Titular de los Servicios de Salud de Nayarit

Expediente 764/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 33 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
764/2020
Año
2020
Actuaciones
33
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Anaximenes Gameros Mercado
  • Titular de los Servicios de Salud de Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. SE RECIBE OFICIOS. Ténganse por recibidos los oficios signados por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a los cuales anexa, testimonio certificado de la ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitidas dentro del incidente en revisión administrativo 297/2021 y 298/2021, asimismo, adjunta copia certificada del incidente de suspensión 764/2020 y el original del expediente de previa cita, respectivamente. Ahora bien, de lo resuelto por el tribunal colegiado de mérito, se advierte que declaró sin materia los medios de impugnación de que se trata; en consecuencia, agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales procedentes. Acúsese el recibo de estilo, al aludido tribunal colegiado, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese.

  2. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. SE RECIBE OFICIO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito electrónicamente por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, relativos a la evidencia criptográfica del archivo magnético del líbelo en cuestión, así como del auto de veinte de diciembre del año en curso, emitido dentro de los autos del recurso de revisión 298/2021 de su estadística, derivado del incidente de suspensión del juicio de amparo 764/2020 de este índice, a través del cual por las razones que expone solicita le sea informado si la sentencia emitida en los autos del juicio principal en cita de donde deriva el presente incidente, causó ejecutoria y en su caso, se remitan las constancias correspondientes; por tanto, agréguense a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. En razón de lo anterior y teniendo a la vista los autos del juicio principal de donde deriva la presente incidencia, infórmesele a la oficiante que mediante determinación de nueve de noviembre del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio y, consecuentemente, se ordenó al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. A efecto de acreditar lo anterior, mediante oficio que para tal efecto se gire a la oficiante, remítasele copia certificada de la sentencia de mérito y auto por el cual causó ejecutoria la determinación de que trata, para los efectos legales a que tenga a bien determinar en el recurso de revisión 298/2021 de su índice.

  3. Principal

    El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el licenciado Roberto Alvarado Hernández Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit CERTIFICA que: El término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución de veintisiete de septiembre del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, transcurrió a la parte quejosa como a continuación se detalla: PARTE PROCESAL FECHA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA TÉRMINO DE DIEZ DÍAS. Parte quejosa 01 de octubre de 2021 Del 5 al 19 de octubre de 2021 Exceptuando los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábados y domingos, así como el doce de octubre de este año, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que en dicho lapso se haya presentado promoción alguna tendente a recurrirla; asimismo, se precisa que no se computa el término para las demás partes, toda vez que el sentido de dicha determinación no les afecta, por los motivos que se expondrán en el cuerpo del presente auto. No obran documentos originales exhibidos por las partes. Sí se tramitó incidente de suspensión; por ende, no hay billete de depósito pendiente de devolver. No hay constancias por devolver a la autoridad responsable. La versión electrónica del sumario constitucional en que se actúa coincide en su totalidad con la impresa. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, el suscrito secretario da cuenta a la secretaria en funciones de juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos en forma electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). CONSTE. TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintisiete de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada a las autoridades responsables para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo capítulo octavo, artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes; por lo tanto este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en el inciso a, del citado artículo 21, inciso a) del capítulo octavo, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado; y el original es depurable una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído a excepción de la medida suspensional concedida, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 21, inciso c, del mismo Acuerdo General, toda vez que la medida cautelar provisional se concedió a la parte quejosa. La anterior determinación, hágase el conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en esta ciudad, para que estime lo pertinente dentro de los recursos interpuestos en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el secretario Roberto Alvarado Hernández, que autoriza y da fe. mtbe

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 764/2020, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en forma electrónica el tres de julio de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Ordenadora. Titular de los Servicios de Salud de Nayarit.. b) Ejecutora. Jefa de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Nayarit." "ACTOS RECLAMADOS. 1) De la ordenadora en el inciso a): - La orden de dejar sin efectos el nombramiento de mi apoderado y sus consecuencias: privarlo de sus prestaciones económicas. 2) De la ordenadora en el inciso a): - La falta de emplazamiento a procedimiento. 3) De la ejecutora en el inciso b): - La comunicación verbal de la orden y las consecuencias de dejar sin efectos el nombramiento de mi apoderado, como impedir el acceso al área donde desempeña sus funciones, omitir realizar el pago de sus prestaciones económicas y demás derivadas del nombramiento." Actos que consideró violatorios de los derechos humanos previstos por los artículos 1, 14, 16 y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de siete de julio de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el número de expediente 764/2020 y se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la audiencia constitucional (fojas 14 a 18). En auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 53 y 54), se admitió la ampliación de demanda de amparo en donde se señaló como nueva autoridad responsable al Secretario de Salud en el Estado de Nayarit, a quien se solicitó su informe justificado. Finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los preceptos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo en Vigor, 48, 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado se atribuyó a autoridades que residen en el Estado de Nayarit, lugar que corresponde a la jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional, en términos de lo establecido por los dispositivos y Acuerdo General de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la legislación de la materia vigente, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que la quejosa reclama: La orden de dejar sin efectos su nombramiento como servidor público con plaza de ********************, y sus consecuencias jurídicas, consistentes en la privación u omisión de realizar el pago de sus prestaciones económicas, la comunicación verbal de la orden, el impedirle el acceso al área donde desempeña sus funciones. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, sin que sea óbice que las autoridades responsables al rendir el informe justificado que les fue solicitado hayan negado su existencia (fojas 24 y 61). Ello es así, toda vez que el Director General de los Servicios de Salud de Nayarit y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la propia dependencia, adjuntaron a su informe justificado, copia certificada del oficio SSN-DA-SRHNP/RH/CR/00633/2020, de fecha nueve de junio de dos mil veinte, dirigido al aquí quejoso, en donde la Directora de Administración, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y la Subdirectora de Recursos Humanos, Nómina y Pago de los Servicios de Salud de Nayarit, le informaron que se daba por terminado su nombramiento como servidor público en la plaza que desempeñaba (foja 33). De igual forma se adjuntó el original del oficio sin número dirigido al quejoso por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Nayarit, de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en donde en similitud de términos, se le informó que a partir del diez de junio de dos mil veinte, se daba por concluido y/o terminado el encargo que tenía de ********************, en el cual tenía dicho puesto de confianza (foja 34). Informes y actuaciones que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos y practicados respectivamente por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Por oficio SSN-DA-SRHNP/RH/CR/00633/2020, de fecha nueve de junio de dos mil veinte, dirigido al aquí quejoso, la Directora de Administración, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y la Subdirectora de Recursos Humanos, Nómina y Pago de los Servicios de Salud de Nayarit, le informaron que se daba por terminado su nombramiento como servidor público en la plaza que desempeñaba (foja 33). 2. A través del diverso oficio sin número dirigido al quejoso por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Nayarit, de fecha ocho de junio de dos mil veinte, se le informó que a partir del diez de junio de dos mil veinte, se daba por concluido y/o terminado el encargo que tenía de ********************, en el cual tenía dicho puesto de confianza (foja 34). 3. En este sentido, el dieciocho de junio de dos mil veinte, se presentó escrito original del aviso de rescisión laboral respecto al aquí quejoso, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, en el que se hicieron constar las condiciones y circunstancias por las cuales se determinó la terminación de la relación laboral y se sometió el asunto a la jurisdicción de dicho órgano de impartición de justicia (foja 35). QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, las autoridades responsables consideran que el presente juicio es improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 fracción I y 5 fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados por el promovente del amparo no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues éstos derivan de una relación laboral. En efecto, el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 1 fracción I y 5 fracción II del referido ordenamiento legal disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de derechos se encuentra supeditada al hecho de que las normas generales, actos u omisiones que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, el concepto de autoridad implica la facultad de decisión por parte de a quien se atribuya dicho carácter. En ese contexto, en términos de la fracción II del artículo 5° citado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De manera que para que un particular pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo debe realizar un acto con las notas distintivas destacadas y con base en el ejercicio de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimoprimer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, Página: 3823: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". Luego, no basta que los particulares actúen de manera unilateral en perjuicio de los gobernados, sino que el factor principal para considerar que se trata de un acto de autoridad radica en el hecho de que sus funciones deben estar determinadas por una norma general. De ahí que para establecer si el Secretario de Salud, así como el Director General y Jefa del Departamento de Recursos Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, tienen tal carácter, sus actos deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación, para ser considerados equivalentes a los de autoridad y por ende ser reclamables mediante el juicio constitucional. Lo que implica que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, es que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, que el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; por lo que, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual), que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Entendiéndose por estos tipos de relaciones, lo siguiente: Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Relaciones de supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Lo anterior con apoyo, en lo conducente, en la tesis I.15o.A.36 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. " Conforme a lo anterior, la suscrita estima que al Secretario de Salud, así como al Director General y Jefa del Departamento de Recursos Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no les asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Lo anterior se considera de esa forma, pues para ser considerada autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe emitir y ejecutar el acto en un plano de supra a subordinación en relación con otro particular. No obstante, como se dijo, de las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades; sin embargo, en la especie no acontece dicho supuesto, pues se advierte que el acto del que se duele derivan de las que señala como autoridades responsables actuaron en su calidad de patrón. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso constituye en sí, una rescisión o terminación de la relación de trabajo. En ese contexto, el numeral 30, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, establece: "Artículo 30. Sin detrimento de las atribuciones que correspondan a las diferentes dependencias, cada uno de sus titulares tendrá las siguientes facultades y obligaciones: XVI.- Nombrar, designar, remover, cesar, cambiar de adscripción, comisionar y otorgar licencias, a los servidores públicos y empleados de la Dependencia a su cargo;". Por su parte, los artículos 1, 2 y 11 fracción III del Decreto 7979 de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el que se crea el organismo público descentralizado denominado "Servicios de Salud Nayarit", establecen: "ARTICULO 1º.- Se crea un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará -Servicios de Salud de Nayarit-. ARTICULO 2º.- -Servicios de Salud de Nayarit-, tendrá por objeto prestar servicios de salud a la población abierta en la Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud y por el Acuerdo de Coordinación. ARTICULO 11.- El director general tendrá las siguientes funciones: (.) III. Nombrar y remover a los servidores públicos del Organismo, así como determinar sus atribuciones, ámbito de competencias y retribuciones con apego al presupuesto aprobado y demás disposiciones aplicables; (.) Luego, el artículo 22 fracción XI del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Nayarit, establece: "Articulo 22. Él o la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, tendrá las siguientes atribuciones: (.) XI. Dictaminar en definitiva las actas administrativas que se levanten a los trabajadores del organismo por violación a las disposiciones laborales aplicables, así como reconsiderar, en su caso, los dictámenes de cese que hubiere emitido, los que deberán impugnarse dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación;." En ese orden, de los artículos 1, 4, 171 y 172 de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, vigente a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, se desprende lo siguiente: "Artículo 1. Naturaleza y objeto. La presente Ley es de observancia general y rige, en sus términos, las relaciones de trabajo entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los Municipios; así como las instituciones descentralizadas de carácter estatal y municipal, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Empresas de participación estatal y fideicomisos de carácter estatal y municipal, hacía con sus trabajadores, independientemente de lo que dispongan sus normas de creación." "Artículo 3. Relación de trabajo. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley, se entiende establecida para todos los efectos legales, entre el Estado por conducto de alguno de los Entes Públicos y el trabajador, por sí o a través de su organización sindical." "Artículo 4. Clasificación de los trabajadores. Atendiendo a la naturaleza de sus funciones, los servidores públicos sujetos a una relación laboral se clasifican en, trabajadores: I. De confianza; II. De base; III. Eventuales o Transitorios; IV. Por tiempo determinado, y V. Por obra determinada." "Artículo 171. Naturaleza Jurídica. Se crea el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, como un organismo público no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, e independiente en sus decisiones y determinaciones, cuya organización, competencia, funcionamiento y procedimientos, estará prevista en la presente Ley y en su Reglamento interior. Conocerá y resolverá a través de sus instancias de todas las cuestiones relativas al Derecho Laboral Burocrático del Estado de Nayarit de conformidad a las disposiciones que le resulten aplicables. Atendiendo a la naturaleza de su objeto, los integrantes del Instituto, cualquiera que sea su actividad, serán de confianza o por tiempo determinado." "Artículo 172. Integración del Instituto. El Instituto estará integrado por: I. Una Junta de Gobierno; II. Unidad de Medios alternos de solución de Conflicto en Materia Laboral, y III. Por Salas Laborales encargadas de conocer y dirimir los conflictos individuales y colectivos en materia laboral burocrática. La Unidad tiene como objetivo ofrecer el servicio de resolución de diferencias en materia laboral tanto individual como colectivos, a través de mecanismos alternos de mediación y conciliación. Para la solución alterna de conflictos, serán principios rectores, el Profesionalismo, confidencialidad, equidad, flexibilidad, honestidad, imparcialidad, legalidad, neutralidad y seguridad jurídica. Las Salas Laborales tendrán las facultades de conocer y dirimir los asuntos en materia laboral burocrática dentro del Estado de Nayarit, que no hubieran podido ser resueltos por medios alternos de solución de controversias, y ceñirán su actuación a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Los presidentes de las Salas Laborales deberán atender al principio de realidad sobre los elementos formales que la contradigan. Asimismo, se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo burocrático." De la interpretación sistemática de los preceptos reproducidos, se concluye que el empleado al servicio del Estado será toda persona que presta sus servicios a las instituciones o entidades públicas de carácter estatal, por tanto, la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit regirá las relaciones de trabajo entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los Municipios; así como las instituciones descentralizadas de carácter estatal y municipal, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Empresas de participación estatal y fideicomisos de carácter estatal y municipal, hacía con sus trabajadores, independientemente de lo que dispongan sus normas de creación. Ahora, no se soslaya que la referida ley estableció en su artículo cuarto transitorio que dentro del plazo de 180 días naturales posteriores a la designación del titular del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, se debería tener debidamente integrado el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, lapso dentro de cual, se deberían emitir las normas reglamentarias necesarias para dar total cumplimiento a lo ordenado en dicha ley; no obstante, a pesar de que a la fecha no se encuentra en funcionamiento el mencionado centro, el quinto normativo transitorio también dispuso que mientras se integra el Instituto de Justicia Laboral y sus órganos, continuará en funciones el actual Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Por tanto, de los normativos anteriores se desprende lo siguiente: a) Trabajador al Servicio del Estado es toda persona que presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los Municipios del Estado de Nayarit e Instituciones Descentralizadas de carácter estatal, un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. b) Los titulares de las dependencias del Estado de Nayarit tienen la facultad de nombrar, designar, remover, cesar, cambiar de adscripción, comisionar y otorgar licencias, a los servidores públicos y empleados de la dependencia a su cargo. c) "Servicios de Salud Nayarit" es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit, con personalidad jurídica y patrimonio propios. d) Entre las funciones de "Servicios de Salud Nayarit" se encuentra, entre otras, prestar servicios de salud a la población abierta en la Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud y por el Acuerdo de Coordinación. e) El director general de dicha institución tiene, entre otras, la facultad de nombrar y remover a los servidores públicos adscritos a ese organismo, así como determinar sus atribuciones, ámbito de competencias y retribuciones con apego al presupuesto aprobado y demás disposiciones aplicables. f) La relación jurídica del trabajo reconocida por la referida ley burocrática, se integra por alguna institución descentralizada de carácter estatal y el trabajador. g) Las relaciones laborales que se susciten entre Servicios de Salud y su personal, se regularán por la Ley Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit. h) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será el competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Estado, las Instituciones Descentralizadas y sus trabajadores, en tanto se pone en funcionamiento el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit. Entonces, si el Secretario de Salud y los Servicios de Salud Nayarit, por conducto del Director General y la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, forman parte de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es prestar servicios de salud a la población abierta en el Estado; por tanto, gozan de independencia para determinar por sí mismos, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios de salud que presten, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal, lo que los habilita para emitir, por conducto de sus autorizados, determinaciones administrativas que le permitan cumplir con sus fines. En esa línea, la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit regula la relación laboral entre los Poderes del Estado y sus trabajadores. En ese sentido, se establece por trabajadores del Estado debe entenderse todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. Por tanto, la ley anterior constituye el ordenamiento que regula las relaciones de los trabajadores del Estado, en particular, los que desempeñan una función subordinada y remunerada para los municipios, en virtud de un nombramiento expedido. En consecuencia, por regla general, la relación de los servidores estatales dependientes de los Servicios de Salud Nayarit, es de naturaleza laboral, ya que en esos casos el estado actúa como un patrón, tal como se advierte de la ley en comento. Luego, como se insiste la relación existente entre los empleados pertenecientes a alguna dependencia pública del Estado de Nayarit y sus servidores públicos es de naturaleza laboral y, por ende, para resolver los conflictos laborales que se susciten entre ellos se debe acudir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, pues es el órgano competente para dirimir los conflictos individuales que se produzcan entre los funcionarios públicos y las entidades públicas en comento, en tanto empieza a funcionar el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit. Sobre esa base, en principio, todo acto de molestia realizado por alguna dependencia pública estatal a sus servidores públicos es de naturaleza laboral, por realizarse por éstos en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran como servidores públicos, de conformidad con los artículos 115 fracción VIII y 123 constitucionales. Lo anterior, salvo los casos en que se trate de una sanción firme derivada de una responsabilidad en el ejercicio del servicio público, pues únicamente en este supuesto puede considerarse que el acto es de naturaleza administrativa. Es ilustrativa de lo considerado, por las razones que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Novena Época, julio de dos mil diez, página trescientos catorce, que dispone: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento". Entonces, la determinación por medio de la cual el titular de un organismo público descentralizado rescinde la relación laboral a un trabajador adscrito a la dependencia que dirige, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, generan un conflicto entre el funcionario público que se encuentre ocupando la plaza como trabajador y la institución como patrón. De ahí que las destituciones realizadas por las instituciones en referencia en su calidad de patrones y al formar parte de la administración pública estatal, no pueden constituir un acto de autoridad, dado que en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes; esto último, dado que se encuentran en un plano de igualdad, al ser un tercero ajeno a la controversia a quien corresponde resolver lo conducente de manera imparcial. Lo anterior tiene como consecuencia que las determinaciones de los entes públicos estatales en las que se modifiquen las condiciones laborales de sus trabajadores están sujetas a la jurisdicción del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit o bien, al Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit cuando se encuentre funcionando En consecuencia, cualquier cuestión que surja con motivo de tales actos debe ser ventilada ante el tribunal o instituto referidos, pues, se reitera, en esos supuestos el Estado actúa se equipara a un patrón. Es sustento de lo determinado, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 97/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, noviembre de dos mil tres, página ciento cincuenta y dos, que dispone: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto". Así como, la diversa Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Primer Circuito, localizable en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Página 1956, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En esta instancia constitucional, como se precisó, el quejoso reclama la orden de dejar sin efectos su nombramiento como servidor público con plaza de ********************, y sus consecuencias jurídicas, consistentes en la privación u omisión de realizar el pago de sus prestaciones económicas, la comunicación verbal de la orden, el impedirle el acceso al área donde desempeña sus funciones. De lo anterior se advierte que la materia del acto reclamado, se integra por la afectación de la relación derivada del carácter de trabajador estatal del quejoso, pues la legitimación la hace descansar en el nombramiento de ******************** que tiene en esa institución y de su terminación. Luego, es evidente que la relación jurídica subyacente es de carácter laboral, es decir, se trata de un trabajador del Estado, lo que conlleva que el vínculo entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables es de coordinación (patrón-trabajador) y no de supra a subordinación. Lo anterior, pues, como se expuso, las cuestiones relativas a las condiciones laborales de los trabajadores del Estado deben plantarse ante el tribunal burocrático de dicha entidad. En consecuencia, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional, pues la reclamación base de la demanda de derechos, se insiste, involucra únicamente una cuestión laboral, por lo que el quejoso se encuentra en una relación de coordinación con las autoridades señaladas como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 2/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Página: 608, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguientes: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II del ordenamiento legal en cita. Entonces, con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el quejoso, tendentes a demostrar la violación de derechos. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Así, por lo expuesto y fundado conforme a los artículos 65, 73, 74, 75, 76 y 217 de Ley de Amparo Vigente se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ******************** respecto a los actos reclamados y autoridades responsables de referencia, de conformidad con los argumentos y el fundamento contenido en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el secretario Roberto Alvarado Hernández, que autoriza y da fe, el día de hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado. Conste. JAC

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