Uriel Estrada Jaime
Expediente 860/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Uriel Estrada Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Uriel Estrada Jaime, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Gobernación y Reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Uriel Estrada Jaime, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Gobernación y Reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
agréguense a los autos los informes previos de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Directora General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" ambos del Estado de Morelos; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes mencionados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, de los que se desprende que a la fecha no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, tomando en consideración que faltan diversas constancias de la autoridad responsable. Ahora bien, en atención a lo anterior, y tomando en consideración que a la fecha no obra acuse de recibo del oficio 20809/2018, dirigido a la autoridad sustituta Presidenta de la Junta Especial número Dieciséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el que se le requirió informe si la parte actora dio cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de tres de abril de dos mil dieciocho, emitido en el exhorto 5/2017, remitido por la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; por ende, y para evitar dilaciones procesales, requiérase vía telegráfica a la citada autoridad sustituta para que en el término de tres días contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto y por la misma vía (telegrama), informe si ya recibió el oficio 20809/2018, y en su caso, remita las constancias con el cumplimiento al mismo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Con dos copias simples de la demanda de amparo promovida por Uriel Estrada Jaime, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Gobernación y Reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y como está ordenado en el juicio de amparo número 860/2018, se forma y tramita por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión. Por otra parte, con base en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable, el informe previo, el cual deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto; apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Cítese a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Es menester señalar de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del libelo acto de amparo, se advierte que la parte quejosa se inconforma de las conductas que a continuación se precisan: ".IV.- ACTO RECLAMADO. - 1.- DE LAS ORDENADORAS.- a) La aprobación, expedición, promulgación, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 91, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 1 años para desempeñar cualquier otro empleo, el cual en primer término es incongruente con la propia ley, con el también inconstitucional artículo 11 fracción V, y principalmente es contrario al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se expondrá en líneas subsecuentes. b) La aprobación, expedición, promulgación, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 11 fracción V, relativa a la declaración de destitución de un servidor Público elegido por mayoría, por Pleno del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Morelos, el cual en primer término es incongruente con la propia ley, con el también inconstitucional artículo 11 fracción V, y principalmente es contrario al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se expondrá en líneas subsecuentes. 2.- DE LAS EJECUTORAS. - a) Lo constituye el inconstitucional acuerdo que desconozco cuando fue dictado por el Magistrado titular y su Secretario de Acuerdos ambos de la Primer Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro de los autos del juicio natural TJA/1ªS/24/15, radicado al índice de dicha sala; en el cual se decretó la destitución del cargo o comisión de servidor público, del suscrito y de todos los miembros del cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, a pesar de haber sido elegido por elección popular, manifestando desde este momento, bajo protesta de decir verdad, que no cuento con el acuerdo en virtud de que no he sido notificado personalmente. b) La supuesta notificación personal del acuerdo citado, en virtud de que bajo protesta de decir verdad manifiesto no he sido notificado personalmente, pues me di cuenta de su promulgación el 09 de mayo del 2018, en razón de un anuncio público de forma verbal, en la radio que se dice llamar "LÍNEA CALIENTE, FRECUENCIA 96.5". c) La posible aplicación y/o ejecución, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 91, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. a) Todos los actos de aplicación y/o ejecución que pretendan darle en adelante al artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 1 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal.". Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formulen los promoventes del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora, como se señaló anteriormente, resultan colmados los supuestos precisados en los párrafos que anteceden pues, en primer lugar, la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa. En segundo lugar, tomando en consideración las manifestaciones de la parte quejosa, es posible que el acto reclamado exista. En un tercer punto, la naturaleza del acto reclamado permite su paralización pues se trata de un acto positivo. En efecto, debe destacarse que desde un punto de vista general, los actos emanados de las autoridades pueden ser positivos o negativos. Los primeros implican una acción, una orden, una privación, una molestia, y su ejecución puede ser instantánea, continuada o inacabada, o de tracto sucesivo, y los segundos implican que las autoridades se rehúsan a hacer algo u omitan hacer lo que la ley les impone a favor de lo solicitado por los gobernados, es decir, constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades. Respecto de los actos positivos, cabe destacar que la palabra positivo, encierra múltiples acepciones; sin embargo, en la materia significa "cierto, constante o efectivo"; y dentro del juicio de amparo los actos positivos, se han clasificado atendiendo a su certeza o a la realidad de la lesión que produce el acto de autoridad en la esfera jurídica del individuo. Los actos positivos son actos de autoridad que se traducen en la decisión o ejecución de un hacer de las autoridades. Es decir se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o en un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia (acto prohibitivo con efectos positivos). En términos generales el juicio de amparo es procedente contra estos actos y asimismo, la suspensión en los supuestos señalados por la Ley de Amparo. En efecto, el interés suspensional, que en pocas palabras se refiere a la titularidad de los derechos que le asisten a la parte quejosa, debe acreditarse para suspender la ejecución de los actos a que se refiere la promovente, y para esto es necesario que acredite aún de modo indiciario o presuntivo, el interés jurídico con el que afirma contar, ya que no basta la sola presentación de la demanda para que dicha medida sea concedida, sino que es necesario acreditar que pudiera resultar lesionada con algún daño inminente e irreparable que se ocasione con la ejecución de los actos reclamados. Por otro lado, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución de los actos reclamados le causarán daño. Bajo tales ideas, se provee sobre la suspensión del acto reclamado, de la siguiente forma: Con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, respecto al acto reclamado consistente en la resolución dictada dentro del expediente TJA/1ªS/24/15, el cual resuelve la destitución del quejoso en su carácter de Regidor de Gobernación y Reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, así como la inhabilitación por seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal, en base a lo previsto por el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como sus efectos y consecuencias, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, como consecuencia ponderando la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, esto es, no se lleve a cabo la ejecución del acto reclamado, que se traduce en la destitución del cargo de Regidor de Gobernación y Reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, puesto que tal medida, no impide que se ejecute la resolución que se haya emitido en el expediente TJA/1ªS/24/15, ya que por el contrario, de materializarse la destitución e inhabilitación de referencia se causarían daños de difícil reparación al funcionario público sancionado, dada la imposibilidad de retrotraer el tiempo que permanezca separado de su cargo, aún en caso de que le sea concedida la protección constitucional. A lo anterior sirve de apoyo la Jurisprudencia PC.XVIII.L. J/4 L (10ª.), sustentada por los plenos de circuito, Materia Común, Decima Época, consultable en el semanario judicial de la federación. "SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. CONTRA LA DESTITUCIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, PORQUE CON ELLO NO SE AFECTA EL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. El artículo 138 de la Ley de Amparo impone al juzgador, con la finalidad de verificar si es factible o no conceder la suspensión del acto reclamado, la obligación de llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, cuando la naturaleza del acto lo permita. Pues bien, el análisis referido arroja como resultado la factibilidad de suspender la ejecución de la sanción prevista en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consistente en la destitución del funcionario público que, en su carácter de patrón, ha sido omiso en cumplir un laudo, ya que con ello no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque la concesión de la medida cautelar no impide que el laudo se ejecute y, por el contrario, de materializarse la destitución de que se trata, se causarían daños de difícil reparación al funcionario público sancionado, dada la imposibilidad de retrotraer el tiempo que permanezca separado de su encargo, aun si se le concede la protección constitucional" Finalmente, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente auto, previa identificación y razón de recibido que se deje en autos para debida constancia legal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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