Ulises Blas Vásquez
Expediente 328/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ulises Blas Vásquez
- Ulises Blas Vásquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierten que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo (fojas 87 a 90); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en el que se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Por otra parte, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-B A
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ULISES BLAS VÁSQUEZ, CECILIO RAMÍREZ GÓMEZ y JAVIER GÓMEZ GALLEGOS, en términos del considerando segundo de esta determinación. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. II-B AMPARO
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado, rendido por la Jefa de Departamento de Enlace Jurídico adscrita a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal, con sede en Santa María Coyotepec, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva; asimismo con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene como delegados a las personas que precisa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso. Notifíquese. IIB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos; advirtiéndose que los informes justificados de las autoridades responsables, Director General de Reinserción Social, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y, encargado del Centro de Reinserción Social, con sede en Juchitán, Oaxaca, no fueron rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del contenido de los citados informes, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estime pertinentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 191995, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Por otra parte, agréguense a sus autos los escritos signados por Ángel Santiago Aquino, autorizado legal del quejoso Ulises Blas Vásquez; en su atención, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, consistente en todas las actuaciones que beneficie a sus intereses, las que se desahogan desde luego en razón de su especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a dicho autorizado legal formulando alegatos de acuerdo a las manifestaciones que expone. Notifíquese. IIB-A
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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