Tomasa Pineda Calleja
Expediente 90/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Tomasa Pineda Calleja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de septiembre del dos mil dieciséis. Vistos el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, hubieren interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha ocho de septiembre del año en curso por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Por otro lado, toda vez que la autoridad responsable, Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca remitió como justificación de su informe, el toca 276/2014 y testimonio deducido del expediente 200/2013, consistente en dos anexos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitando el acuse respectivo. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, de las que se advierte el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Estado de Oaxaca, así como el original de la toca 276/2014, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 184 572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, este juzgador considera que se actualiza a causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Es necesario explicar que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió (tratándose de un acto positivo), o que omitió uno (acto negativo u omisivo), deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto (en su doble aspecto); esto es así, en virtud de que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental agraviado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto u omisión han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas se encuentran como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto u omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Aplica al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, junio de 1999, página 38, registro electrónico 193 758, que es del título y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto de la lectura de la demanda de amparo en su conjunto, se advierte que, en esencia, la parte quejosa refiere como actos reclamados los siguientes: De la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado reclama: La omisión de pronunciar resolución dentro de la toca 276/2014, del índice de la sala responsable, relativa al recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el acuerdo de catorce de octubre de dos mil trece, emitido en el expediente 200/2013, del índice el Juzgado Mixto de Primera instancia, con sede en Santo Domingo Zanacatepec, Oaxaca. La omisión de ordenar la notificación de la sentencia emitida en dentro de la toca 276/2014, del índice de la sala responsable, radicada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el acuerdo de catorce de octubre de dos mil trece, emitido en el expediente 200/2013, del índice el Juzgado Mixto de Primera instancia, con sede en Santo Domingo Zanacatepec, Oaxaca. Del actuario adscrito a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado reclama: La omisión de notificar la sentencia emitida en dentro de la toca 276/2014, del índice de la sala responsable. Luego, en las constancias remitidas por dicha autoridad responsable, a la que se les da valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que con fecha dieciséis de enero de dos mil quince, se dictó resolución dentro del toca civil 276/2014, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por Tomasa Pineda Calleja, en contra del auto de fecha catorce de octubre de dos mil trece, dictado en el expediente 200/2013, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santo Domingo Zanacatepec, Juchitán, Oaxaca (fojas 25 y 26 del anexo I), en el que en uno de sus puntos resolutivos ordenó la notificación de dicha sentencia, lo que se advierte de la simple lectura de los mismos, que aquí se plasman: "RESUELVE: PRIMERO.- Se confirma la determinación recurrida en términos del considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO.- Notifíquese, remítase copia certificada de este fallo al Juzgado de su origen para los efectos legales a que haya lugar y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido. CUMPLASE." Asimismo, dicha sentencia fue notificada a la parte apelante, aquí quejosa, por medio de cédula de notificación, que se dejó en poder de Rebeca Eugenia Martínez, en el domicilio que aquella señaló para oír y recibir notificaciones en segunda instancia (foja 29 ídem.). De lo anterior se colige que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, toda vez que, como se puede advertir ya no existen las omisiones reclamadas de no pronunciar resolución dentro de la toca 276/2014, del índice de la sala responsable, relativa al recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el acuerdo de catorce de octubre de dos mil trece, emitido en el expediente 200/2013, del índice el Juzgado Mixto de Primera instancia, con sede en Santo Domingo Zanacatepec, Oaxaca; así como de no ordenar la notificación de la misma y en su caso de no llevar a cabo dicha notificación. Bajo esta tesitura, es evidente que existe una imposibilidad de materializar a que la autoridad responsable obre en el sentido de evitar las omisiones reclamadas, pues estas quedaron subsanadas con su actuar, de ahí que hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Página 210, registro electrónico 196 820, del rubro y teso siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la diversa fracción V del numeral 63 del referido ordenamiento legal, quedando sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, debe decirse que los criterios de jurisprudencia que se invocan, integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, son aplicables en tanto no se oponen a la vigente, en términos del artículo Sexto Transitorio de ésta última. Notifíquese, a los quejosos mediante lista como se encuentra ordenado en el acuerdo de veintitrés de febrero del actual. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio 756, signado por la Secretaría de acuerdos suplente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual en atención al oficio I-3259, por el que se requirió al actuario adscrito a esa Sala, rinda informe justificado respecto a los actos reclamados en la demanda de amparo, comunicando que esa Sala no cuenta con un actuario adscrito, toda vez que mediante Acuerdo General dictado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha tres de junio de dos mil quince, se aprobó la instalación de la Central de Actuarios para las Salas Civiles y Familiar de ese Tribunal, que inició funciones a partir del uno de julio de dos mil quince, por lo que en la actualidad no cuentan con actuarios judiciales adscritos; agregando que el veinte de enero de dos mil quince, fecha en que se notificó a la quejosa la resolución dictada en el toca número 276/2014, esa Sala sí contaba con actuarios adscritos. En consecuencia, por los motivos expuestos, se deja de tener como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca. Notifíquese. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos; advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se concedió a la autoridad señalada como responsable Actuario adscrito a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, a fin de que rinda su informe justificado, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra en autos en la foja que antecede; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y para llevarla a cabo se fijan nuevamente las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. I-B
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