Tzady Itzetl Soria Escalante

Expediente 972/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
972/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Abril Dulce Serrato Vidal
  • Secretario de Educación en el Estado
  • Tzady Itzetl Soria Escalante
  • Evelyn Salazar Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, así como el Titular de la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, residente en esta capital, de las que advierte que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte, que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Tzady Itzetl Soria Escalante, Abril Dulce Serrato Vidal y Evelyn Salazar Salazar, la cual quedó registrada con el número 972/2019-II, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en: ". La omisión de dictar el acuerdo por escrito para en breve término darlo a conocer a las suscritas como peticionarias, ahora quejosas, que se contiene en nuestro escrito fechado el 26 de agosto de dos mil diecinueve, el cual fue presentado y recibido al día siguiente en la Oficialía de Partes del referido funcionario Público, ahora señalado como autoridad responsable, como se desprende de uno de los sellos y que se observan en el documento anexo, cuyo texto fue firmado y entregado por las ahora quejosas. Dicha petición la realizamos por escrito, de manera respetuosa y pacífica y, con domicilio registrado para recibir la respuesta a nuestras peticiones concretas que se contienen en el mismo documento". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado en copia certificada, específicamente, el oficio SEE/SEMSyS/DFIyPD/DNC/195/2019, mediante el cual dio respuesta a la solicitud realizada por las quejosas en escrito de veintiséis de agosto del presente año y la notificación que remitió la Titular de la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, de las que se evidencia que fueron legalmente notificadas las aludidas quejosas de la determinación contenida en el oficio de referencia; documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo que se colige la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, ha dejado de surtir sus efectos el acto reclamado, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, las quejosas señalaron como acto reclamado la omisión de dar respuesta a su petición formulada mediante escrito de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, también lo es que la autoridad responsable acreditó que se dio respuesta a dicha solicitud mediante oficio SEE/SEMSyS/DFIyPD/DNC/195/2019, el cual quedó debidamente notificado a las impetrantes de amparo el nueve del presente mes y año, tal y como se advierte de la documental que remitió la Titular de la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la Constitucionalidad del acto, dado que al haberse subsanado la citada omisión, no deja huella alguna en la esfera jurídica de las quejosas que acredite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior, sin pasar inadvertido que por auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, se le dio vista a la parte quejosa, a fin de que si a su interés convenía ampliara la demanda respecto del oficio SEE/SEMS/DFIyPD/195/2019, que la autoridad responsable remitió en alcance a su informe justificado y a través del cual le dio respuesta a la petición, cuya omisión se reclama en el presente juicio de amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría la secuela procesal teniendo como acto reclamado únicamente el que señaló en su escrito de demanda, sin que lo haya hecho, y en tal virtud en diverso acuerdo de once de noviembre del año en curso se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, esto es, se determinó continuar con la secuela procesal del presente asunto, teniendo como acto reclamado únicamente el señalado en la demanda inicial, con las consecuencias legales respectivas. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo y/o resolución de fecha dieciséis de diciembre dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, así como el Titular de la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, residente en esta capital, de las que advierte que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte, que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Tzady Itzetl Soria Escalante, Abril Dulce Serrato Vidal y Evelyn Salazar Salazar, la cual quedó registrada con el número 972/2019-II, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en: ". La omisión de dictar el acuerdo por escrito para en breve término darlo a conocer a las suscritas como peticionarias, ahora quejosas, que se contiene en nuestro escrito fechado el 26 de agosto de dos mil diecinueve, el cual fue presentado y recibido al día siguiente en la Oficialía de Partes del referido funcionario Público, ahora señalado como autoridad responsable, como se desprende de uno de los sellos y que se observan en el documento anexo, cuyo texto fue firmado y entregado por las ahora quejosas. Dicha petición la realizamos por escrito, de manera respetuosa y pacífica y, con domicilio registrado para recibir la respuesta a nuestras peticiones concretas que se contienen en el mismo documento". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado en copia certificada, específicamente, el oficio SEE/SEMSyS/DFIyPD/DNC/195/2019, mediante el cual dio respuesta a la solicitud realizada por las quejosas en escrito de veintiséis de agosto del presente año y la notificación que remitió la Titular de la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, de las que se evidencia que fueron legalmente notificadas las aludidas quejosas de la determinación contenida en el oficio de referencia; documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo que se colige la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, ha dejado de surtir sus efectos el acto reclamado, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, las quejosas señalaron como acto reclamado la omisión de dar respuesta a su petición formulada mediante escrito de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, también lo es que la autoridad responsable acreditó que se dio respuesta a dicha solicitud mediante oficio SEE/SEMSyS/DFIyPD/DNC/195/2019, el cual quedó debidamente notificado a las impetrantes de amparo el nueve del presente mes y año, tal y como se advierte de la documental que remitió la Titular de la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la Constitucionalidad del acto, dado que al haberse subsanado la citada omisión, no deja huella alguna en la esfera jurídica de las quejosas que acredite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior, sin pasar inadvertido que por auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, se le dio vista a la parte quejosa, a fin de que si a su interés convenía ampliara la demanda respecto del oficio SEE/SEMS/DFIyPD/195/2019, que la autoridad responsable remitió en alcance a su informe justificado y a través del cual le dio respuesta a la petición, cuya omisión se reclama en el presente juicio de amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría la secuela procesal teniendo como acto reclamado únicamente el que señaló en su escrito de demanda, sin que lo haya hecho, y en tal virtud en diverso acuerdo de once de noviembre del año en curso se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, esto es, se determinó continuar con la secuela procesal del presente asunto, teniendo como acto reclamado únicamente el señalado en la demanda inicial, con las consecuencias legales respectivas. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ...Agréguense los oficios signados por el apoderado legal de la autoridad responsable Secretario de Educación en el Estado y Titular de la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales, remiten copias certificadas de la notificación realizada respecto del oficio SEE/SEMSyS/DFIyPD/DNC/195/2019, en que se dio respuesta a la solicitud realizada por las quejosas, con las cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el oficio sin número signado por el apoderado legal de la autoridad responsable Secretario de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso. Ahora bien, como la autoridad responsable, por conducto de su apoderado, adjuntó al oficio de cuenta el diverso oficio SEE/SEMSyS/DFIyPD/DNC/195/2019, de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, del que se advierte un sello de recibido por la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en el Estado, lugar donde de acuerdo con lo expresado por el apoderado de la responsable, se encuentran laborando las quejosas Tzady Itzetl Soria Escalante, Abril Dulce Serrato Vidal y Evelyn Salazar Salazar; en consecuencia, para evitar mayores dilaciones, requiérase al Titular de la Unidad de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en al Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, contado a partir de que surta efectos la notificación que de este proveído se practique, remita copia certificada de la constancia en que se evidencia la fecha exacta en que fueron notificadas las aludidas quejosas de la resolución contenida en el oficio antes mencionado, o bien manifieste el impedimento que tenga para ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, concatenado con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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