Tomás Carrillo Sánchez
Expediente 890/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/12/2019
Partes del expediente
- Tomás Carrillo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense sin mayor proveído a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta, en virtud de que por acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el cuatro de noviembre del presente año (fojas 72 a 73), el Presidente, Secretario y Tesorero del Municipio de Acaponeta, Nayarit, informaron que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de cinco de noviembre de la presente anualidad (foja 74), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio y anexos recibidos el cuatro del mes y año en cita, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el once de noviembre del presente año (foja 77) y al tercero interesado el siete del mes y año que transcurre; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dichas parte, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia que ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el cinco de septiembre del año en curso (fojas 56 a 62), se determinó conceder a Tomás Carrillo Sámchez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ". la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, Nayarit, deje insubsistente el oficio emitido el cinco de marzo del año en curso y, en lugar, emita un nuevo pronunciamiento que sea congruente con la petición que le fue planteada y se la notifique oportunamente al ahora quejoso, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, es decir, su respuesta puede ser favorable o desfavorable a los intereses del accionante de garantías, según sea procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente la determinación a la que arribe; ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido." En cumplimiento a ello, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, resuelven que no es posible el otorgamiento a la petición, porque en el lugar donde solicita es una calle principal y con mucha afluencia vehicular y de otorgarle su instalación causaría problemas a la circulación de peatones y vehículos; sin embargo, se le autorizó el espacio público ubicado en la calle Corona entre las calles México y Veracruz, colonia centro de la ciudad de Acaponeta, Nayarit, a fin de ejercer el comercio ambulante de venta de tacos puercos, su funcionamiento sería autorizado una vez que haya cubierto las contribuciones que marca la Ley de Ingresos del Municipio de Acaponeta, Nayarit; respuesta que fue notificada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (foja 73) Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es destruible, debido a que la medida cautelar se negó respecto del acto reclamado; por ende, agréguense a estos autos y una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, procédase a la destrucción del mismo; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, deberá destruirse, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el cuatro de noviembre del presente año (fojas 72 a 73), el Presidente, Secretario y Tesorero del Municipio de Acaponeta, Nayarit, informaron que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de cinco de noviembre de la presente anualidad (foja 74), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio y anexos recibidos el cuatro del mes y año en cita, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el once de noviembre del presente año (foja 77) y al tercero interesado el siete del mes y año que transcurre; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dichas parte, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia que ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el cinco de septiembre del año en curso (fojas 56 a 62), se determinó conceder a Tomás Carrillo Sámchez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ". la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, Nayarit, deje insubsistente el oficio emitido el cinco de marzo del año en curso y, en lugar, emita un nuevo pronunciamiento que sea congruente con la petición que le fue planteada y se la notifique oportunamente al ahora quejoso, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, es decir, su respuesta puede ser favorable o desfavorable a los intereses del accionante de garantías, según sea procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente la determinación a la que arribe; ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido." En cumplimiento a ello, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, resuelven que no es posible el otorgamiento a la petición, porque en el lugar donde solicita es una calle principal y con mucha afluencia vehicular y de otorgarle su instalación causaría problemas a la circulación de peatones y vehículos; sin embargo, se le autorizó el espacio público ubicado en la calle Corona entre las calles México y Veracruz, colonia centro de la ciudad de Acaponeta, Nayarit, a fin de ejercer el comercio ambulante de venta de tacos puercos, su funcionamiento sería autorizado una vez que haya cubierto las contribuciones que marca la Ley de Ingresos del Municipio de Acaponeta, Nayarit; respuesta que fue notificada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (foja 73) Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es destruible, debido a que la medida cautelar se negó respecto del acto reclamado; por ende, agréguense a estos autos y una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, procédase a la destrucción del mismo; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, deberá destruirse, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito el Presidente, Secretario y Tesorero del Municipio de Acaponeta, Nayarit, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo al haber dejado insubsistente el oficio el cinco de marzo del año en curso y se emite uno nuevo notificado al quejoso el dieciocho de septiembre de este año; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
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