Uziel Mered Chimal Cano y otros
Expediente 2201/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2201/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/12/2023
Partes del expediente
- Uziel Mered Chimal Cano y otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta en la que se hace constar que transcurrió el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de once de octubre de este año, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los numerales 26, fracción III y 27, fracción II de la Ley de Amparo. Estado procesal Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el diverso plazo de tres días otorgado al quejoso en auto de once de octubre dos mil veintitrés, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o si se incurrió en exceso o defecto. Cabe precisar que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia Federal al quejoso para los siguientes efectos: "[.] SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. De manera que si las autoridades no dieron contestación a la petición del peticionario de amparo en un tiempo que se estime suficiente, tal omisión constituye una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional, por lo que lo conducente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que: - El Director General y el Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, den respuesta fundada, motivada y congruente a la petición formulada por la parte quejosa el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en breve término, de forma congruente con lo solicitado y, hecho lo anterior, le notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto, haciendo constar tal circunstancia. En el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que está resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido. [.] Ahora, del contenido del escrito de petición del quejoso, se advierte que solicitó lo siguiente: "´(.) Por lo anterior, y con el objetivo de esclarecer el manejo, situación financiera que guarda Fondo de Pensiones y estar en posibilidad de fincar responsabilidades a quien resulte responsable; en ejercicio de mi derecho, y con apego en los artículos 8°. y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pido se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una Auditoría Selectiva, por resultar de mi interés como trabajador, en la cual se revise e informe todo lo referente a la operación del Fondo de Pensiones y su recurso, que permita: (.)" Se me informe [.]. Se me informe [.]. Se me informe y proporcione [.]. Se me informe y proporcione [.]. Se me informe y proporcione [.]. Se me informe y proporcione [.]. Se me informe y proporcione [.]. Para recibir respuesta a la presente petición señalo que la misma me sea notificada al correo electrónico **************** y al domicilio ubicado en la esquina que forman la calle ******************. [.]." En atención a dicho escrito, el director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emitió el oficio DFP/2852/2023 de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dando respuesta en los siguientes términos: [.], con fundamento en el artículo 10 fracción I de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y 13 fracción XVII del Reglamento interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en relación la petición, recibida en la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en la cual solicita información precisa respecto a la situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Al respecto, en cumplimiento a la sentencia emitida dentro de los autos del expediente [.], hago de su conocimiento que la información solicitada podrá ser visualizada, por la gran cantidad de documentos, en formado PDF en los siguientes enlaces: [.]. Asimismo, dicha información se encuentra a su entera disposición en formatos físicos en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo. No omito manifestarle, la información que se proporciona, es el resultado de las búsquedas e integración de la información solicitada, asimismo, se proporciona en el orden en que se peticionó, además, es idónea y pertinente, tan es así, que esclarece la operación y situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado del año 2011 a la fecha, lo anterior, para su consulta y posteriores acciones. [.]." Expuesto el contenido del escrito de petición y la respuesta que le recayó a éste, al realizar una confrontación entre ambos, se advierte que si bien la autoridad responsable fundamentó su respuesta y proporcionó al quejoso diversas ligas electrónicas en las que, a su consideración, puede consultar la información que solicitó e incluso refirió que quedaba a su disposición de forma física en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo, lo cierto es que, con ello, no atendió en su integridad la petición efectuada hecha por el solicitante de amparo. Tal aspecto se concluye así, ya que del contenido del oficio de respuesta, no se advierte que la autoridad responsable se haya pronunciado respecto a la petición del quejoso referente a que se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una auditoría selectiva en el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ya que es de su interés como trabajador al servicio del Estado, que se revise e informe todo lo referente a la operación de dicho fondo de pensiones. Dicha omisión, trae como consecuencia que a consideración de esta juzgadora, no se encuentre cumplida la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo requiérase al (1) director general y al (2) Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (en su carácter de autoridades responsables) así como al (3) gobernador del Estado de Nayarit (en su carácter de superior jerárquico de ambas autoridades), para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, en alcance al oficio que se analizó, emita uno diverso en el que dé respuesta puntual a esa solicitud, lo haga del conocimiento del promovente y remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese y por lista al quejoso.
- Principal
Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el que comunica que admitió a trámite el recurso de revisión adhesivo interpuesto en representación del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al que registró como amparo en revisión 529/2023 de su índice, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el delegado de la directora general de Recursos Humanos y por la representación del director general de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los que solicitan una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, y hacen diversas manifestaciones en relación con la gestión que se encuentran realizando respecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, respectivamente, de lo que se toma conocimiento. En ese sentido, considerando que no se ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos y este juzgado de Distrito está obligado a vigilar su cabal cumplimiento, con fundamento los artículos 192, párrafo segundo 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, requiérase a (1) Yolanda Carolina Salcedo Pérez, directora general de Recursos Humanos, a (2) Paulino Rodríguez López, director general de Programación, Organización y Presupuesto y a (3) Laura Ángeles Gómez, coordinadora general de Administración, está en su calidad de superior jerárquico, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de diez días contado a partir de que queden legalmente notificados de esta determinación cumplan con los efectos de la sentencia, en los siguientes términos: 1. Yolanda Carolina Salcedo Pérez, directora general de Recursos Humanos y Paulino Rodríguez López, director general de Programación, Organización y Presupuesto, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: a) Remitan la suficiencia presupuestal para el pago de la cantidad de ***** establecida en la planilla de liquidación actualizada, monto que fue determinado en el incidente innominado resuelto en este asunto por concepto de aguinaldo por el periodo de mil novecientos noventa y seis a dos mil dieciocho. 2. Laura Ángeles Gómez, coordinadora general de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico: a) Ordene a Yolanda Carolina Salcedo Pérez, directora general de Recursos Humanos y Paulino Rodriguez López, director general de Programación, Organización y Presupuesto, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que expidan la suficiencia presupuestal por la cantidad de ***** establecida en la planilla de liquidación actualizada, monto que fue determinado en el incidente innominado resuelto en este asunto por concepto de aguinaldo por el periodo de mil novecientos noventa y seis a dos mil dieciocho. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Por otra parte, en atención a lo expuesto por las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia en los oficios que se reciben en esta fecha, dígaseles que deberán estarse a lo ordenado en esta determinación en la que se requiere el cumplimiento de la sentencia y se otorga un plazo para ello. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al que acompaña la resolución dictada en el amparo en revisión 695/2022 y el expediente citado al rubro, acúsese recibo. En ese sentido, hágase del conocimiento que el tribunal colegiado resolvió: "R E S U E L V E : PRIMERO. Se desechan los recursos de revisión que hicieron valer el Presidente de la Republica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ************ por los actos y autoridades responsables señalados en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, en atención a las razones expresadas en los considerandos octavo y noveno de esa sentencia." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico, glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal. Efectos concesión del amparo En ese sentido, resulta necesario precisar que la concesión del el amparo y protección de la justicia federal fue en los siguientes términos: "(.) NOVENO. Efectos del amparo. Se concede el amparo para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Unidad de Administración del IFT, por sí y por conducto de las autoridades administrativas que en el ámbito de sus respectivas competencias corresponda, realicen lo siguiente: Desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa los Acuerdos números P/IFT/EXT/161118/21 y P/IFT/EXT/110119/2 en la parte relativa a la suspensión de las prestaciones consistentes en seguro de gastos médicos mayores (primas básicas de titular, cónyuge e hijos); seguro de separación individualizado, que constituye un beneficio del seguro de vida (porcentaje de aportación patronal neta); apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su propiedad y utilice en el desempeño de sus funciones (importe mensual neto); estímulos al desempeño, así como en la afectación a la compensación garantizada. De igual forma, no deben de aplicarse al quejoso dichas disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Dejen insubsistente el acto de aplicación de los Acuerdos números P/IFT/EXT/161118/21 y P/IFT/EXT/110119/2, así como todos los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de tales Acuerdos por el periodo comprendido del once de enero (fecha en que entró en vigor el Acuerdo P/IFT/EXT/110119/2) al veintiocho de febrero (fecha en que entró en vigor el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para el ejercicio fiscal 2019), ambos de dos mil diecinueve; es decir, respecto a las quincenas 1 a 4 de dicho ejercicio fiscal, por lo que deberán devolver las cantidades que indebidamente se dejaron de pagar a la parte quejosa al haberse fundado en los Acuerdos citados (.) La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. (.)" Requerimiento de cumplimiento En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, segundo y último párrafos, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Unidad de Administración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por sí y por conducto de las autoridades administrativas que en el ámbito de sus respectivas competencias corresponda, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: Se impondrá a las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la ley de la materia. Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. La autoridad responsable y la vinculada al cumplimiento así como su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia deamparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos 1 Jurisprudencia P./J. 60/2014 (Registro 2007912), publicada en la página 7, del Libro 12, tomo I, correspondiente a Noviembre de 2014, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Jue zde Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrá imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese.
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