Toni Adolfo Aguilar Cifuentes

Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
128/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Toni Adolfo Aguilar Cifuentes
  • Maynor Díaz Ortega
  • Eva Susana Romero Melchor y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 7960-I, con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Hermosillo, con el que devuelve diligenciado el exhorto 105/2023, con número de orden 271/2023, que se le giró para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara personalmente a los quejosos el acuerdo de catorce de marzo del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Se precisa que el acuse y envío por vía ordinaria resulta innecesario dado que el oficial administrativo lo generó al momento de su recepción. SE REMITE EXHORTO AL JUEZ COMPETENTE. Ahora, como de la razón de catorce de marzo del presente año, levantada por el actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Hermosillo, se advierte que los quejosos manifestaron que no era su deseo ratificar la demanda de amparo; y, en virtud de que el Titular de dicho órgano jurisdiccional, aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, remítase, vía interconexión, el oficio de cuenta y anexo para los efectos legales a que haya lugar. EQUILIBRIO PROCESAL Por otra parte, a fin de equilibrar la carga de trabajo y compensar el reparto de asuntos, tomando en cuenta que la demanda de amparo que dio origen a este juicio, fue recibido por la guardia el catorce de marzo de dos mil veintitrés, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con copia de la demanda, a efecto de que realice la compensación correspondiente y remita la boleta de turno respectiva. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 6592/2023, remitido vía interconexión, por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Hermosillo, por el que informa que se aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo correspondiente. SE AUTORIZA LA VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE Tomando en consideración que la autoridad oficiante aceptó conocer de la demanda de amparo, se autoriza la vinculación del presente expediente electrónico, para los efectos legales consiguientes. Por ello, se instruye a la Oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Archivo del expediente. No existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso J, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de oficio y de plano, se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. No obstante, que en este juicio se concedió la suspensión de plano, sin embargo, al tratarse de un asunto que carece de relevancia documental al haberse declarado la incompetencia de este órgano jurisdiccional, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso J, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SE REMITE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Por otra parte, visto el oficio con terminación 2793/2023, remitido vía correo electrónico, por el Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de Estación Migratoria de Hermosillo, Sonora, quien firma en suplencia, por ausencia, del Subdirector de la Estación Migratoria de Hermosillo, por el que informa que acató la suspensión de oficio y de plano decretada a favor de los quejosos. Ahora, toda vez que el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Hermosillo, informó que se aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, remítase al Titular de ese órgano jurisdiccional el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien promueve en representación de i. ********************, ii. ********************, iii. ********************, iv. ********************, v. ********************, vi. ********************, vii. ********************, viii. ********************, ix. ********************, x. ********************, xi. ********************, xii. ******************** y xiii. ******************** contra actos 1. Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora y otra autoridad que hace consistir literalmente en lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: I.- La incomunicación. II.- La ilegal detención de los quejosos por parte de las autoridades migratorias señaladas como responsables, que afecta su libertad personal. III.- La inminente emisión y ejecución de una orden de deportación o retorno asistido decretado por las autoridades responsables, sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento. IV.- La ejecución de la orden de traslado de los quejosos a otra estación migratoria." ANOTACIONES Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 1********************-III, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los numerales 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: a) Cese de inmediato cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Para el caso que la parte quejosa directa se encuentre detenida por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que las autoridades responsables no le impidan tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estimen pertinente; d) Le permitan realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario; Cabe precisar que los artículos 1, 11 y 22 de la Constitución Federal, establecen: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Por otra parte, la normativa de la materia, en sus numerales 125, 126, 128 y 164 ordena: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De la lectura de los arábigos transcritos de la Constitución Federal puede extraerse, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establece. Lo cual significa que los inmigrantes, como personas que son, al estar en territorio nacional, gozan de la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se advierte que los inmigrantes tienen derecho a transitar por el territorio nacional; sin embargo, habrá limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa. Por otra parte, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional consistentes en las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que por extensión, tampoco pueden aplicarse en perjuicio de ningún extranjero. En otro sentido, la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar, cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación- sino también evitar que se causen al quejoso daños de idéntica magnitud. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el precepto 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. En concordancia con lo anterior, el referido ordinal 126 de la normativa de la materia establece que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, entre otros actos, contra la deportación, expulsión, proscripción, destierro o extradición del territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el normativo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. No obstante, conforme al principio pro persona -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia- debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos de una protección especial. En efecto, los dispositivos 99, 100, 101, 102 y 144 de la Ley de Migración, establecen: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno." "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aun y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el instituto. En todos estos casos, el instituto determinará el periodo durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva." De la lectura de los numerales de la Ley de Migración se advierte, que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual, se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia o bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento durará en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Además, se dispone que el acuerdo de presentación se emitirá en un término de veinticuatro horas, cuando el extranjero vaya a ser deportado por haber incurrido en alguna de las conductas establecidas en el arábigo 144 de la Ley de Migración. También se desprende de esas normas, que una vez emitido el acuerdo de presentación y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, éste podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. En tanto se dicte resolución definitiva, el extranjero podrá otorgar las garantías monetarias y fiduciarias establecidas en términos de dicha ley. De igual manera resulta útil invocar los ordinales 150, 162 y 164 de la legislación aplicable, que establecen. "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De la interpretación correlacionada del articulado transcritos de ambos ordenamientos, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional. Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. En adición al contexto jurídico anterior, se estima prudente destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que la libertad es la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido; en otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones; por su parte, la seguridad, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. Por lo que, la libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona. En otro contexto, el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. También es dable señalar que la libertad personal al ser un derecho de primordial relevancia, únicamente puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, tal como se advierte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; en este sentido, ha de entenderse que la libertad es siempre la regla y la limitación o restricción a tal libertad es siempre la excepción. Sobre tal aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: 1) Que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2) Que sea idónea para cumplir con el fin perseguido. 3) Que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, 4) Que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. También es dable destacar que el artículo 111 de la Ley de Migración, establece que en caso de presentación de una persona extranjera, el instituto debe resolver su situación migratoria en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Además, establece que el alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los esos quince días hábiles cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. Asimismo, prevé que en los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. En ese sentido, aunque ese precepto legal establece plazos para resolver la situación migratoria de una persona, así como en relación con el alojamiento de que puede ser objeto, debe tenerse presente que, cuando un extranjero es presentado ante las estancias migratorias, en realidad sufre un acto que interfiere con su libertad deambulatoria, por lo que, en la atención de esos casos, el operador jurídico debe tener siempre presente el principio de excepcionalidad. En efecto, aun tratándose del caso en que una persona esté sujeta a la verificación de su estancia en el país de acuerdo a los lineamientos previstos en la Ley de Migración (procedimiento de determinación de estancia migratoria), en atención al artículo 1° de la Constitución Federal, los juzgadores al conocer del juicio de amparo donde se reclamen actos previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, al resolver sobre la suspensión solicitada para efectos de obtener la libertad, deben considerar el principio de excepcionalidad de su restricción. En conclusión, en aquellos casos en los que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión, corresponde al Juzgador decretar esa medida y ordenar la libertad del quejoso, asimismo, estará constreñido a señalarle a la autoridad migratoria que provea las medidas idóneas para que el quejoso esté en condiciones de continuar con su trámite migratorio. Consecuentemente, en los casos en que una persona con calidad de inmigrante reclame la detención y solicite la libertad, debe ser el juzgador de amparo quien deberá concederla en términos de los numerales 126 y 164 de la normativa de la materia, lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad de los quejosos, sin que se fijen medidas adicionales y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad de los diversos consistentes en la deportación e incomunicación de la quejosa, por lo que la autoridad migratoria deberá fijar las garantías que estime discrecionalmente, pudiendo en su caso tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, salvo que la privación de la libertad sí sea con motivo de la comisión de un delito, pues en ese caso, debería proceder en términos del citado arábigo 164 de la legislación citada. Es así, debido a que la detención migratoria resulta contraria al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, ya que debe partirse de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y no la regla general. En consecuencia, respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que los quejosos i. ********************, ii. ********************, iii. ********************, iv. ********************, v. ********************, vi. ********************, vii. ********************, viii. ********************, ix. ********************, x. ********************, xi. ********************, xii. ******************** y xiii. ********************, sean puestos en inmediata libertad, debiendo la autoridad responsable (quien lo tenga a disposición) dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación) a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el ordinal 102 de la Ley de Migración. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional considera innecesario que la autoridad migratoria fije garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como lo es las directas quejosa en su calidad de migrante, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: ""SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la indicada autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que la directa quejosa cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que la directa parte quejosa permanecerá en el lugar en donde se encuentre alojada, a disposición de este juzgado federal por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que la directa quejosa sea puesta, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, debido a que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que el directo quejoso goce del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal a la parte peticionaria de amparo y se tenga certeza que tuvo conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de la responsable. Por tanto, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento otorgado a esta suspensión de plano, apercibida que de no acatar lo ordenado se le sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dicho informe deberán remitirlos vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93 y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía correo electrónico, el oficio que se envíe en este expediente a la autoridad responsable foránea. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA Ahora, atendiendo a que el promovente manifiesta que los directos quejosos i. ********************, ii. ********************, iii. ********************, iv. ********************, v. ********************, vi. ********************, vii. ********************, viii. ********************, ix. ********************, x. ********************, xi. ********************, xii. ******************** y xiii. ********************, se encuentran detenidos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, comisione a un actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, para que, con las formalidades de ley, a fin que de MANERA INMEDIATA se presente en el domicilio de la citada autoridad migratoria o en cualquier otro lugar de reclusión donde los quejosos pudieran estar y proceda a: 1) Certificar de manera pormenorizada la integridad física de la parte quejosa; y, 2) Le notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirla en términos del numeral 15 de la normativa de la materia para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirla que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) Así también, requiérase a la justiciable para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, señale expresamente domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior proveído, se le harán por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la legislación aplicable. Se faculta al Juez Federal para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de mérito, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el ordinal 21, tercer párrafo, del ordenamiento invocado. INCOMPETENCIA Ahora, los directos quejosos se encuentran alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora; lugar en el que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primer párrafo, del atribulo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o se esté ejecutando el acto reclamado. Tomando en consideración que los actos que se reclaman tienen efectos de ejecución en Hermosillo, Sonora; es por lo que se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de la demanda. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto aclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se colige que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: a) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse si esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Tratándose del acto reclamado que pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da una regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde se ejecuta el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica la Estación Migratoria donde se encuentra recluida la amparista. Por tanto, si dicha Estación Migratoria donde se encuentra recluido el quejoso, se ubica en Hermosillo, Sonora, se estima que los actos reclamados tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno. Como apoyo a lo anterior se cita por analogía la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en la página, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 178232, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.- Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." También se invoca la jurisprudencia de la misma Primera Sala, ubicada en la página 633, Libro 5, Abril 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2006160, Decima Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 primer párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, carece de competencia legal para conocer de amparo en que se actúa. Por ello, remítanse el original de la demanda, al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, previo cuaderno de antecedentes que se forme. Se solicita al órgano de control que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y únicamente con las restricciones del precepto 24, segundo párrafo de la citada normativa a ******************** y ******************** por no acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. DOMICILIO Tomando en consideración que el promovente señala los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones, cuya figura jurídica no se encuentra prevista en la ley de la materia, ni tampoco corresponde a un domicilio particular, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como tal efecto la lista de acuerdos, así como la lista electrónica que se genera en la página del Poder Judicial de la Federación. CONSULTA EXPEDIENTE EECTRÓNICO En razón que la parte quejosa solicita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, por medio del Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación, con el usuario "********************" por consiguiente, se autoriza aquélla. Se hace del conocimiento a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En razón que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. De conformidad con el precepto 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado artículo. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la legislación aplicable, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese vía electrónica. Así lo proveyó y firma electrónicamente Miriam Fabiola Núñez Castillo, juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; ante la secretaria que autoriza y da fe Reyna María Torres Meixueiro.

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