Ulises Albarran Castillo
Expediente 69/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ulises Albarran Castillo
- ULISES ALBARRAN CASTILLO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta que signa el Juez de Partido en Materia Civil en Valle de Santiago, Guanajuato, por el cual acusa recibo de la misiva 3882/2023 con la que se le comunicó el contenido del auto emitido el trece de los actuales y se le remitió el expediente de su índice y diversas copias certificadas. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, trece de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada y se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos: La parte quejosa no allegó documentos. DOCUMENTOS: Se allegaron documentos al presente juicio de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte promovente en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, se ordena devolver al Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, los seis tomos de pruebas que anexó a su informe justificado. Finalmente, se solicita acuse recibo de las constancias que se remiten. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, quince de febrero de dos mil veintitrés. NO PRESENTADA Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días otorgado a la quejosa ***** para que desahogara la prevención efectuada en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto de la citada promovente. Por lo que hace a los diversos promoventes ***** y ***** se procede a hacer el análisis de la demanda en los siguientes términos. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. En ese orden, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, los citados promoventes ***** y ***** acuden al presente juicio de amparo doliéndose de la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, así como lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato. Expuesto lo anterior, este órgano advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedora de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso, en la demanda de amparo, los promoventes ***** y ***** señalaron que el catorce de noviembre de dos mil veintidós tuvieron conocimiento del acto reclamado, cuando les fue presentado un legajo de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, el cual se acumuló al juicio sucesorio intestamentario a bienes de su padre *****, número *****, de la estadística del mismo órgano jurisdiccional. Sin embargo, dicha manifestación queda desvirtuada con las constancias originales que conforman el citado juicio sucesorio, las cuales fueron remitidas a este Juzgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, debido a que la demanda de amparo se presentó en la vía directa. Las que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así es, pues de tales actuaciones se desprende que los ahora quejosos y otros, instaron la demanda relativa a la sucesión de su progenitor. Luego, en acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el juez de origen tuvo al actor del juicio ejecutivo mercantil *****, compareciendo al juicio sucesorio como posible acreedor del de cujus y exhibiendo constancias relativas al citado juicio mercantil. En el juicio sucesorio, en resolución de siete de enero de dos mil diecinueve, relativa a la declaratoria de herederos, se reconoció, entre otros, a los quejosos, el carácter de únicos y universales herederos del autor de la sucesión. Posteriormente, en el mismo juicio sucesorio, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el juez ordenó la acumulación del juicio ejecutivo mercantil ***** al juicio sucesorio Intestamentario ***** por tener relación directa con este asunto, ya que en el primero de los mencionados por sentencia firme se condenó al autor de la sucesión al pago de pesos a favor del acreedor; acumulación que se ordenó notificar a los herederos del de cujus, lo que aconteció por medio de buzón electrónico el veintitrés de agosto siguiente. De lo anterior se desprende que desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho los ahora quejosos tuvieron conocimiento del juicio ejecutivo mercantil *****, pero en todo caso, ese conocimiento certero ocurrió desde el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, cuando fueron notificados de la referida acumulación. En esas condiciones, esta última fecha es la que se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En tal virtud, el término a que aluden los citados numerales, comenzó a correr a partir del día siguiente al en que los quejosos tuvieron conocimiento del acto impugnado, esto es, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y feneció el trece de septiembre de dos mil diecinueve, descontando los días treinta y uno de agosto, uno, siete y ocho de septiembre, todos de dos mil diecinueve, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó, en la vía directa, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes de la autoridad responsable -como amparo directo-, es evidente que se encuentra fuera del plazo de quince días a que alude el numeral 17 en cita, según el cómputo señalado en el párrafo que antecede. De modo que, el acto que los quejosos pretenden impugnar con la demanda que dio origen al presente juicio debe considerarse consentido tácitamente, con lo que el juicio de amparo es improcedente. Aunado a que, como se vio, el acto reclamado no se ubica en alguna de las excepciones que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo que haga oportuna su presentación; se afirma lo anterior, pues no se trata de una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; no es la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; no se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; actos en los que el término para promover la demanda de amparo es de treinta días, ocho años, siete años y en cualquier momento, respectivamente. Corolario de lo antes expuesto, al estar plenamente demostrada la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, respecto de los promoventes ***** y *****. Notifíquese por lista a los promoventes del amparo.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio suscrito por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto circuito, con sede en la capital, girado en el juicio de amparo directo civil *******, de su índice, con el que remite: Demanda de amparo original. Copia certificada del oficio 1651 y oficio 1616, suscritos por el Juez de Partido en Materia Civil de Valle de Santiago, Guanajuato. Constancia de emplazamiento. Original del expediente ******* en tres tomos y tres legajos de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *****. Lo anterior en virtud que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *********** por propio derecho. Acúsese recibo. COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por ************* contra actos que reclama del Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato y otra autoridad, que consideran violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 69/2023. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con los diversos 108, fracción IV y 110, todos de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente ********** para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y, consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con copias necesarias del escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: ÚNICO.- Precise de manera concreta el acto que intenta reclamar en el presente juicio de amparo. Lo anterior, debido a que del análisis integral del escrito de demanda, no se desprende con exactitud el acto de que reclama la promovente *********** en esta instancia constitucional. Así es, pues en el apartado relativo al acto reclamado, los quejosos, entre ellos **********, señalan como acto reclamado el siguiente: "...La falta de personalidad jurídica y legal dentro del escrito inicial de demanda y el auto de radicación emitido en fecha del 18 de marzo del año 2017, así como la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y/o embargo realizada y notificada en fecha 27 de abril del año 2017, y el auto de aprobación de diligencias emitido en fecha 02 de mayo del año 2017, sobre el Juicio Ejecutivo Mercantil número ******, promovido en su momento por el C. Licenciado **********, endosatario en procuración del C.***********, en contra de los C. *********** y el C. *********** (finado), en su carácter de deudor principal y aval respectivamente, sobre el pago de pesos y otras prestaciones..." [.] Sin embargo, como se dijo, respecto de ************, no se advierte con claridad la afectación de que pretende dolerse en este juicio. Pues, pese a citar el acto en los términos de la transcripción anterior, lo cierto es que de los antecedentes y conceptos de violación no se aprecia que alegue afectación alguna a sus derechos fundamentales, debido a que solo se limita a transcribir y señalar algunos de los acuerdos emitidos en el Juicio Ejecutivo Mercantil número ***********, así como impugnar algunas de las documentales que obran en el mismo, pero, se insiste, no señala la afectación concreta a sus derechos. Aunado a que, en el caso se cuenta con las copias certificadas de ese juicio mercantil, debido a que la demanda fue promovida por los quejosos como amparo directo y derivado de ello el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto circuito, remitió tales constancias; mismas que, al efectuar su revisión no se advirtió alguna actuación dirigida en contra de ************, no tiene el carácter de parte material en aquel sumario y, como se dijo, al comparecer aparentemente en su carácter de tercera ajena al juicio, no identifica cuál es el derecho personal, patrimonial o de alguna otra índole que considera afectado por cuál o cuáles actos reclamados. En esas condiciones, resulta necesario que la promovente **********, que precise de manera clara y concreta el acto que pretende combatir en este juicio de amparo que permita apreciar cuál es la afectación que estima resentir por lo actuado en el juicio de origen. Precisiones que son indispensables para estar en condiciones de emitir el pronunciamiento correspondiente de la demanda de amparo intentada por esa promovente, pues sólo así se podrá fijar correctamente la litis, solicitar la rendición del informe a las autoridades responsables, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto reclamado, así como su suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable a página 2642, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA.- A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar porque se satisfaga tal extremo." APERCIBIMIENTO Se apercibe a ********* que de no cumplir con lo indicado, dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de garantías y se proveerá lo conducente respecto de los diversos promoventes **********. De cumplir con lo anterior pero es omisa en allegar las copias suficientes para el incidente de suspensión, se postergará su apertura en términos del último párrafo del citado numeral. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones en los estrados de este Juzgado -en el punto I referente al nombre y domicilio del quejoso-, cuestión que corresponde a las listas del Juzgado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, en relación con el inciso a) de la fracción III del artículo 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, se ordena que todas las notificaciones, aun las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista que se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como en los estrados de este juzgado. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que en el proemio de su escrito inicial de demanda haya señalado como domicilio el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, no proporcionó el usuario correspondiente a fin de verificar que se encontrara debidamente registrado y estar en condiciones de hacer las notificaciones por ese medio. Por otra parte, el correo electrónico que se señala en la demanda solamente corresponde a una forma de contacto, como se especificará más adelante. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ********, se le tiene como autorizada de la parte quejosa en términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo; y en términos restringidos de dicho numeral, a **********, ********** y ***********, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a. VIII/2020 (10a.), cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó una cuenta de correo electrónico la cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerada para efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Se invita a la parte quejosa y al resto de las partes, a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILE De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Ubaldo González Espinoza92/2016
- Ubaldo Juarez Oropeza1136/2022
- Ubaldo Leon Guevara611/2019
- Ubaldo Leon Guevara518/2016
- ULISES ALBARRAN CASTILLO y Otros.81/2023
- Ulises Albarran Castillo1433/2022
- Ulises Granados Baeza613/2016
- Ulises Granados Baeza1175/2022
- Ulises Granados Baeza1170/2014
- Ulises Martin Silva Vieyra976/2018
- Ulises Ramiro Salas Murillo1124/2014
- Ulises Ramiro Salas Murillo331/2016