Ulises Romero Tellez
Expediente 605/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ulises Romero Tellez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, téngase recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos en Materia Penal del Noveno Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, dictada en los autos del conflicto competencial 01/2022; acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, agréguense los antecedentes para que obren como correspondan y estese a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en cuyo punto resolutivo dice: "PRIMERO. Existe conflicto de competencia entre la Jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, para conocer de la demanda de amparo promovida por ... SEGUNDO. Es competente para seguir conociendo del juicio de amparo 373/2021-10 promovido por ..., la Jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, de conformidad con las razones expuestas en el considerando cuarto de esta ejecutoria. TERCERO. Remítanse los autos a dicho órgano jurisdiccional; y, comuníquese esta ejecutoria a la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULA DE EXPEDIENTE. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es destruible, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, ante Rosalba Izaguirre Arellano, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, por el cual informa a este Juzgado de Distrito que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mismo que se registró con el número de toca 1/2022 y acusa recibo del oficio 38692/2021 mediante el cual se le remitió el expediente principal para la resolución del citado conflicto competencial; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y anexos que al mismo acompaña, derivados del juicio de amparo 373/2021-10 de su índice, promovido por ... contra actos del Juez de Control en el Nuevo Sistema Penal del Centro Integral de Justicia, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, y otras autoridades; ello en razón de que mediante resolución de tres de noviembre dos mil veintiuno, dicho juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y declinó la misma a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, correspondiendo por razón de turno a este juzgado Federal. REGISTRO. En consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 605/2021-I-D, acúsese el recibo de estilo correspondiente y provéase lo conducente a la competencia declinada. Ahora, de la resolución de tres de noviembre dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad de mismo nombre, se advierte que declaró carecer de competencia para conocer del aludido juicio de amparo 373/2021-10 de su índice, promovido por ..., en virtud de que el quejoso reclama la orden de aprehensión, detención o cualquiera restrictiva de la libertad, dictada en su contra, cuya existencia aceptó la autoridad señalada como responsable Juez de Control Comisionado al Centro de Justicia Penal, Sala Base, Tancanhuitz, San Luis Potosí, en virtud de haber librado orden de aprehensión en contra del quejoso el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal RIV-TZ/EXP-03/2021, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, por lo que en su opinión corresponde conocer a este juzgado federal del citado juicio, conforme a la primera regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón de que es dentro de esta jurisdicción donde puede llegar a tener ejecución el acto reclamado, no obstante que el promovente del amparo refirió que su domicilio se encuentra en calle Mariano Matamoros 170, interior 13 en la ciudad de San Luis Potosí. Argumenta lo anterior porque dice la indicada autoridad federal que no está demostrado que el quejoso tenga su domicilio en dicho lugar, ya que también acompañó al escrito inicial de demanda una copia simple de la credencial para votar, expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, en la que aparece como su domicilio el ubicado en C 2ª de Pedro Antonio de los Santos 6, Colonia Centro 79850, Tampamolón Corona, San Luis Potosí, asimismo exhibió un recibo de servicio de agua, con la dirección indicada en su demanda de amparo, pero a nombre de diversa persona, de ahí que estima no hay certeza de donde ubica su domicilio el quejoso. De igual modo respecto a la certeza del acto reclamado realizado por parte de las diversas responsables ejecutoras Fiscal General del Estado y Comisarios de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, refiere que ello no condiciona que su ejecución ocurrirá en la ciudad de San Luis Potosí, pues por cuanto hace al primero, el cumplimiento del mandamiento, no se encuentra dentro de sus facultades, y de la segunda refirió que la ejecución de mandamientos no la desempeña materialmente el titular de la dependencia, sino a través de los elementos que determina su estructura. Asimismo, presumió la certeza del acto reclamado a la autoridad responsable ejecutora Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Investigadora en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, por haber sido omisa en rendirlo. Por lo que argumenta, que al no existir la certeza del domicilio que inicialmente señaló el quejoso en su demanda, consideró que el criterio que debe imperar para determinar la competencia para conocer de dicho mandato de captura es el del juez que libró la orden de aprehensión, robustecido ese argumento con la probable presunción de certeza de la ejecución de ese acto por parte del Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Investigadora en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, ante la falta de rendición del informe justificado. Por lo que concluyó que si el acto reclamado fue emitido por el Juez de Control Comisionado al Centro de Justicia Penal, Sala Base, Tancanhuitz, San Luis Potosí, la ejecución del mismo ocurrirá en ese Municipio. Empero, respetuosamente se precisa que no se comparte el criterio sostenido por la juez declinante, por las siguientes razones: Del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda. Ahora, si en el artículo 37, de la Ley de Amparo, se dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, o bien, donde trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, es inconcuso que en el caso se actualiza dicha hipótesis. Ello es así, pues, aún cuando como bien señala la juzgadora federal, no es suficiente que el quejoso haya señalado como su domicilio uno ubicado en San Luis Potosí y que tampoco se aprecia una prueba suficiente e idónea para acreditar que efectivamente ocupa ese domicilio, para estimar que ahí necesariamente se va ejecutar el acto reclamado, lo cierto es que, en el caso también debe atenderse a que el quejoso bajo protesta de decir verdad, refirió que fue en el domicilio ubicado en aquella ciudad, donde según indicó, actualmente vive, en que los elementos policiacos efectuaron su búsqueda, y esa manifestación encuentra apoyo en la certeza que de la ejecución del mandamiento de captura, aceptaron tanto el Fiscal General del Estado, como el Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, pues con independencia de que los titulares, no ejecutan los mandamientos de captura de manera directa, como bien se refirió, ello se lleva a cabo por los agentes a cargo, sobre todo, de la segunda de las nombradas, de manera que el titular de esa corporación policiaca aceptó que se le encomendó su ejecución, y la misma ejerce sus funciones en San Luis Potosí, de ahí que ello aporta un indicio de que en esa Ciudad, como bien señaló el quejoso, trata de ejecutarse el acto reclamado. Tanto más, que el resto de las autoridades ejecutoras con sede en diversos municipios negaron el acto de ejecución atribuido, y solamente respecto de la autoridad policíaca con residencia en Tanquian de Escobedo, es que la juez federal presumió la certeza de su intervención en la ejecución del mandamiento, sin embargo, las autoridades ejecutoras con residencia en San Luis Potosí, expresamente aceptaron el acto a ellas atribuido, de ahí que a juicio de la suscrita, es en aquella Ciudad que pretende ejecutarse el mandamiento de captura, actualizándose entonces la competencia en favor de la juez declinante. Ahora, atendiendo incluso a los señalamientos de la Juez Federal, respetuosamente se precisa que es cierto que no está demostrado de manera fehaciente el domicilio del quejoso en San Luis Potosí, pues éste aportó un recibo de servicio de agua a nombre de diversa persona, y una credencial de elector donde aparece un domicilio en Tampamolón Corona, y que respecto de una autoridad ejecutora con residencia en Tanquian de Escobedo, se presumió la certeza de la ejecución que del mandamiento se le reclama, y además a que las autoridades ejecutoras con residencia en San Luis Potosí, donde refirió el quejoso se efectuó su búsqueda, aceptaron el acto de ejecución a ellas atribuido, lo más podría llevar a concluir es que la orden de referencia, puede ejecutarse, tanto en San Luis Potosí, como en Tampamolón Corona, en Tanquián de Escobedo o en Tancanhuitz donde reside la autoridad que emitió el mandamiento, y en ese supuesto, es competente para conocer del asunto la autoridad que previno, en el caso, la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, pues con ello se actualiza el supuesto del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues en caso de desestimarse la hipótesis señalada en primer término, de acuerdo al propio precepto, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en varios distritos, el juez de Distrito competente lo será aquel ante quien se presente la demanda; y es inconcuso, que en la especie se actualiza dicha hipótesis En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por el quejoso, se advierte refiere que el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se presentaron en su domicilio particular ubicado en Mariano Matamoros número 170, interior 13, de la Ciudad de San Luis Potosí, unos agentes de la Policía Ministerial Investigadora de esa ciudad de San Luis Potosí, intentando localizarlo, con el fin de privarlo de su libertad personal, argumentado a sus familiares que los atendieron, que existía en su contra una orden de aprehensión librada por un Juez de Control pues estaba involucrado en hechos con apariencia de delito y que por esa razón se le había librado el citado mandamiento, la cual traían en su poder, sin mostrarla. En ese tenor, este juzgado de Distrito no resulta competente para conocer de la demanda de amparo, en razón a que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que la orden de captura reclamada pretende ejecutarse en la ciudad de San Luis Potosí, lugar en el cual las autoridades que señaló como responsables ejecutoras, tienen competencia. Además, se reitera, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y siguiera ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presentó la demanda, lo cual aconteció en el Juzgado con sede en la ciudad de San Luis Potosí, y no en el ubicado en esta ciudad, por lo que respetuosamente se considera que la legalmente competente para conocer del juicio de amparo de que se trata, lo es la Jueza de Distrito declinante. Así es, porque el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, girada en contra del quejoso -según lo referido por éste-, son actos que requieren de ejecución; por tanto, acorde a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, si en la demanda el quejoso aseguró, bajo protesta de decir verdad -requisito formal de la demanda-, que a su domicilio particular ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, se presentaron agentes ministeriales, con la finalidad de detenerlo o aprehenderlo, y las autoridades policiacas del mismo lugar aceptaron ese acto de ejecución, ese lugar corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve la demanda, como en el caso, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado. De lo expuesto se obtiene, que los actos reclamados trataron de ejecutarse en esta ciudad de San Luis Potosí, por lo que, con independencia del lugar donde tengan origen esos actos, lo cierto es, que esos mandamientos se han pretendido ejecutar en la mencionada demarcación, conforme a los antecedentes de la demanda previamente reproducidos, en los que el quejoso narró que en la fecha que precisó, se presentaron en su domicilio particular unos agentes de la Policía Ministerial Investigadora de esa ciudad de San Luis Potosí, sin que ello se encuentre desvirtuado, antes bien, encuentra apoyo en los informes rendidos por las autoridades ejecutoras con residencia en San Luis Potosí. Lo anterior al margen de que la credencial de elector, es una prueba insuficiente para sostener que el quejoso tiene su domicilio en un lugar diverso al señalado en su demanda, C 2ª de Pedro Antonio de los Santos 6, Colonia Centro 79850, Tampamolón Corona, San Luis Potosí; pues para su expedición la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio, pues basta la simple manifestación del interesado, por lo que resulta evidente que ese medio per se es ineficaz para comprobar esa circunstancia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 986, Novena Época, Materias(s): Civil, con registro digital 167262, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Se reitera, máxime porque las autoridades responsables ejecutoras con sede en la jurisdicción de esta autoridad y que son: Policía "C" Certificado, Encargado de Grupo del Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí, adscrito a la Subdirección de Zona Huasteca Norte de la Dirección General de Métodos de Investigación, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Además, contrario a lo que estima la juez declinante, el hecho de que el Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Investigadora en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, por ser omisa se le presumió la certeza del acto a ella atribuido, sea razón suficiente para a acreditar tal extremo a favor de este órgano jurisdiccional. De lo anterior, se advierte que la orden de aprehensión que reclama el quejoso, se pretende ejecutar en la ciudad de San Luis Potosí y no como aduce el juez oficiante como hecho notorio en el diverso ubicado en C 2ª de Pedro Antonio de los Santos 6, Colonia Centro 79850, Tampamolón Corona, San Luis Potosí; por tanto, este juzgado no acepta la competencia planteada, ello, en virtud de que el artículo 37 de la Ley de Amparo, refiere que el juez competente será el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, como en el caso acontece, asimismo, cita que si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, la cual fue presentada en el Estado de San Luis Potosí y no en esta ciudad, motivo por el cual esta juzgadora no comparte las consideraciones vertidas por la juez declinante, por tanto no se acepta la competencia, lo anterior por los razonamientos antes expuestos. En esa tesitura, respetuosamente se estima que la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, debe continuar conociendo del asunto, por ser el juez competente del lugar o jurisdicción territorial en donde tiene ejecución el acto reclamado y quien previno el expediente en que se actúa. Es aplicable al caso concreto, pero a favor de la opinión de este órgano jurisdiccional, el criterio que cita la autoridad declinante contenido en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Registro digital: 2004166, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En mérito de lo expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, respetuosamente precisa que no acepta la competencia que se plantea para conocer del juicio 373/2021-10, promovido por Ulises Romero Téllez, contra actos del Juez de Control Comisionado al Centro de Justicia Penal, Sala Base, Tancanhuitz, San Luis Potosí y otras autoridades. Mediante oficio que al respecto se gire, hágase esta circunstancia del conocimiento de la juez declinante, adjuntándole los autos del mencionado juicio, previa copia certificada que se obtenga, solicitando el acuse de recibo respectivo. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia.
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