Uriel Carmona Gándara

Expediente 1517/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 33 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1517/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Uriel Carmona Gándara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar y sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con la totalidad de los acuses de recibo dirigidos a las autoridades responsables, mediante el cual se les comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para que este en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1517/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Uriel Carmona Gándara, reclama de los Jueces del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y otras autoridades, lo siguiente: ". la orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación o comparecencia.". SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado federal proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó a las autoridades responsables su informe previo y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables IGNACIO PÉREZ AGUIRRE, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL; ENRIQUE ACEVEDO MEJÍA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; XUCOTZIN KARLA MONTES ORTEGA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; GUILLERMINA MATÍAS GARDUÑO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; ANA GABRIELA URBINA ROCA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; GANTHER ALEJANDRO VILLAR CEBALLOS, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; FELIPE DE JESÚS DELGADILLO PADIERNA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; LUIS BENÍTEZ ALCÁNTARA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ LEYVA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JOSÉ ARTEMIO ZÚÑIGA MENDOZA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JOSÉ RIVAS GONZÁLEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; GUSTAVO AQUILES VILLASEÑOR, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; EDMUNDO MANUEL PERUSQUIA CABAÑAS, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; MARCO ANTONIO FUERTE TAPIA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; BEATRIZ MOGUEL ANCHEYTA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; ALBERTO TORRES VILLANUEVA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; ARTURO MEDEL CASQUERA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; ALEJANDRA DOMÍNGUEZ SANTOS, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JESÚS EDUARDO VÁZQUEZ REA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; GREGORIO SALAZAR HERNÁNDEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; IVÁN AARÓN ZEFERÍN HERNÁNDEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; ROGELIO LEÓN DÍAZ VILLARREAL, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; RODOLFO MARTÍNEZ ABARCA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; DANIEL RAMÍREZ PEÑA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; FRANCISCO MARROQUÍN ARREDONDO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; MARCELA ELIZABHET GARCÍA CANTE, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; MARCO ANTONIO MENESES AGUILAR, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; LUIS EDUARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; MILTON MOCTEZUMA VEGA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; FRANCISCO RUBÉN MARTÍNEZ IÑIGUEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JOSÉ MIGUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JOAQUÍN ALBERTO RUIZ GARCÍA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; CRESCENCIO CONTRERAS MARTÍNEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; NADIA SOCORRO MORENO JIMÉNEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA; TITULAR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; GUARDIA NACIONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA; DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES INTERNACIONALES E INTERPOL, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL EN APOYO A MANDAMIENTOS, DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL; COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL; TITULAR DE LA JEFATURA GENERAL DE COORDINACIÓN POLICIAL DE LA GUARDIA NACIONAL; DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE MORELOS; FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA; TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Ahora bien, las autoridades responsables JUAN MORALES NIEVES, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; MARCO ANTONIO BELTRÁN MORENO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; MARCO TULIO MUÑOZ AMEZCUA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; SAÚL COTA MURILLO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JOANNA KARINA PEREA CANO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JOSÉ ANTONIO ACEVEDO CASTRO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, con residencia en el Estado de México, -Nezahualcoyotl-, fueron omisas en rendir su respectivo informe previo, no obstante de encontrarse legal y oportunamente notificadas para tal efecto. En consecuencia, ante la falta de dicho informe, con apoyo en el artículo 142 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, presume que son ciertos los actos reclamados a dichas autoridades En el caso, lo procedente es conceder la suspensión definitiva, solicitada. En consecuencia, respecto de los actos reclamados antes señalados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 166, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16, Constitucional, se concede la suspensión definitiva, respecto del acto reclamado, para el efecto de que no sea detenido; sólo sí se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa; la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal, lo anterior, hasta en tanto, las responsables reciban notificación del auto mediante el cual cause ejecutoria la sentencia dictada en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia. Por otra parte, de conformidad con el artículo 166 de la Ley de Amparo, sí se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Las anteriores medidas cautelares que se conceden, es en uso de las más amplias facultades para fijar medidas de aseguramiento que estime convenientes el suscrito y que el otorgamiento de dichas medidas no constituyan un impedimento para la continuación del procedimiento judicial o administrativo instaurado en su contra que haya motivado el acto reclamado, además de que con dicha concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión surte efectos desde luego en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en el diverso 168, de la misma ley, la parte quejosa deberá otorgar una garantía a disposición de este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 00/100), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cuyo concepto deberá ser el siguiente para garantizar la suspensión definitiva; ello en virtud de que de la demanda de amparo no se advierten satisfechos los elementos a que se refieren los artículos 162 y 168 del citado cuerpo normativo. Dicha garantía se fija de manera discrecional, en virtud de que el quejoso no manifiesta su situación económica y de autos no se aprecia la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa, así como la posibilidad de que el agraviado se sustraiga de la acción de la justicia. Se apercibe a la parte quejosa que de no exhibir la garantía mencionada en líneas que anteceden, dentro del plazo concedido, la suspensión definitiva concedida dejará de surtir efectos y una vez notificadas de dicha determinación las autoridades responsables, podrán ejecutar el acto reclamado, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute el acto reclamado, el quejoso podrá exhibir la garantía antes fijada, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Debe precisarse de forma categórica, que la concesión de esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos del acto reclamado consistente en la orden reclamada que se le hubiese librado exclusivamente por las autoridades responsables designadas en el escrito inicial de demanda por la parte quejosa; además, atendiendo a la técnica jurídica que rige el juicio de amparo indirecto, la existencia de los actos debe analizarse a la luz de la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso aun cuando se reclamen órdenes de aprehensión. Por tal motivo, el otorgamiento de la presente suspensión de los actos reclamados a la parte quejosa, sólo comprenderá aquéllos que se hayan emitido hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, hasta el día veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Se fija lo anterior, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el presente juicio de garantías, al tomar en consideración que el efecto de la suspensión es mantener las cosas en el estado que guardan al presentarse la demanda, para el efecto de preservar la materia del amparo y facilitar, o de evitar que se dificulte, el retorno de las cosas al estado que tenían antes de la violación, en caso de que se otorgue el amparo (artículo 77 de la ley citada); ya que de extender los efectos a actos futuros de realización incierta, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica, y respecto de los cuales no procede esta medida suspensiva; máxime que los gobernados tienen la facultad de promover posteriormente una nueva demanda de amparo, en el caso, de que el mandato de captura reclamado se hubiese librado con posterioridad a la presentación de la demanda. La suspensión concedida dejará de surtir efectos, si no se cumple con las disposiciones antes señaladas; no surtirá efectos sí se pretende privar de la libertad al peticionario del juicio constitucional en cumplimiento de una orden de detención librada en su contra por una autoridad administrativa o judicial distinta a las señaladas, o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito; con motivo de la urgencia cuando se trate de delito grave y ante el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia o si es sorprendida infringiendo el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno o si se trata de un acto privativo de la libertad personal distinto al aquí reclamado. Medida suspensional que no surtirá efecto legal ni material alguno si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo, si los actos que se reclaman ya fueron ejecutados, o si derivan de algún procedimiento en el que el quejoso haya sido oído y vencido. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Uriel Carmona Gándara respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Uriel Carmona Gándara respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    ....Por lo expuesto y fundado; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Uriel Carmona Gándara, contra los actos reclamados a las autoridades responsables JUAN MORALES NIEVES, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; MARCO ANTONIO BELTRÁN MORENO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; MARCO TULIO MUÑOZ AMEZCUA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; SAÚL COTA MURILLO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JOANNA KARINA PEREA CANO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO; JOSÉ ANTONIO ACEVEDO CASTRO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, por los motivos precisados en el quinto considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintinueve de marzo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de marzo de dos mil veintidós Visto el escrito del quejoso Uriel Carmona Gándara, mediante el cual desahoga la vista de uno de marzo de dos mil veintidós; precisando la denominación correcta de las autoridades responsables que inicialmente señaló como: Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México, Comandante de la Guardia Nacional en Ciudad de México, Titular de la Jefatura General de Coordinación Policía de la Guardia Nacional en Ciudad de México Guardia Nacional dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en Ciudad de México Siendo su denominación correcta la siguiente: Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República. Comandante de la Guardia Nacional. Jefatura General de Coordinación Policial. Guardia Nacional Dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En virtud de lo anterior, reenvíense los oficios 30200/2021, 30202/2021, 20203/2021 y 30199/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno con las denominaciones correctas, para que estén en condiciones de rendir su respectivo informe justificado, corriéndoles traslado con el escrito inicial de demanda; asimismo infórmeseles que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas, las cuales podrán ser tomadas en cuenta, al momento de celebrar la audiencia incidental respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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