Uriel Alexi Landa Zaragoza

Expediente 398/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
398/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
25/07/2016

Partes del expediente

  • Uriel Alexi Landa Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el trece de mayo de dos mil dieciséis, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, de la Supervisora Regional Zona Norte de la Fiscalía en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, Fiscal General del Estado, Director de la Policía Estatal Única del Estado de Chihuahua y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, a quienes les reclamó la orden de traslado y su respectiva ejecución. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de doce de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el juicio el amparo 398/2016-II, se solicitaron los informes con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la orden de traslado, así como su respectiva ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Conforme a la técnica que rige en el juicio de amparo, en toda sentencia, en primer lugar, el tribunal debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso (certeza), lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia que se actualicen en el particular, y sólo en caso de que ninguna de ella resulte procedente, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de la existencia de los actos reclamados, lo que se reitera, conducirá al examen de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, sería posible estudiar el asunto en cuanto al fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 76, de abril de 1994, página 68, del siguiente tenor: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En el caso, al rendir sus respectivos informes justificados, la Supervisora Regional Zona Norte de la Fiscalía en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, Fiscal General del Estado, Director de la Policía Estatal Única del Estado de Chihuahua, negaron la existencia del acto que se les atribuyó, consistente en la orden de traslado y su ejecución. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, fue omiso en rendir su informe justificado, pese a que existe constancia en autos de que fue debidamente requerido para ello foja 63 de autos. Ante esa omisión, debería presumirse la certeza de los actos que se le atribuyeron; sin embargo, tal presunción se desvirtúa con los informes que rindieron las diversas autoridades responsables de esta entidad. En efecto, el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, informó que el impetrante se encuentra interno en el centro penitenciario a su cargo y que no se le ha girado la instrucción de ejecutar alguna orden de traslado sobre la persona de aquél; de la misma manera, el Supervisora Regional Zona Norte de la Fiscalía en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, Fiscal General del Estado, Director de la Policía Estatal Única del Estado de Chihuahua, también negaron haber emitido orden de traslado alguna. En esa medida, si dichas autoridades negaron la existencia del traslado respectivo, es inconcuso que se desvirtúa la presunción de certeza que derivó de la omisión de rendir informe en que incurrió el citado Comisionado, máxime que el quejoso se encuentra a disposición de las autoridades estatales y no federales, como el propio quejoso lo señaló en su demanda de amparo, al referir -bajo protesta de decir verdad- que fue sentenciado por un Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos; de ahí que resulte inexistente la orden de traslado reclamada. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, materia administrativa, página 285, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. SE DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA SI EL ACTO RECLAMADO NO EXISTE. Cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, debe sobreseerse en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, aun cuando opere la presunción de certeza derivada del artículo 149 del propio ordenamiento legal en cita por haber omitido las autoridades responsables rendir su informe justificado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *******, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis, y con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado *******, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en autos el informe justificado de la autoridad foránea señalada como responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, ni el acuse de recibo del oficio en el que se le solicitó, así como que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la referida audiencia, pues no puede considerarse que la autoridad responsable haya sido omisa, toda vez que del propio estado de los autos, no se advierte que ya hubiere sido requerida para rendir tal informe, ya que no obra el acuse de recibo del oficio por el que le fue solicitado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en autos el informe justificado de la autoridad foránea señalada como responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, ni el acuse de recibo del oficio en el que se le solicitó, así como que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la referida audiencia, pues no puede considerarse que la autoridad responsable haya sido omisa, toda vez que del propio estado de los autos, no se advierte que ya hubiere sido requerida para rendir tal informe, ya que no obra el acuse de recibo del oficio por el que le fue solicitado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.*cnv

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Director de la Policía Estatal Única del Estado de Chihuahua; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe. *cnv

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