Tzitziquí Noyrette Peña Belmonte

Expediente 795/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
795/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Tzitziquí Noyrette Peña Belmonte
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de sobreseimiento fuera de audiencia dictado el treinta y uno de agosto del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el expediente se encuentra totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que la quejosa Tzitziquí Noyrette Peña Belmonte promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de esta ciudad. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó como actos las omisiones siguientes: Radicar la demanda laboral que presentó el veintiocho de febrero de dos mil veintidós; y, Como consecuencia, desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Acordar su solicitud de embargo precautorio. Actos que derivan del juicio laboral 3C-489/2022, de la estadística de la junta responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que el trece de junio del año en curso, acordó el embargo precautorio que solicitó la quejosa, en tanto que la demanda fue radica el trece de julio de esta anualidad, toda vez que le requirió para que en el término de tres días aclarara su demanda, lo que a la data en que rindió su informe -veintidós de agosto de dos mil veintidós-, la promovente no había proporcionado la información solicitada. Ahora, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. Así las cosas, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, copia certificada del juicio laboral 3C-489/2022, en el que se aprecian los acuerdos de trece de junio de dos mil veintidós, en el que se proveyó el embargo precautorio (foja 37) y el diverso de trece de julio de esta anualidad (foja 30), mediante el cual se radicó la demanda laboral y previno a la actora para los efectos siguientes: "III.- Toda vez que existe discrepancia entre los demandados indicados en el escrito inicial y los que se indican en la carta poder se requiere a la parte actora para que manifieste si es su deseo demandar [.]; asimismo, se requiere para que señale el domicilio para el emplazamiento de la demandada [.], se requiere para que exhiba documento idóneo para demandar al [.]; toda vez que de la carta poder simple que se exhibe no se advierte que le hayan otorgado facultades para tal efecto, de conformidad con el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, concediendo el término legal de tres días." La anterior documental se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, de la documental aportada por la autoridad responsable, se desprende que el trece de junio de dos mil veintidós se proveyó el embargo precautorio que solicitó la quejosa, en tanto que el trece de julio de la citada anualidad, se radicó su demanda laboral y se le previno para que la subsanara. En tal virtud, si la demanda de amparo que originó el presente juicio se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el catorce de julio de dos mil veintidós, este hecho pone de manifiesto que, en esa data, no existía la omisión reclamada por la peticionaria de amparo, pues la Junta responsable demostró que acordó el embargo precautorio y el escrito inicial de demanda, desde el trece de junio y trece de julio de esta anualidad (fojas 30 y 37). En tanto que, respecto al acto precisado en el inciso b), también se actualiza la causal de sobreseimiento citada, ya que se advierte que no existe el acto reclamado a la junta, toda vez que, por acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós se le previno a la actora para que subsanara su escrito inicial de demanda, en los términos transcritos en párrafos que anteceden; es ese contexto, es inconcuso que no se puede desahogar la audiencia trifásica. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley. En consecuencia, es evidente que respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existen los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que la quejosa Tzitziquí Noyrette Peña Belmonte promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de esta ciudad. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó como actos las omisiones siguientes: Radicar la demanda laboral que presentó el veintiocho de febrero de dos mil veintidós; y, Como consecuencia, desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Acordar su solicitud de embargo precautorio. Actos que derivan del juicio laboral 3C-489/2022, de la estadística de la junta responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que el trece de junio del año en curso, acordó el embargo precautorio que solicitó la quejosa, en tanto que la demanda fue radica el trece de julio de esta anualidad, toda vez que le requirió para que en el término de tres días aclarara su demanda, lo que a la data en que rindió su informe -veintidós de agosto de dos mil veintidós-, la promovente no había proporcionado la información solicitada. Ahora, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. Así las cosas, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, copia certificada del juicio laboral 3C-489/2022, en el que se aprecian los acuerdos de trece de junio de dos mil veintidós, en el que se proveyó el embargo precautorio (foja 37) y el diverso de trece de julio de esta anualidad (foja 30), mediante el cual se radicó la demanda laboral y previno a la actora para los efectos siguientes: "III.- Toda vez que existe discrepancia entre los demandados indicados en el escrito inicial y los que se indican en la carta poder se requiere a la parte actora para que manifieste si es su deseo demandar [.]; asimismo, se requiere para que señale el domicilio para el emplazamiento de la demandada [.], se requiere para que exhiba documento idóneo para demandar al [.]; toda vez que de la carta poder simple que se exhibe no se advierte que le hayan otorgado facultades para tal efecto, de conformidad con el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, concediendo el término legal de tres días." La anterior documental se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, de la documental aportada por la autoridad responsable, se desprende que el trece de junio de dos mil veintidós se proveyó el embargo precautorio que solicitó la quejosa, en tanto que el trece de julio de la citada anualidad, se radicó su demanda laboral y se le previno para que la subsanara. En tal virtud, si la demanda de amparo que originó el presente juicio se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el catorce de julio de dos mil veintidós, este hecho pone de manifiesto que, en esa data, no existía la omisión reclamada por la peticionaria de amparo, pues la Junta responsable demostró que acordó el embargo precautorio y el escrito inicial de demanda, desde el trece de junio y trece de julio de esta anualidad (fojas 30 y 37). En tanto que, respecto al acto precisado en el inciso b), también se actualiza la causal de sobreseimiento citada, ya que se advierte que no existe el acto reclamado a la junta, toda vez que, por acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós se le previno a la actora para que subsanara su escrito inicial de demanda, en los términos transcritos en párrafos que anteceden; es ese contexto, es inconcuso que no se puede desahogar la audiencia trifásica. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley. En consecuencia, es evidente que respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existen los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 1218/2022-PADB, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copias certificadas de algunas constancias del juicio laboral 3C-489/2022 del que deriva el embargo precautorio E.P. 15/2022, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, asimismo a fin de que transcurra el término de ocho días a que se refiere el invocado precepto legal, para que las partes, principalmente la quejosa, se impongan del contenido del referido informe, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano