ULISES ALBARRAN CASTILLO y Otros.

Expediente 81/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
81/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • ULISES ALBARRAN CASTILLO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.  EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa exhibió un documento que no están catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados a contrario sentido, y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en mención, se destruirá junto con el expediente principal en el plazo señalado. Notifíquese

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por el representante común de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención realizada por este órgano jurisdiccional el uno de febrero de dos mil veintitrés, y al efecto, aclara la fecha correcta del auto que combate en esta vía constitucional y amplía bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto motivo de disenso. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el acto que se reclama consisten en: El auto de once de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, en el juicio ejecutivo mercantil *******, acumulado al juicio sucesorio *******, consistente en la orden para poner a la adjudicataria ************, en posesión de los siguientes inmuebles: 1 Parcela ************, ubicada en ********** con superficie de ******* hectáreas y medidas de autos 2. Parcela ***********, ubicada en ************ con superficie de ******* hectáreas con medida de auto; y 3. Predio rústico ********** con superficie de ******** hectáreas de terreno temporal de segunda clase con medidas de auto, así como su ejecución. PRIMERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Sobre esa base, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos, se pone de relieve que el artículo 61, fracción XXIII, hace referencia a aquellas causales de improcedencia que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por su parte, los numerales 5, fracción I, y 6, en cita, en lo que interesa, se refieren a la cuestión inherente a la legitimación para promover el juicio de amparo, que sujeta a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del agraviado. Lo anterior es así, toda vez que en todos los procedimientos, la legitimación constituye un requisito de procedibilidad de la acción, incluido en el juicio de amparo, y por tanto, corresponde al Juez de amparo analizarla, porque tal regla se deriva de lo dispuesto en los preceptos legales citados en el párrafo precedente. A la vez, del artículo 107, fracción I de la constitución general de la república deriva como principio y presupuesto básico del amparo que solo puede promoverse por el titular del derecho que se considere violentado por el acto de autoridad, ya sea aduciendo un interés jurídico o un interés legítimo pero, para los fines que ahora interesan, lo relevante es que la acción constitucional está reservada para la persona titular del derecho humano que se defiende en el amparo (que puede ejercer por sí o por conducto de quien acredite su representación). En el caso, como se precisó, señalan como acto reclamado destacado el acuerdo que en el juicio ejecutivo mercantil ******** ordenó poner en posesión de la adjudicataria ************, los inmuebles que como tal le fueron adjudicados, alegando los quejosos afectación a sus derechos como herederos así reconocidos en el civil ********** al cual está acumulado aquél -el juicio mercantil pues estiman que esos bienes corresponden a la masa hereditaria. Es destacable entonces que acuden al amparo como herederos en defensa de bienes que estiman forman parte de la materia del juicio sucesorio donde afirman estar reconocidos como tales, carácter respecto del cual no allegan constancia -piden que se recabe- pero que ostentan bajo protesta. Además, de la certificación de cuenta se aprecia que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, se obtuvo que ************, ************** y ************, por propio derecho, promovieron diverso juicio de amparo indirecto radicado en este mismo órgano de control constitucional con el número ******* el cual se tiene a la vista, por constituir un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Del análisis de la demanda que originó el juicio de amparo ********, así como de las constancias remitidas a este Juzgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, debido a que la demanda de amparo se presentó en la vía directa, se desprende que los ahora quejosos **********, ************ y **********, reclamaron su falta de emplazamiento al juicio mercantil ********* y diversas actuaciones de ese juicio, acumulado al juicio sucesorio ********* a bienes de su padre ***********, del índice de Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato en el cual ellos tienen el carácter de herederos. De las constancias de esos juicios acumulados se desprende que, en efecto, en el citado procedimiento sucesorio, mediante resolución de siete de enero de dos mil diecinueve, se les reconoció el carácter de herederos a ************ y*********** y también se advierte que se designó como albacea de la sucesión a *************. También se advierte que en acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el juez de origen tuvo al actor del juicio ejecutivo mercantil ****** compareciendo al juicio sucesorio como acreedor del de cujus y exhibiendo constancias relativas al citado juicio mercantil. Luego, en el mismo juicio sucesorio, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el juez ordenó la acumulación del juicio ejecutivo mercantil ***** al juicio sucesorio intestamentario *** por tener relación directa con este asunto, ya que en el primero de los mencionados por sentencia firme se condenó al autor de la sucesión al pago de pesos a favor del acreedor. Sobre esa base, del análisis del acto que ahora se reclama, así como de las consideraciones vertidas en párrafos precedentes y de las manifestaciones expuestas en el escrito aclaratorio, se concluye que los ahora promoventes carecen de legitimación para acudir al amparo que, por ese motivo, se torna notoriamente improcedente. Respecto de los promoventes ************* y ************** ciertamente son parte procesal del juicio intestamentario *********, al haber sido reconocidos como únicos y universales herederos del de cujus; sin embargo, no obstante que el juez de origen haya decretado la acumulación del juicio ejecutivo mercantil *******, por tener una relación directa con el juicio ab intestato, lo cierto es que, en el juicio intestamentario de referencia se nombró como albacea a ************* -hermano de los promoventes-. Entre las funciones del albacea, se encuentra la del pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la participación y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios, la de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre. De ahí que los promoventes ************* y ************ en su carácter de herederos, serán representados para todos los efectos de la sucesión y, desde luego, para efectos del juicio ejecutivo mercantil *********, a través del albacea ***************, quien fue nombrado con ese encargo respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de su finado progenitor. Los herederos, en lo particular, con ese carácter carecen de legitimación para representar los intereses de la sucesión y, por lo tanto, para promover esta instancia constitucional respecto de los bienes de la herencia. Esa facultad recae en el albacea con su representación que le es inherente; es el albacea quien representa a la sucesión en todos los juicios que estén promovidos o que hubieren de promoverse en contra del de cujus. Es manifiesto la falta de legitimación para acudir al amparo por propio derecho, como herederos. Siendo que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa cuyo ejercicio se encuentra reservado a la persona titular del derecho que se estime violentado, que puede ejercerse por sí o por conducto de quien le represente, ya que esto se identifica la instancia de parte, que es uno de los principios básicos que rige el amparo y que, de ser el caso, define su improcedencia. En este caso, como se puso de relieve, *********** y **************, en su carácter únicos y universales herederos a bienes de ************** contra actos del juicio ejecutivo mercantil en el cual refieren no son parte, carecen de la representación de la sucesión cuyos bienes pretenden defender; como ya se dijo, los derechos en el haber hereditario se ven representados por la albacea nombrado en el juicio intestamentario. Por lo tanto, no se actualiza el presupuesto de instancia de parte agraviada que es indispensable para acudir a la instancia constitucional. En consecuencia, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo que consagra el principio de instancia de parte agraviada, resulta evidente la improcedencia del presente juicio, dado que *********** y ************, quienes carecen de legitimación para promover la acción constitucional en contra de los actos que describe en su demanda. Misma causal que se acredita respecto de la diversa quejosa ************, aunque por un motivo distinto pues acude al amparo alegando afectación a sus derechos humanos en su carácter de heredera en el juicio sucesorio ********; sin embargo, no exhibe con la demanda alguna prueba para acreditar dicho carácter y, por lo contrario, de las constancias de ese juicio que, como ya se dijo, constituyen un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, se advierte que no tiene reconocido dicho carácter. Entonces, la promovente en cita no cumple con su carga de acreditar el carácter con el cual se ostenta y del que hace derivar la afectación que propone en el amparo y, a la vez, de la revisión del juico sucesorio en cita se advirtió que no le corresponde el carácter de heredera con el cual se ostenta. Por tanto, queda plenamente demostrada la causa de improcedencia por lo que hace al acto en estudio, regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5 y 6, de la Ley de Amparo. Como consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. Con independencia de lo anterior, es oportuno señalar que respecto de los quejosos ************ y ************ se actualiza también una diversa causa de improcedencia, dado que, como se relató, ellos mismos promovieron el juicio de amparo indirecto ********** en el cual reclamaron, en esencia, el ilegal emplazamiento efectuado en el juicio mercantil ********* que se acumuló al juicio especial intestamentario ***********. Ahora, en la demanda origen del presente expediente, los quejosos señalan como acto destacado el acuerdo que en ese juicio mercantil ordenó poner en posesión de la adjudicataria los bienes antes descritos; pero de la consulta integral de dicho escrito se advierte que lo que subyace a ello, es el reclamo de la ilegalidad del emplazamiento realizado en ese juicio mercantil. Tanto así que es en contra de lo cual se enderezan los conceptos de violación e incluso se precisa que el reclamo consiste en que". en ningún momento del proceso se dio la oportunidad de notificarnos personalmente de dicha demanda Mercantil." Entonces, en realidad en el caso se está en el supuesto de que los mismos quejosos reclaman el mismo acto de la misma autoridad responsable, advirtiendo que en el primer juicio de amparo, es decir, el número ********** del índice de este juzgado de Distrito, los quejosos señalaron que conocieron de ese acto, es decir, la ilegalidad del emplazamiento al juicio mercantil el catorce de noviembre de dos mil veintidós y en el acuerdo que desechó ese ocurso, se precisó que en realidad conocieron desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho o, en extremo, desde el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve en que se les notificó la acumulación del juicio mercantil ********, lo que nuevamente se constata por parte de este juzgado, al tener a la vista el expediente de ese juicio acumulado al sucesorio. Entonces, es evidente que en todo caso la presente demanda incluso sería igualmente extemporánea, pues -como se dijo- el reclamo que subyace a su demanda presentada en contra del acuerdo que ordenó la entrega de bienes a la adjudicataria, en realidad se centra en lo que los quejosos consideran ilegal emplazamiento al juicio mercantil ******* de lo cual, sin embargo, tuvieron conocimiento mínimamente desde el dos mil diecinueve, de manera que si el escrito de demanda de este juicio de amparo se presentó el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, es evidente que ello ocurrió en forma extemporánea, fuera de los quince días previstos en la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO PARA QUE SE CONDUZCAN CON PROBIDAD Por otra parte, se advierte que los quejosos ***********, ************** y ***********, promovieron diversa demanda de amparo en contra de la misma autoridad y respecto de las actuaciones del juicio mercantil acumulado al sucesorio en comento, la que se radicó en este juzgado de Distrito con el número de expediente 69/2023 y que se tuvo por una parte, no presentada y por otra, desechó en acuerdo de quince de febrero del presente año, siendo omisos en mencionar en la demanda de amparo origen de este expediente, que habían promovido con anterioridad. Faltando así a la probidad con que deben conducirse al solicitar la protección constitucional, con la intención de que ese desconocimiento opere en su beneficio, aunado a que pudiera ser un motivo de improcedencia y, por lo tanto, tienen la obligación de informarlo al órgano de amparo de conformidad con lo que establece la ley de la materia. En ese orden de ideas, se apercibe a los quejosos para que en lo subsecuente se conduzcan con apego a la verdad y eviten ese tipo de prácticas que, al menos de una primera vista, se advierte pretenden confundir y omitir datos al órgano jurisdiccional en beneficio propio y en detrimento de la correcta impartición de justicia. En caso de que por algún motivo se presente la misma situación o alguna similar, se les conmina a que manifiesten los antecedentes que puedan influir en la decisión del órgano jurisdiccional, pues además dicha situación está directamente relacionada con el estudio de las causas de improcedencia que pudieran suscitarse y cuyo estudio es de orden público, por lo que, de no hacerlo, se les aplicará una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, con apoyo en el artículo 236, en relación con el 249, ambos de la Ley de Amparo. EFECTIVO APERCIBIMIENTO DE LISTA Finalmente, visto el estado procesal y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que desahogara dicha prevención. Luego entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, por lo que, se ordena realizar las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la que se fija en los estrados de este juzgado; sin perjuicio de que pueda señalar uno diverso con posterioridad. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diez de febrero de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el fedatario de la adscripción notificó de manera personal a la parte quejosa el auto de uno de febrero del año en curso. En ese sentido, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en diverso proveído de ocho de febrero del año en curso, se ordenó girar la comunicación oficial 116/2023 (166/2023), a efecto de lograr la notificación del acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés. SE DA DE BAJA COMUNICACIÓN Por tanto, atendiendo a que resulta innecesario ordenar remitir la citada comunicación oficial para su diligenciación, en virtud de que ya fue notificada la parte quejosa en este juzgado, se ordena dar de baja la citada comunicación, en el libro de gobierno correspondiente, previas las anotaciones respectivas. Notifíquese.

  4. Principal

    Notifíquese por despacho a la parte promovente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano