Turaboev Azim Pardaboy Ugli
Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Turaboev Azim Pardaboy Ugli
- Titular del Estación de Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de Tijuana, del Estado de Baja California.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Turaboev Azim Pardaboy Ugli y Akhrorkhodjaev Ravshankhon Akmalovich, interpusieran recurso de queja en contra del acuerdo veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este expediente se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. En el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin embargo, en acuerdo inicial de dieciséis de mayo del presente año, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, de conformidad con el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte -aplicable en lo conducente-, el presente asunto es susceptible de conservación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 26, del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez transcurrido dicho término, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se señala que en el presente juicio no se formó cuaderno de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que los directos quejosos ***y ***, no desahogaron la prevención formulada en acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso y que se ordenó la notificación por lista en veinte del actual; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo interpuesta a favor de ****y ***, contra actos del 1. Titular del Estación de Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de Tijuana, del Estado de Baja California y otras autoridades, pues no existe instancia de parte agraviada en términos del artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas relativas a la suspensión de plano concedida en al acuerdo antes mencionado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese lo anterior, a las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo de la determinación de mérito; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio con terminación 3101/2023, signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, por sí y en representación de Oficiales adscritos al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tijuana Baja California, recibido vía correo electrónico, a través del cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada a favor del directo quejoso, de conformidad al numeral 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, informa que no se encuentran alojados en ninguna de las Estaciones Migratorias de dicho instituto. Tocante al escrito con firma electrónica y evidencia criptográfica de Alberto Cruz Sánchez, quien promueve en representación de*****************, por medio del cual, manifiesta que desde el dieciocho de mayo del año en curso, dejó de tener comunicación telefónica con la persona que lo contrató y dijo ser familiar de los antes nombrados; por lo que, se encuentra legalmente imposibilitado para informar si los quejosos se encuentran sujetos a otras autoridades distintas a las señaladas como responsables y/o fueron puestos en libertad por las responsables, por lo que, ya no desea continuar con la demanda de garantías, solicitando se sobresea el presente juicio************** Atento a lo anterior, toda vez que el promovente de la demanda no tiene interés de continuar con el presente juicio, y con la finalidad de no dejar a los directos quejosos en estado de indefensión, al advertirse de las constancias que obran en autos que no ha sido posible su localización en lugares donde se ordenó su búsqueda, así como la manifestación de las autoridades responsables, en el sentido no existe registro que ********* fueron detenidos, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngaseles como su nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este órgano jurisdiccional. fueron detenidos, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngaseles como su nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este órgano jurisdiccional. INSERCION AUTO DE FECHA DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRÉS.- Número de expediente: 277/2023 Acuerdo: Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto -------------------SUSPENSIÓN DE************, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio para que los quejosos no sean detenidos fuera de procedimiento con fines de deportación, repatriación o expulsión a su lugar de origen, así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que no sean objeto de incomunicación, ni cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales que pongan en peligro la vida de los disconformes, así la autoridad migratoria responsable debe mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, momentáneamente deberá abstenerse de hacer abandonar a los extranjeros, aquí quejosos, el territorio nacional, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto.**************. Por ende, cuando el acto reclamado consiste en la ejecución del acta de rechazo emitida por la autoridad migratoria, procede conceder la suspensión provisional, en virtud de que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público porque su concesión no conduce a atentar contra la política migratoria del Estado Mexicano, sino que ante el peligro inminente de que se ejecute, sólo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que momentáneamente se abstenga de hacer abandonar al extranjero, materialmente, el territorio nacional. Lo cual, a su vez, es consonante con el objeto de la medida suspensional de mantener viva la materia del amparo y, en el caso específico de la suspensión provisional, evitar que el quejoso sufra perjuicios difícilmente reparables hasta en tanto el Juez de amparo decida sobre la procedencia de la definitiva." Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le den trámite a la solicitud que plantee la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre del directo quejoso por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de los aquí quejosos, deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados***********. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se violen, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. Consecuentemente, en los casos en que una persona con calidad de inmigrante reclame la detención y solicite la libertad, debe ser el juzgador de amparo quien deberá concederla en términos de los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad de los quejosos, sin que se fijen medidas adicionales y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad de los diversos consistentes en la deportación e incomunicación de los quejosos, por lo que la autoridad migratoria deberá fijar las garantías que estime discrecionalmente, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, salvo que la privación de la libertad sí sea con motivo de la comisión de un delito, pues en ese caso, debería proceder en términos del citado artículo 164 de la legislación citada. Es así, dado que la detención migratoria resulta contraria al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, ya que debe partirse de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y no la regla general. En consecuencia, respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que los quejosos ******************** y ********************, sean puestos en inmediata libertad, debiendo la autoridad responsable (quien la tenga a disposición) dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que los quejosos no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima innecesario que la autoridad migratoria fije garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como lo son los directos quejosos en su calidad de migrantes, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la indicada autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que la directa quejosa cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que los directos quejosos permanecerán en el lugar en donde se encuentre alojada, a disposición de este Juzgado federal por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que los directos quejosos sean puestos, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que los directos quejosos gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal a la peticionaria de amparo y se tenga certeza que tuvo conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de las responsables. En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dicho informe deberán remitirlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía fax y/o correo electrónico, el oficio que se gire en este expediente a la autoridad responsable foránea. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DEL ACTUARIO. Ahora, tomando en cuenta que el promovente manifiesta que posiblemente los directos quejosos ******************** y ********************, se encuentran detenidos y alojados en la Estación Migratoria ubicada en domicilio avenida Miramar sin número, esquina. Tampico, Barrio Cantarranas C.P 70680, en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; en consecuencia, se comisiona a un actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, para que con las formalidades de ley, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en el domicilio de la citada autoridad migratoria, o en cualquier otro lugar de reclusión donde esta pudiera estar, y proceda a: 1) Certificar de manera pormenorizada la integridad física de los quejosos; y, 2) Les notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirlos en términos del numeral 15 de la ley de la materia para que en el acto de la diligencia manifiesten si ratifican la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirlos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) Así también, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, señalen expresamente domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibidos que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior proveído, se les harán por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. ***********con las formalidades de ley, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en el domicilio de la citada autoridad migratoria, o en cualquier otro lugar de reclusión donde esta pudiera estar, y proceda a: 1) Certificar de manera pormenorizada la integridad física de los quejosos; y, 2) Les notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirlos en términos del numeral 15 de la ley de la materia para que en el acto de la diligencia manifiesten si ratifican la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirlos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) Así también, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, señalen expresamente domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibidos que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior proveído, se les harán por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, para que haga entrega del oficio 7982/2023 dirigido TITULAR DEL ESTACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en el domicilio indicado en el escrito de demanda. Se faculta al juez auxiliar para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de mérito, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, se solicita que las constancias relativas a la diligencia encomendada sean enviadas únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de diecisiete del actual, con firma electrónica y evidencia criptográfica del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, del que se advierte que en cumplimiento a lo encomendado en dieciséis del mes y año en curso, se constituyo en las instalaciones de la Representación Local del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, en busca de los quejosos******* con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de mérito, lugar en el que fue atendido por Margarita Guadalupe Altamirano Charis, quien dijo ser representante local de dicho instituto, manifestándole que en dichas instalaciones NO ES ESTACIÓN MIGRATORIA, que solo es una representación local que atiende asuntos de carácter administrativos y de trabajadores extranjeros que llegan a bordo de buques que arriban a esta ciudad y para la concesión de permisos temporales para la estancia en el país, por lo que no hay ninguna persona alojada, pudiendo corroborar lo anterior al ingresar a la parte posterior del inmueble donde observa material para construcción y vació el lugar en esa zona. De lo anterior se toma conocimiento. Ahora bien, toda vez que en acuerdo de dieciséis del actual, se giró el exhorto 183/2023 (orden 547/2023), al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para efectos de localizar a los referidos quejosos, una vez que el mismo obre en autos, se acordara lo procedente. Notifíquese.
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