Ulises Cabrera Gallegos

Expediente 528/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 38 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
528/2022
Año
2022
Actuaciones
38
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Ulises Cabrera Gallegos
  • Director General de Prevención y Reinserción Social de San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos: Acuse de recibo signado vía correo electrónico por la Agente del Ministerio Público para Conocer de Asuntos Relacionados en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el acuse de recibo del oficio 13377/2023, a través del cual, le fueron devueltas las constancias remitidas en cumplimiento del fallo emitido en el presente juicio de amparo. Devolución del expediente al archivo. Finalmente, como se encuentra ordenado en autos, devuélvase al archivo el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Análisis del cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes, mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la suscrita procede a dictar de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si las autoridades incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, en su resolutivo segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1.- El Fiscal General de Justicia del Estado, en el ámbito de la competencia que le es propia, de manera inmediata, se avoque a la investigación de los hechos precisados por el quejoso********************, quien afirma que al momento de su traslado del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, al centro de reclusión en Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue objeto de diversos actos que se estiman como constitutivos de tortura y malos tratos. Investigación (independiente, imparcial y meticulosa) que tendrá como finalidad determinar la veracidad, el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal del indicado disidente, e identificar y procesar a las personas responsables, en caso de que logre demostrarse que los hechos ocurrieron en realidad. En la inteligencia de que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de tener cumplido el presente fallo, la indicada autoridad deberá informar las actuaciones realizadas para llevar a cabo la investigación encomendada, señalar la fiscalía encargada de la investigación, así como que se inició la carpeta de investigación relativa. Sustenta lo anterior la tesis 1a. LVII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1425, libro 15, febrero de dos mil quince, Tomo II, Décima Época, del rubro y contenido siguientes: "TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN." 2.- Que el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, emita una orden u oficio dirigido a los elementos a su cargo en el que se pronuncie en el sentido de que no se repetirán actos de tortura o de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional en contra del quejoso********************. 3.- Asimismo, deberán brindarse los tratamientos médicos y psicológicos que en su caso resulten procedentes, sin costo alguno para el quejoso, en la institución pública de salud que se determine en ejecución de sentencia, y para el caso de que no sea posible en instituciones públicas, será con cargo a las partidas presupuestales de la responsable las que deban cubrirse en instituciones de salud privadas que cuenten con los servicios necesarios para lograr dicha reparación. 4.- De haberse continuado con la investigación, y judicializado la misma, la presente sentencia como forma de reparación, deberá comunicarse a la instancia judicial competente, a fin de que quede enterada de su contenido, y en el ámbito de sus atribuciones, promueva lo conducente y excite a las partes procesales, a fin de que impuestos de todo lo actuado en este procedimiento constitucional, se determine lo que en derecho corresponda acorde a lo actuado por tales partes, y a lo que la legislación correspondiente prevea. Por auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en los presentes autos y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante promoción con número de registro 8920, la Vicefiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, presentó el acuse de recibo del oficio dirigido al Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos, en el que le solicita para que instruya al representante social que corresponda dé cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto. Por su parte, la Agente del Ministerio Público para conocer de Asuntos Relacionados en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, remitió el oficio FGE/D01/439322/08/2023, en el que informó haber iniciado la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/25281/22 en la plataforma Estratégica Interinstitucional de Justicia Penal del índice de esa Unidad contra Delitos de Trata de Personas y Tortura, en agravio de ********************, acompañando las constancias que integran tal indagatoria de la que se desprende, en lo que interesa, que mediante entrevista de trece de junio de dos mil veintitrés, ******************** negó su consentimiento para ser evaluado psicológicamente. Posteriormente, tanto el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, como el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí, respectivamente y mediante oficio, acompañaron los comunicados por los cuales se instruyó al Encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia, con atención a los Primeros Comandantes, Jefes, Subjefes de turno y Personal de Custodia Penitenciaria de dicho Centro, en el sentido de que no se repitan en contra del aquí quejoso los actos de tortura o de los señalados en el artículo 22 constitucional, así como el expediente médico de dicho disidente del que se desprende la atención médica recibida desde su ingreso al Centro Estatal de Reinserción Social de Tancanhuitz, San Luis Potosí. Manifestaciones de las partes. Ninguna de las partes desahogó la vista que se les dio con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La suscrita Juzgadora estima que el fallo protector se encuentra cumplido. Lo anterior, en virtud de que en cumplimiento a lo solicitado por la Vicefiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la Agente del Ministerio Público para conocer de Asunto Relacionados en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, inició la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/25281/22 en la plataforma Estratégica Interinstitucional de Justicia Penal del índice de esa Unidad contra Delitos de Trata de Personas y Tortura, en agravio de ********************; y por su parte, el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí instruyó al Encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia, con atención a los Primeros Comandantes, Jefes, Subjefes de turno y Personal de Custodia Penitenciaria de dicho Centro, en el sentido de que no se repitieran en contra del aquí quejoso los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional; y el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí, remitió el expediente médico de dicho disidente del que se desprende la atención médica recibida desde su ingreso al Centro Estatal de Reinserción Social de Tancanhuitz, San Luis Potosí. Remitiendo copias de las documentales que acreditaron su dicho, las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2o, por haber sido emitidas en ejercicio de sus funciones. Conforme a lo anterior, las citadas responsables cumplieron cabalmente con el fallo protector. Exceso o defecto en la ejecución de la sentencia de amparo. Se considera que al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se incurrió en exceso o defecto en su ejecución. Conclusión. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental cuaderno principal. De conformidad con los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es conservable, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Temporalidad para transferencia. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el referido artículo 17, transfiérase el expediente de que se trata a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos indicados en el Capítulo Noveno del citado acuerdo. Cuaderno incidental. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a la valoración del cuaderno incidental, al no haber sido tramitado en este expediente. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Devolución de constancias. Toda vez que no son necesarias en el presente sumario constitucional, remítanse a la Agente del Ministerio Público para conocer asuntos relacionados en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí las constancias que exhibió en cumplimiento al fallo protector; solicitándole se sirva acusar recibo a la brevedad. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos el oficio 10689/2023, signado por el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre y anexos, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y los diversos con número de registro 8920, 8945, 9011, 9102, 9137 y 9299, así como sus anexos, dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encuentra localizada a foja 243, tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ......... Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa y fiscal adscrito.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Se informa adscripción de titular. Se hace del conocimiento de las partes procesales que mediante oficio SEADS/1941/2023, de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la Jueza Sandra Guzmán Gutiérrez a este órgano constitucional, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, de la Ley de Amparo y 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Se agrega oficio y anexos. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre y anexos que acompaña, y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, sin que sea necesario emitir mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidas las misivas condignas y se acordó lo conducente. Notifíquese.

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