Ulises César Fuentes Esperón

Expediente 1019/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1019/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • Ulises César Fuentes Esperón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio y anexo que envía la Secretaria de acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, mediante el cual envía el juicio de amparo *******, promovido por ******* así como el testimonio de la resolución emitida por ese órgano, en la que declaró infundado el recurso de queja, promovido en contra del auto en que se desechó la demanda en el presente juicio de amparo. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el libro que corresponda, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente cuadernillo es un expediente auxiliar, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, en contra del auto en que se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. 1Toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa se encuentra ubicado en las oficinas del quinto piso, ala norte, de la**************, **************, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, en la Ciudad de México, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda, notifique personalmente el contenido del presente acuerdo al quejoso **************, en su carácter de Director de Asuntos Penales "A", de la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública Una vez hecho lo anterior, devuelva la comunicación oficial correspondiente, con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, se tiene a la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remitiendo el juicio de amparo juicio de amparo ****/2016, del índice de dicho juzgado, en virtud de que su Titular determinó carecer de competencia legal para conocer de dicho asunto y declinándola al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, que resultó ser el que suscribe. Pues bien, ya que las consideraciones esgrimidas por el Juez Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se estiman acertadas y se comparten, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada, por lo que regístrese el juicio de amparo bajo el número que le corresponda, realícense los registros correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y comuníquese esta determinación al Juez declinante. Ahora bien, analizada la demanda de amparo remitida, se advierte que la parte quejosa es el Director de Asuntos Penales "A" de la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, persona moral oficial que reclama del Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad y de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Sexta Agencia Investigadora, sistema tradicional, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: El acto de autoridad se hace consistir en LA INDEBIDA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL emitida por el Mtro. ********, Delegado Estatal en noviembre del año en curso, conforme se acredita con el acuse de recibido que se adjunta para pronta referencia y conforme a los antecedentes y hechos o abstenciones, que a continuación se exponen. Asimismo, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, narró lo siguiente: 1.- El 28 de octubre de 2015, mediante oficio número *********/2015 de 20 del citado mes y año, esta Secretaría de la Función Pública presentó denuncia de hechos en contra del C. **********, a quien con motivo de la evolución y verificación a su patrimonio durante los ejercicios 2003 a 2006, se detectó que obtuvo ingresos superiores a sus percepciones como servidor público del Servicio de Administración Tributaria en la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, consistentes en depósitos bancarios a una cuenta a su nombre, así como los destinados a la adquisición de un inmueble, calculados por la Dirección Contable de Verificación Patrimonial de esta Secretaría, en el monto total de $************ (********** PESOS 01/100 M.M.), cuyo origen lícito hasta el momento se desconoce. 2.- En el apartado de antecedentes de la denuncia se destacó que el 15 de noviembre de 2013, la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial, mediante oficio No. DG*********/2013, citó al C. **********, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara las aclaraciones pertinentes, haciéndole saber las incongruencias que le fueron detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio durante los años de 2003 a 2006, comparativamente con la información proporcionada en sus declaraciones anuales de modificación patrimonial, presentadas en relación a esos ejercicios, Oficio citatorio notificado el 21 de noviembre de 2013, a fin de que se presentara las aclaraciones a las oficinas de esta Secretaría dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la recepción de dicho documento. Toda vez de no haber comparecido a la cita el inculpado dentro del plazo legal que le fue concedido por la autoridad verificadora de la Secretaría de la Función Pública, el cual feneció el 15 de junio de 2015, mediante acuerdo de 19 de junio de 2015, se tuvo por perdido el derecho de **********. Para realizar las aclaraciones en relación al origen de su patrimonio y presentar los elementos de prueba correspondientes. Del análisis patrimonial a los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, la Dirección Contable de Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, emitió un "Análisis Contable Financiero" de fecha 31 de agosto de 2015, en el cual concluyó en un monto no aclarado por el citado servidor público, de $********* PESOS 01/100 M.N.), durante el ejercicio 2003, integrado por depósitos en una cuenta bancaria no reportada y la adquisición de un inmueble no reportado, superior a los ingresos percibidos en ese ejercicio por el servidor público. 3.- Con motivo de la denuncia de hechos se inició la Averiguación Previa número **********/2015, radicándose en la Mesa XXVI-DDF de la Delegación en el Distrito Federal de la Procuraduría General de la República. 4.- Mediante oficio número *******/2015 de fecha 14 de diciembre de 2015, el Delegado en el Distrito Federal de la Procuraduría General de la República, autorizó la declinación de competencia de la indagatoria al estado de Chihuahua, en razón del territorio en que ocurrieron los hechos ilícitos denunciados por esta Secretaría. Averiguación previa remitida con el oficio No. ********/2016, signada por la Lic. Norma Angélica Rendón Luna, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XXVI-DDF. 5.- Con fecha 01 de marzo de 2016, la Agencia Sexta Investigadora del Sistema Tradicional, se dio por recibido el oficio número SSP"A"/189/2016, suscrito por el Licenciado **********, Subdelegado de Procedimientos Penales "A", Delegación Estatal Chihuahua, mediante el cual remite la indagatoria A*********/2015, para seguir conociendo del asunto, asignándosele el diverso número de averiguación previa A.P./PGR/CHIH/JUA/VI/**/2016. 6.- No obstante lo anterior, en diligencia de fecha 29 de junio de 2016, en la mesa II de exhortos de la Delegación en Distrito Federal de la Procuraduría General de la República, y en atención al oficio No. EXH/MII/179/2016 de 16 de junio del año en curso, recibido el 20 del mes y año citados, se notificó de la determinación ministerial por la cual se Consulta el No Ejercicio de la Acción Penal respecto del delito de Enriquecimiento Ilícito denunciado contra del C********* 7.- El 13 de julio de 2016, formulé inconformidad en términos del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que fue enviada al día siguiente mediante correo certificado a la Lic. Silvia Hernández Ortiz, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Agencia Sexta Investigadora del Sistema Tradicional en Ciudad Juárez, Chihuahua, conforme se acredita con la copia del correo con código de barras "MN584619298MX" y sello de la oficina de correos "San Ángel" del 14 de julio de 2016. 8.- Es el caso que mediante oficio número ********/2016 de 3 de noviembre de 2016, recibido por la Unidad de Asuntos Jurídicos el día 8 del citado mes y año, el Secretario Técnico de la oficina del Delegado Estatal en Chihuahua, hizo del conocimiento de que en fecha veintinueve de julio del presente año se autorizó el No Ejercicio de la Acción Penal en la averiguación previa AP/PGR/CHIH/JUA/**/2016, a través del oficio folio 409 suscrito Mtro. *********, Delegado Estatal en Chihuahua. Anexo acuse de recibido. Antes de continuar, es necesario reiterar que en el asunto que nos ocupa, el acto de autoridad consistente en LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL emitida por el Mtro. Edgar Pineda Ramírez, Delegado Estatal en Chihuahua, fue notificada a esta dirección el 8 de noviembre del año en curso, emitida con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 10 fracción VII y 11 fracción II inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 102 y 103 del Reglamento de la citada Ley Orgánica (.). Pues bien, de lo anterior se desprenden los siguientes hechos: El Director de Asuntos Penales "A" de la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, con residencia en la Ciudad de México, denunció ante la Representación Social de la Federación, hechos que consideró probablemente ilícitos, consistentes en la detección de ingresos por un monto de $******** 01/100) y la adquisición de un bien inmueble, en una cuenta bancaria y patrimonio de** *******, servidor público adscrito al Servicio de Administración Tributaria, precisamente a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, que no corresponden con los ingresos que percibió con motivo del desempeño de su cargo, esto durante los años dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil cinco y dos mil seis; Con motivo de tal denuncia, se inició la averiguación previa ******PP, en la Mesa XXVI-DDF de la Delegación de la Procuraduría General de la República, en el Distrito Federal, registrada posteriormente como A.P./PGR/CHIH/JUA-VI/**/2016, en la Agencia Sexta Investigadora del Sistema Tradicional, de la Delegación en el Estado de Chihuahua, de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad; A la postre, se consultó el no ejercicio de la acción penal por los hechos denunciados, en contra de ********; y, Con motivo de la inconformidad que formuló la autoridad ahora quejosa en contra de la anterior determinación, mediante oficio *****/2016, de tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Secretario Técnico de la oficina del Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República, le informó que el Delegado autorizó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa A.P./PGR/CHIH/JUA-VI/**/2016. En atención a lo precisado, se tiene que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 7º. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Es decir, que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando se actualice una causal de improcedencia que, sin estar prevista en el catálogo contenido en el artículo 61 de la Ley de Amparo, sí derive de la propia Ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, conforme al citado artículo 7º de la Ley de la materia, para que una persona moral pública, como lo es la aquí quejosa, pueda acudir al juicio de amparo, es necesario que se verifiquen dos condiciones: Que la norma general, acto u omisión de autoridad, afecten su patrimonio, y Que dicha afectación derive de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Sin embargo, en el caso, no se surte ninguna de dichas hipótesis. A efecto de demostrar lo anterior, en principio, se considera necesario indicar que conforme al artículo 21, segundo párrafo, Constitucional, corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal y por lo tanto, también la determinación de no ejercer acción penal; además, como ya se precisó, las personas morales oficiales pueden acudir al juicio amparo si se actualizan los supuestos ya precisados, lo que se corrobora tomando en cuenta que, conforme a los artículos 5º, fracción I, último párrafo y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, las víctimas del delito u ofendidos, o quienes tengan derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, pueden promover juicio de amparo en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal. Lo anterior es congruente con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen la premisa fundamental de que este medio de control constitucional y convencional, tiene como finalidad, entre otras, proteger los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Medio extraordinario de defensa que, atendiendo al artículo 1º, primer párrafo, Constitucional, está al alcance de todas las personas que se encuentren en territorio nacional y que se vean afectados en sus derechos humanos o garantías relativas, por actos de autoridades mexicanas o de facto, esto es, particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; y, sólo excepcionalmente el propio Estado podrá ocurrir en solicitud de amparo, como ya se mencionó, cuando la persona moral específica se vea afectada en sus intereses patrimoniales y actúe en un plano de igualdad respecto del gobernado. Indicado todo lo anterior, se tiene ahora que, como también ya se mencionó, efectivamente la determinación de la Representación Social de no ejercer acción penal, puede ser sometida a control jurisdiccional, con el evidente propósito de garantizar los derechos humanos de las víctimas y la protección de la sociedad, evitando así que algún hecho ilícito quede sin persecución sin justificación alguna. Sin embargo, conforme a todo lo expuesto, cuando una persona moral oficial, haga uso de este medio de defensa constitucional y convencional, es necesario, se insiste, que se afecten sus intereses patrimoniales y que no actúe con facultades de imperio, sino como persona de derecho privado, capaz de participar en una relación de naturaleza civil de la que deriven derechos y obligaciones. De tal consideración, deriva un diversa en el sentido de que el Estado tiene una doble personalidad, una conforme a la cual actúa soberanamente imponiendo sus decisiones a la voluntad de los particulares, esto es, ejerciendo su facultad de imperio; y, otra, cuando se coloca en una situación análoga a la de un particular, como ya se dijo, capaz de adquirir derechos y obligaciones y es sólo bajo este segundo supuesto, que puede acudir al juicio de amparo, reclamando una afectación a su patrimonio. En este caso particular, el Director de Asuntos Penales "A" de la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, desde luego que al denunciar los hechos ya descritos ante la Representación Social Federal, actuó con facultades de imperio, precisamente después de realizar una investigación contable respecto del patrimonio del funcionario indicado y con la misma calidad, acude a promover el juicio de amparo. En efecto, no se tiene noticia de que los ingresos y el bien inmueble que se detectaron en el patrimonio del mencionado funcionario del Servicio de Administración Tributaria, hayan sido extraídos, precisamente, del patrimonio de la Secretaría de la Función Pública, pues ni el dictamen contable que se practicó arrojó tal conclusión, sino que, evidentemente, la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de autoridad, precisamente la conferida en la fracción XVI, del artículo 37, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, localizó la incongruencia señalada entre las declaraciones patrimoniales del funcionario mencionado y sus ingresos como integrante del Servicio de Administración Tributaria. Además, tales ingresos en numerario y el bien inmueble que se detectaron en el patrimonio del funcionario de referencia, no forman parte del patrimonio privado del Estado en su carácter de persona moral, dado que no están contemplados en el catálogo de bienes nacionales descritos en el artículo 3º de la Ley General de Bienes Nacionales que, taxativamente determina qué bienes conforman el patrimonio nacional. Por lo tanto, la denuncia interpuesta ante el agente del Ministerio Público por la institución ahora quejosa, es un acto de ejercicio de poder público, de la facultad de imperio con que cuenta como autoridad respecto de los gobernados, pues esa facultad le es expresamente conferida por el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y en los mismos términos promueve este juicio de amparo, pues no demostró afectación alguna al patrimonio de la Secretaría a la que pertenece, ni encontrarse en una relación de coordinación, no de supra-subordinación, frente al denunciado. Así pues, el Director de Asuntos Penales "A" de la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, no tiene facultades para promover este juicio de amparo y en consecuencia, como se anunció, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 7º, de la Ley de Amparo, por lo que, conforme los numerales 112 y 113 de la propia Ley, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta. En apoyo a lo anterior, por identidad de razones, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 109/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia Penal, Novena Época y número de registro 176988, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. El juicio de amparo es el medio de defensa a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos arbitrarios del poder público; excepcionalmente las personas morales oficiales pueden hacer uso de dicho medio, siempre y cuando el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9o. de la ley de la materia. En ese tenor, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su función recaudadora, advierte que algún contribuyente presuntamente incurrió en la comisión de un delito en perjuicio del fisco federal y formula la querella correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Federación y éste determina el no ejercicio de la acción penal, no se surte la hipótesis prevista en el citado precepto y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que deberá sobreseerse en el juicio de garantías, conforme al numeral 74, fracción III, de la ley mencionada. Lo anterior es así en virtud de que la determinación de la representación social no afecta el patrimonio del Estado, toda vez que las contribuciones que supuestamente dejaron de enterarse al fisco no forman parte del patrimonio de la citada secretaría, pues éstas no se prevén en el catálogo de derechos y bienes que conforman el patrimonio nacional contenido en la Ley General de Bienes Nacionales. Además, la comparecencia de dicha secretaría ante el Ministerio Público y posteriormente ante los órganos jurisdiccionales a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, no la llevaría a cabo como particular, sino en su carácter de autoridad fiscal y al amparo del imperio y facultades concedidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el reglamento interior de la aludida secretaría. En otro orden, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamente en los numerales 12 y 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando en los términos propuestos a los profesionistas que refiere. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

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