Ulises Granados Baeza
Expediente 1175/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ulises Granados Baeza
- ULISES GRANADOS BAEZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, trece de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia Guanajuato capital, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja laboral 75/2022, en cuyo único punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En tales condiciones, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por lo que respecta al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales al citado órgano colegiado, toda vez que está integrado con copia de las constancias que integran este juicio, desincorpórense las constancias originales y glósense de forma consecutiva al expediente original; ordenándose la destrucción de las copias simples con que se formó tal cuaderno. ARCHIVO En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. ?VALORACIÓN: No es de relevancia documental. ?DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. ?EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: Obran documentos exhibidos por la parte quejosa, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Como se dijo, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que se autoriza su devolución desde este momento, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, a través del cual dicho órgano jurisdiccional informa que admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el desechamiento de demanda, contenido en auto de diecinueve de octubre del presente año. Asimismo, este juzgado se da por enterado de que el referido medio de impugnación quedó registrado con el número de recurso de queja 75/2022. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA Téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101, del referido ordenamiento legal, a través del presente acuerdo la suscrita rinde informe con justificación, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniendo su legalidad; auto que deberá acompañarse al oficio correspondiente con las firmas electrónicas de las funcionarias que lo suscriben. Para la substanciación del citado medio de impugnación, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, a través de correo acelerado del denominado ESTAFETA, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, el original del escrito de expresión de agravios, copia de él para la representación social, original del juicio de amparo 1175/2022 y dos tomos de pruebas. Solicítese el acuse de recibo correspondiente y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. ESCRITO DE DESAHOGO Téngase por recibido el escrito firmado por el promovente, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, y al efecto señala el acto destacado que por esta vía reclama y el carácter que tiene en los autos del juicio de origen. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS En atención a lo anterior, con la finalidad de realizar el pronunciamiento correspondiente sobre la demandada, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: - La diligencia de seis de septiembre de dos mil veintidós, donde se puso en posesión del inmueble ubicado en *** de la carretera Salamanca-La Ordeña de Salamanca, Guanajuato al adjudicatario en el expediente laboral *****, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; así como todas las notificaciones y autos que dieron origen a dicha determinación, posteriores a la emisión del laudo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Asimismo, el hecho de que en el juicio de amparo se reclamen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, no exime al promovente a agotar el citado principio, dado que, se insiste, es una exigencia que, previo a acudir al juicio de garantías, se agote el medio de defensa ordinario que establezca la ley que rige el acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, por las consideraciones que contiene, la siguiente tesis jurisprudencial: Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene asentar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como de las constancias anexas a dicho escrito, consistentes en copia certificada del expediente laboral **** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, los cuales consisten en los siguientes: 1.- La parte quejosa fue demandada en el juicio laboral ***** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, iniciado por ****** , en su carácter de actor. 2.- Seguido el juicio en sus trámites legales, el diecinueve de junio de dos mil doce, se dictó laudo, en el que se condenó a la parte demandada, a pagar las prestaciones reclamadas. 3.- El cinco de julio de dos mil doce, se despachó auto de requerimiento de pago y/o embargo en contra del aquí quejoso y su representada, bajo apercibimiento que si en el momento de la diligencia no se realizaba el pago de lo sentenciado, se embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo de pago mas los gastos de ejecución. 4.- Para el cinco de septiembre siguiente, se realizó la diligencia de embargo y determinación de bienes objeto de este (casa habitación de la que ahora reclamada la desposesión). 5.- Luego, el cinco de agosto de dos mil catorce, se adjudicó el bien inmueble embargado a favor del tercero adjudicatario. 6.-Posterirmente, en virtud que el demandado no otorgó la escritura correspondiente, se ordenó la escrituración en rebeldía lo que aconteció el ocho de enero de dos mil dieciocho. 9.- Finalmente el tres de agosto del año en curso, se emitió un auto donde se ordenó poner al adjudicatario en posesión del bien inmueble referido, la cual fue llevada a cabo el seis de septiembre del año en curso. Siendo la ejecución de esta última el acto reclamado. Sobre esa base, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 849, establece: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." De lo que se obtiene que procede el recurso de revisión contra los actos de presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos. Ahora, del escrito de demanda que nos ocupa se obtiene que el acto que se reclama es un acto en ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ****** , del índice de la Junta Local de conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, ordenado por el presidente de dicha junta y materializado por la actuaria adscrita a ésta; por tanto, dicha circunstancia permite determinar la procedencia del recurso de revisión contra actos del presidente y actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, contra cualquier auto o decreto emitido en el respectivo sumario. En ese orden de ideas, si el acto en estudio deriva de la ejecución del laudo dictado en un juicio laboral, es inconcuso que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la ley de la materia, es decir, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, contra actos del presidente y del actuario, a través del cual podía modificarse o revocarse, lo que sería en beneficio de los intereses de la moral quejosa. Máxime que el quejoso, es la parte demandada en el juicio natural, quien fue condenada en el laudo correspondiente. De modo que, al no haber interpuesto ese medio de defensa previo a la presentación de la demanda de amparo, da lugar a que se actualice la causal de improcedencia citada con antelación, pues no agotó el principio de definitividad. Sin que en el particular, se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan al quejoso de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. El quejoso no tiene la calidad de tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, ya que es la parte demandada en el juicio de origen, quien fue condenado en laudo emitido en el juicio laboral del que emana el acto reclamado; y, 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003109, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así, como se vio, no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, con lo que se concluye que la parte quejosa debió promover el recurso de revisión contra actos del presidente y actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, previsto en la legislación laboral que rige el juicio natural previo a acudir a esta instancia constitucional. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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