Tovías Niño Jiménez
Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tovías Niño Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese el oficio número 6014, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de treinta de junio de dos mil veintidós, en el conflicto competencial 05/2022 de su índice, suscitado entre el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Tovías Niño Jiménez; en consecuencia, acúsese recibo, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En dicha ejecutoria se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por..., por las razones expuestas en la preste ejecutoria." Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que por resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente competente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para conocer del juicio de amparo promovido por Tovía Niño Jiménez; en consecuencia, remítasele el escrito presentado por el quejoso ante este órgano federal el veinte de junio de dos mil veintidós, previa copia certificada se deje en autos; para que provea lo que a derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 21, inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso..., por medio del cual pretende ampliar su demanda respecto a diversas autoridades responsables y actos reclamados, solicitando además la apertura del incidente de suspensión relativo, al respecto se reserva proveer en relación a dicha ampliación, toda vez que el presente asunto se encuentra en conflicto competencial entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Uruapan, y este órgano jurisdiccional, mismo que le toco conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito Judicial; por lo que, una vez que se resuelva dicho conflicto se proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 3706/2022, signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 10062/2022, con el que se remitieron los autos que integran el juicio de amparo número 376/2022-I, del índice de este órgano jurisdiccional, en virtud del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, informando además que se admitió a trámite el mismo, registrándolo con el número ********************de su índice; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 7287, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 376/2022, en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por las razones que indica. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, este Juzgador insiste en declinar la competencia, sosteniendo desde luego los argumentos y consideraciones que motivaron el auto de doce de abril de dos mil veintidós, que se dictó al respecto; dado que los actos reclamados tienen ejecución en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ser este el lugar donde que el quejoso se encuentra comisionado a la Comisaria de Distrito de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En tal virtud, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo en su primer párrafo señala que: ". Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado...". Así, las reglas que fijan la competencia por territorio en materia de amparo, obedecen a la naturaleza del acto, es decir, debe determinarse si el acto reclamado posee ejecución material, o bien, si se trata de actos de naturaleza meramente declarativa. En el caso concreto, los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: "".IV. ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: A). El INFUNDADO, INMOTIVADO E INCONSTITUCIONAL ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATATIVO SANCIONADOR, SIN HABERME NOTIFICADO, CON LA FINALIDAD DE SEPARARME, SUSPENDERME O REMOVERME DEL CARGO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL. B). LA ARBITRARIA ORDEN DE CANCELACIÓN DEL PAGO DE BONO MENSUAL DENOMINADO "BANBAJIO", que en forma mensual se me venía otorgando, por $5,500.00 cinco mil quinientos pesos. A la Autoridad señalada como Responsable ejecutora, le reclamo el cumplimiento que están dando a los actos u omisiones, por parte de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, en el sentido de no entregarme El PAGO DE BONO MENSUAL DENOMINADO "BANBAJIO". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede Uruapan, pues si bien en principio el ámbito competencial de las autoridades señaladas como responsables corresponde a la jurisdicción de este juzgado, no sería suficiente para considerar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, dado que los actos reclamados tuvieron o tendrán ejecución (materialización) en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ser ese el lugar donde se encuentra el aquí quejoso prestando sus servicios públicos, por lo que los efectos del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, que a su decir no se le ha notificado, con la finalidad de separarlo, suspenderlo o removerlo del cargo como elemento de seguridad pública estatal, asimismo, respecto la orden de cancelación del pago de bono mensual denominado "banbajio", que en forma mensual se le venía otorgando, por la cantidad de $5,500.00 cinco mil quinientos pesos. Tiene apoyo lo anterior, por analogía y por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 16/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Penal y Común, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 154, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el oficio dictado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se determinó improcedente el indulto solicitado por una persona recluida en un Centro de Readaptación Social, ya que para uno el competente es el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable, mientras que para el otro lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubique el Centro de Readaptación Social. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso es el legalmente competente para conocer del amparo indirecto contra el oficio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el que determinó improcedente el indulto, ya que el acto reclamado tiene una ejecución material al incidir en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena. Justificación: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Ahora bien, en el caso es aplicable la primera regla, a saber, la relativa a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, porque esta Primera Sala ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Ante ello, si una persona presentó una solicitud de indulto cuya concesión favorable implicaría, inter alia, la cesación de la privación de la libertad personal ante la extinción de la pena, la resolución que la determina improcedente tiene por consecuencia que permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material. Dicha ejecución material ocurrirá en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó. Asimismo, tiene apoyo por identidad jurídica sustancial la Jurisprudencia Tesis: I.1o.P. J/6 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común y Penal, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 764, que señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio. Así también, por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la aludida Primera Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." De igual manera, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". En ese contexto, se considera que no se surte la competencia, de este órgano jurisdiccional para resolver el presente asunto, por consiguiente, en todo caso quien debe conocer del mismo es el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien ejerce jurisdicción en Lázaro Cárdenas, Michoacán, según lo establece el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados Distrito, publicado en el Diario Oficial el quince de febrero de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su aprobación. Es así, porque como se dijo, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y tratándose de actos que tienen ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos, esto fue, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 38, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que a bien tenga resolver, sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, comuníquese esta determinación al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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