Uriel Alexis Landa Zaragoza

Expediente 465/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
465/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
05/11/2015

Partes del expediente

  • Uriel Alexis Landa Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; cinco de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de ocho de octubre de dos mil quince, que declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de octubre de dos mil quince. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 465/2015-IV, promovido por ***************. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado, ***************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: Se reclama como tal; la arbitraria y antijurídica, resolución en la que se ordena mi traslado del actual centro de reclusión donde me encuentro, a otro distinto y lejano al domicilio de mi familia y su ejecución inminente sin el mínimo respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales y sin respetar mis derechos de audiencia y defensa y sin existir un mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive esta determinación de que me traslade a otro centro de reclusión (sic). SEGUNDO. Concesión de amparo. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil quince (foja 13), se admitió a trámite la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional (foja 41), el catorce de agosto de dos mil quince, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: (.)En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, deje insubsistente la orden de traslado que dictó en contra del quejoso Uriel Alexis Landa Zaragoza (.). TERCERO. Ejecutoria del amparo. Mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso (foja 65), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que en dicho proveído se requirió al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, para que cumpliera con el fallo protector. CUARTO. Cumplimiento sin materia. Por oficio recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veinticuatro de septiembre de dos mil quince (foja 69 bis), el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, indicó que no podía dejar sin efectos la orden de traslado dictada en contra del quejoso Uriel Alexis Landa Zaragoza, en virtud de que dicha autoridad no había emitido, ejecutado o tratado de ejecutar el traslado reclamado, siendo precisamente éste el efecto de la sentencia concesoria. Por tanto, al advertirse con ello, la posibilidad de que la ejecutoria de amparo hubiera quedado sin materia, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil quince (foja 70), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que lo hiciera. Así pues, de los autos y la documental descrita con que se dio vista a la parte quejosa, se deduce que quedó sin materia el cumplimiento en el presente asunto, pues si el amparo se otorgó a la parte quejosa para que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, dejara insubsistente la orden de traslado que dictó en su contra, y si la autoridad referida indicó que no emitió dicha orden, se advierte que el objeto del fallo protector no existe, resultando así, que no hay materia sobre la cual analizar su cumplimiento. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 465/2015-IV. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrán actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las Autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgado, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibido que de no hacerlo así dentro del término que se les señala: a) Con fundamento en el artículo 238, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo actual, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional); y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Se precisa que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, es para efectos de que la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, deje insubsistente la orden de traslado que dictó en contra del quejoso ********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, **********. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de agosto de dos mil quince. Visto para resolver el juicio de amparo 465/2015-IV, promovido por **************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el treinta de junio del año en curso, turnado a este Juzgado al día siguiente, ***************, promovió demanda de amparo contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Director de la Policía Estatal Única, ambos residentes en Chihuahua, Capital, Supervisora Regional, Zona Norte y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y, con sede en esta localidad, de quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: Se reclama como tal; la arbitraria y antijurídica, resolución en la que se ordena mi traslado del actual centro de reclusión donde me encuentro, a otro distinto y lejano al domicilio de mi familia y su ejecución inminente sin el minimo respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales y sin respetar mis derechos de audiencia y defensa y sin existir un mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive esta determinación de que me traslade a otro centro de reclusión (sic). Segundo. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de conformidad con el numeral 79, fracción tercera, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de treinta de junio de dos mil quince (foja 13), se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente 465/2015-IV, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Celebración de la Audiencia Constitucional. Una vez que este juicio de amparo estuvo debidamente integrado, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere un acto cuya ejecución puede tener lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se colige que ***************, reclamó la orden para que sea trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad, a un diverso Centro de Reclusión del país, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables, en sus denominaciones correctas, Subdirector por ausencia del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua (foja 20), Encargado del Departamento de Prevención Social, Zona Norte, en representación de la Supervisora Regional, Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (foja 21), todos con residencia en esta ciudad, Coordinadora Jurídica de la Dirección de la Policía Estatal Única (foja 27) y Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, en sustitución del Fiscal General del Estado de Chihuahua, ambos residentes en la ciudad del mismo nombre (foja 28), negaron categóricamente los actos que les atribuyó el quejoso, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tales negativas, por lo que, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque la parte quejosa no demostró la existencia de los actos reclamados, con algún medio de convicción. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Como se indicó, la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, no rindió su informe justificado, no obstante que le fue debidamente requerido, como se desprende del acuse de recibo postal que consta agregado a foja 40. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado consistente en la orden para que el directamente agraviado sea trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en esta ciudad a un diverso Centro de Reclusión del país. Quinto. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por lo tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Análisis del acto reclamado. La parte quejosa reclama la orden para que el directamente agraviado sea trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en esta ciudad a un diverso Centro de Reclusión del país. Ahora bien, en el caso, como se estableció en el considerando cuarto, dicho acto reclamado, conforme al artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presumió. En tales circunstancias, debe atenderse al contenido de la última parte de dicho numeral, que dispone que en caso de presunción de certeza del acto reclamado, queda a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de derechos humanos, sino que el estudio del mismo dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado, así como de los antecedentes del caso. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: 117.- (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de esta Ley. Pues bien, la orden de traslado reclamada, es un acto inconstitucional en sí mismo, entendiéndose por éstos, los actos que la autoridad no puede llevar a cabo en ningún caso. En efecto, con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Por ello, actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales, en particular a los jueces de ejecución en materia penal. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, de Octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. Asimismo, para evidenciar la transgresión a los derechos del quejoso, es oportuno preciar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, establece las siguientes premisas: Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Mientras que, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal, estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P./J. 20/2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontrarán las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que debe deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P./J. 20/2012, al que se ha hecho referencia, es del siguiente tenor: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos que merezcan pena privativa de la libertad, dará lugar a la prisión preventiva, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que en tratándose del traslado de reos de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es el Juzgador que la fijó. En este orden de ideas, si la orden de traslado reclamada fue emitida por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y no así por el juez o jueces ante los cuales se encuentra a disposición, que son las autoridades competentes para emitir dichos actos, es evidente que se trastoca en perjuicio del ahora inconforme el derecho humano contemplado en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe emanar de autoridad competente, requisito que, en la especie, no se cumple. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, deje insubsistente la orden de traslado que dictó en contra del quejoso ***************. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***************, en los términos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano