Tito Mejía Cristerna

Expediente 1721/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1721/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Tito Mejía Cristerna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta, signado por ***, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías con nombre de usuario ***, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a la promovente, con el nombre de usuario en comento, ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de octubre del presente año (fojas 90 y 91), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiséis de octubre del año en curso (foja 92), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el seis de noviembre del propio año (foja 95); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la parte agraviada del ocho al doce de noviembre actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia de trece de septiembre de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 51 a 65), se determinó conceder a ***, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ****, que es la cantidad que se erogó por los conceptos de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO', Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, respecto del instrumento público respecto del instrumento público 37,563 emitido por el Notario Público número uno, con sede en esta ciudad. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad (fojas 78 y 79), causó ejecutoria la resolución de mérito se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de cinco días la acatara y remitiera las constancias que lo acreditaran. En atención a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 90 y 91), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había realizado la transferencia bancaria en favor del quejoso (foja 91), por la cantidad de ***; situación que acreditó con el anexo antes indicado. Ahora bien, a la cantidad total que la parte quejosa erogó por el pago de derechos conforme a los preceptos declarados inconstitucionales, a saber, ****, debe restársele la suma de ****, que corresponde el monto mínimo a pagar, tal como está ordenado en la sentencia, lo que arroja un total de ****De ello se obtiene que la autoridad devolvió la cantidad de ****. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización), para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el seis de agosto de dos mil dieciocho y el veinticuatro de octubre de este año, se efectuó la transferencia electrónica correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de julio a septiembre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones del mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue 132.991 y para el mes de septiembre de esta anualidad fue 100.917 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75882578520351. Sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber:***, se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la promovente del amparo ****, sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de *** pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa informó sobre la celebración de un convenio judicial que pone fin a la controversia al procedimiento de ejecución tramitado en el expediente 338/2012 del índice de la responsable, de donde emanan los actos reclamados, empero omitió anexar dicho convenio al escrito presentado el veinte de julio de la presente anualidad en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 469 a 470). Por tanto, de conformidad con lo previsto por el ordinal 75 de la citada ley, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el presente oficio, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de las documentales relacionadas con el convenio judicial en comento. Ello porque en su carácter de autoridad responsable, tiene la obligación de remitir las documentales que acrediten la constitucionalidad del acto reclamado, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, apercibida que de ser omisa, se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa una equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, con fundamento en el dispositivo 260, fracción I, y 238 de la ley de la materia. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por tanto, para dar margen a ello, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis 2002576, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que estuvo presente en las instalaciones de este juzgado, el perito oficial ********************, quien manifestó ratificar en todas y cada una de sus partes su dictamen pericial presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el quince de octubre de la presente anualidad; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, de la emisión del peritaje en mención, a efecto de que si lo desean, con fundamento en el dispositivo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, por disposición expresa de su numeral 2°, dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo, se les hace del conocimiento de las partes, que dicho dictamen está a su disposición. **

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