Uriel Carmona Gándara

Expediente 1591/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 56 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1591/2021
Año
2021
Actuaciones
56
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Uriel Carmona Gándara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar que aun cuando no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión definitiva, se determinó negarla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Uriel Carmona Gándara solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades sealadas en párrafos que anteceden y por los actos siguientes: Acto reclamado: ".La EMISIÓN o DICTADO de alguna orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia o cualquier otra privativa de la libertad.". "El CUMPLIMIENTO o ejecución.". SEGUNDO. El uno de diciembre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1591/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado." Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables, la orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación dictada en su contra, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Así, se tiene que las autoridades responsables IGNACIO PÉREZ AGUIRRE, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, ENRIQUE ACEVEDO MEJÍA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, XUCOTZIN KARLA MONTES ORTEGA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, GUILLERMINA MATÍAS GARDUÑO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, ANA GABRIELA URBINA ROCA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO SUR, GANTHER ALEJANDRO VILLAR CEBALLOS, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO SUR, FELIPE DE JESÚS DELGADILLO PADIERNA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO SUR, LUIS BENÍTEZ ALCÁNTARA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO SUR, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ LEYVA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO SUR, JOSÉ ARTEMIO ZÚÑIGA MENDOZA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO NORTE, JOSÉ RIVAS GONZÁLEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO NORTE, GUSTAVO AQUILES VILLASEÑOR, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO NORTE, EDMUNDO MANUEL PERUSQUIA CABAÑAS, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO NORTE, MARCO ANTONIO FUERTE TAPIA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO NORTE, BEATRIZ MOGUEL ANCHEYTA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO ORIENTE, ALBERTO TORRES VILLANUEVA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO ORIENTE, ARTURO MEDEL CASQUERA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO ORIENTE, ALEJANDRA DOMÍNGUEZ SANTOS, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO ORIENTE, JESÚS EDUARDO VÁZQUEZ REA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO ORIENTE, GREGORIO SALAZAR HERNÁNDEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO), IVÁN AARÓN ZEFERÍN HERNÁNDEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO), ROGELIO LEÓN DÍAZ VILLARREAL, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO), RODOLFO MARTÍNEZ ABARCA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO), DANIEL RAMÍREZ PEÑA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO), SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS (CUERNAVACA), ERIKA NAYELI TORRES SANTIAGO JUEZ DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS (CUERNAVACA), SALVADOR BRAVO HERNÁNDEZ JUEZ DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS (CUERNAVACA), SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS (CUERNAVACA), JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO JUEZ DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS (CUERNAVACA), NELSON LORANCA VENTURA JUEZ DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS (CUERNAVACA), GUILLERMO AMARO CORREA JUEZ DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS (CUERNAVACA), FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, TITULAR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES INTERNACIONALES E INTERPOL, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL EN APOYO A MANDAMIENTOS, DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DEL ESTADO DE MORELOS, FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS y, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -MONSERRAT MARILÚ REYES GONZÁLEZ, negaron los actos que el quejoso reclama en su contra, sin que el quejoso desvirtuara tal negativa. En ese sentido, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". (Énfasis añadido) Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que se les reclama. En ese orden de ideas, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que les atribuyó el quejoso, tocaba a este último la carga procesal de desvirtuar esa negativa; esto es, correspondía a Uriel Carmona Gándara, acreditar que las autoridades responsables emitieron y ejecutaron la orden de orden de aprehensión o presentación ordenada en su contra. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por Uriel Carmona Gándara. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy veintisiete de octubre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Fiscalía General de la República, residente en la Ciudad de México, por lo que no ha transcurrido el término de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTO, DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en los autos del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, por auto de doce de agosto del año en curso, el Servicio Postal Mexicano, devolvió los oficios 19305/2022, 19308/2022 y 19309/2022, dirigido, a la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Comandante de la Guardia Nacional y Titular de la Jefatura General de Coordinación Policial, de la Guardia Nacional, por el motivo que asentó como "Autoridad inexistente"; en consecuencia, para estar en aptitud de realizar la notificación correspondiente, se dio vista a la parte quejosa para que aclarara su denominación. Sin embargo, la parte quejosa no contestó la vista otorgada, a pesar de que fue debidamente notificada; por tanto, en resolución definitiva de doce de septiembre del año en curso, se tuvo por inexistentes a dichas autoridades responsables. Atento a lo anterior, y como se advierte de los autos del presente juicio de amparo, no obran los acuses de recibo del Comandante de la Guardia Nacional y Titular de la Jefatura General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional; por tanto, debe considerarse como un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que en el expediente incidental, ya se tuvo por inexistentes dichas autoridades, Ahora bien, al constituir un hecho notorio puede ser tomado en cuenta para resolver lo conducente en el juicio en que se actúa, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el numeral 2° de la propia ley, dese vista a la parte quejosa con lo anterior, para que en el término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga respecto a la denominación correcta del Comandante de la Guardia Nacional y Titular de la Jefatura General de Coordinación Policial, de la Guardia Nacional, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2ª/J. 153/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2021029, décima época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." Finalmente, de autos se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de nueve de agosto del año en curso, a efecto de que manifestara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como "Guardia Nacional dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana", sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene por inexistente a la aludida autoridad responsable; por tanto, sígase el trámite del presente juicio de amparo únicamente por las restantes autoridades señaladas como responsables. Para conocimiento del Oficial Judicial "A": Lo anterior, hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A", del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este juzgado, para que dé de baja a la responsable de trato. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy feBAHENA

  4. Incidental

    VISTOS para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1591/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Uriel Carmona Gándara, reclama de los Jueces del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos y otras autoridades, lo siguiente: ".la orden de aprehensión, captura. detención, búsqueda, localización, presentación o comparecencia...". SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró previos diferimientos al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : ÚNICO. Las autoridades responsables tanto ejecutoras, como ordenadoras, al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la segunda parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Uriel Carmona Gándara, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Julián Pantaleón Suárez, secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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