a efecto de que tenga conocimiento del auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés e integrar debidamente este expediente. Finalmente, vista la certificación de cuenta se ordena devolver el expediente al archivo para su resguardo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al jefe del Servicio de Administración Tributaria, en auto de ocho de febrero de este año, a fin que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que a la fecha haya desahogado el requerimiento en mención. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO En tales condiciones, atendiendo a los efectos de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a las quejosas (1) ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y (2) ********************, sociedad anónima de capital variable (1684/2015), (3) ********************sociedad anónima promotora de inversión de capital variable (1721/2015), (4) ********************, sociedad anónima de capital variable y (5) ********************, sociedad anónima de capital variable (1734/2015), (6) ********************, sociedad anónima de capital variable, (7) ********************, sociedad anónima de capital variable e (8) ********************, sociedad anónima de capital variable (1764/2015), (9) ********************(1869/2015), (10) ********************sociedad civil, (11) ********************, sociedad anónima de capital variable (1873/2015) y (12) ********************(1918/2015), les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. d) Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En ese orden de ideas, infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, a fin de que puedan dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. JUICIO DE AMPARO QUEJOSA RFC 1684/2015 (1) ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. ******************** 1684/2015 (2) ********************, sociedad anónima de capital variable. ******************** 1721/2015 (3) ********************sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. ******************** 1734/2015 4) ****************************************, sociedad anónima de capital variable. ******************** 1734/2015 (5) ********************, sociedad anónima de capital variable. ******************** 1764/2015 (6) ********************, sociedad anónima de capital variable. ******************** 1764/2015 (7) ********************, sociedad anónima de capital variable. ******************** 1764/2015 8) ********************, sociedad anónima de capital variable. ******************** 1869/2015 9) ******************** ******************** 1873/2015 (10) ********************sociedad civil. ******************** 1873/2015 (11) ********************, sociedad anónima de capital variable. ******************** 1918/2015 12) ******************** ******************** En el entendido de que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo por causa justificada, se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.

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