Valentín Martínez Rodríguez

Expediente 204/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
204/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Valentín Martínez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 204/2018-II-JC, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Finalmente, toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que recoja tal documento dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo, ello con fundamento en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, el documento correrá la misma suerte que este expediente.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, a LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 204/2018-II-JC, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Finalmente, toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que recoja tal documento dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo, ello con fundamento en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, el documento correrá la misma suerte que este expediente. "

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de seis de junio de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Téngase recibido el escrito signado por ****************** por el cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, y al efecto precisa que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo la promueve únicamente por su propio derecho, así como que la relación que guarda con la asociación señalada como autoridad responsable, lo es como miembro activo de la misma. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ****************** contra actos del Presidente de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, asociación civil, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 8 y 14 Constitucionales; la cual registro su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 204/2018. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente de la Asociación responsable la omisión de dar contestación a la petición realizada mediante escrito recibido por la citada Asociación el veinte de marzo de dos mil dieciocho. De lo puntualizado, este órgano de control constitucional advierte opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción segunda del numeral 5 de la ley en cita, se establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que no todos los actos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplan las características precisadas, esto es, aquellos que afecten directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, e impuestos contra y sobre su voluntad y que, por su naturaleza, pueda exigirse su cumplimiento. Resulta de aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, materia común, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis I.1o.A.13 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 4, marzo de 2014, tomo II, página 1887, que dice: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule." Lo anterior es así, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión en que ha incurrido el Presidente de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, asociación civil, en dar contestación a la petición realizada mediante escrito recibido por dicha asociación el veinte de marzo de dos mil dieciocho, acto que no deriva de una relación de supra a subordinación jurídica establecida con el gobernado y la autoridad que señala como responsable, sino que tal actuar tiene su base en una relación de coordinación entre los miembros de la asociación a la que refiere pertenecer como miembro, esto es, una relación lineal o de coordinación entre la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, asociación civil y el aquí quejoso, y al ser esto así, dicha asociación no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por no tener las características que se han señalado, pero esencialmente por que, para alcanzar sus fines requiere acudir a los órganos jurisdiccionales, al no tener facultades de imperio. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia clave P./J.42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XII, abril 2001, página 126, cuyo rubro y texto dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De ahí que, si la omisión del Presidente de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, asociación civil, en dar contestación a la petición realizada mediante escrito recibido por la misma el veinte de marzo de dos mil dieciocho, deriva de una relación de coordinación entre la asociación y sus miembros, pues el disidente dijo pertenecer a ella, por lo que, su situación se rige por los estatutos y normas del derecho privado, lo que hace innegable la actualización de la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o, último párrafo, 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. No impide la anterior conclusión lo dispuesto en los artículos 1o, último párrafo, en correlación con el numeral 5o, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los que se dispone que el juicio constitucional procede contra actos de particulares, pues la procedencia de dicha hipótesis está condicionada a que éstos actúen como autoridades, lo que no ocurre, pues como se dijo, la relación de la que deriva la omisión reclamada, se ubicó en un plano de coordinación. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. "

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Téngase recibido el escrito signado por ****************** por el cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, y al efecto precisa que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo la promueve únicamente por su propio derecho, así como que la relación que guarda con la asociación señalada como autoridad responsable, lo es como miembro activo de la misma. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ****************** contra actos del Presidente de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, asociación civil, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 8 y 14 Constitucionales; la cual registro su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 204/2018. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente de la Asociación responsable la omisión de dar contestación a la petición realizada mediante escrito recibido por la citada Asociación el veinte de marzo de dos mil dieciocho. De lo puntualizado, este órgano de control constitucional advierte opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción segunda del numeral 5 de la ley en cita, se establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que no todos los actos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplan las características precisadas, esto es, aquellos que afecten directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, e impuestos contra y sobre su voluntad y que, por su naturaleza, pueda exigirse su cumplimiento. Resulta de aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, materia común, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis I.1o.A.13 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 4, marzo de 2014, tomo II, página 1887, que dice: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule." Lo anterior es así, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión en que ha incurrido el Presidente de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, asociación civil, en dar contestación a la petición realizada mediante escrito recibido por dicha asociación el veinte de marzo de dos mil dieciocho, acto que no deriva de una relación de supra a subordinación jurídica establecida con el gobernado y la autoridad que señala como responsable, sino que tal actuar tiene su base en una relación de coordinación entre los miembros de la asociación a la que refiere pertenecer como miembro, esto es, una relación lineal o de coordinación entre la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, asociación civil y el aquí quejoso, y al ser esto así, dicha asociación no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por no tener las características que se han señalado, pero esencialmente por que, para alcanzar sus fines requiere acudir a los órganos jurisdiccionales, al no tener facultades de imperio. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia clave P./J.42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XII, abril 2001, página 126, cuyo rubro y texto dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De ahí que, si la omisión del Presidente de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, asociación civil, en dar contestación a la petición realizada mediante escrito recibido por la misma el veinte de marzo de dos mil dieciocho, deriva de una relación de coordinación entre la asociación y sus miembros, pues el disidente dijo pertenecer a ella, por lo que, su situación se rige por los estatutos y normas del derecho privado, lo que hace innegable la actualización de la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o, último párrafo, 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. No impide la anterior conclusión lo dispuesto en los artículos 1o, último párrafo, en correlación con el numeral 5o, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los que se dispone que el juicio constitucional procede contra actos de particulares, pues la procedencia de dicha hipótesis está condicionada a que éstos actúen como autoridades, lo que no ocurre, pues como se dijo, la relación de la que deriva la omisión reclamada, se ubicó en un plano de coordinación. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano