Teresita de Jesús Benítez Madriz
Expediente 611/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Teresita de Jesús Benítez Madriz
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ernesto Adame Ruíz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones otorgadas al Titular, aprobadas por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6964/2019, signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión; y da fe la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito de la quejosa Teresita de Jesús Benítez Madriz, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cinco de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: EXAMEN DE LA DEMANDA Y PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en: El acta de emplazamiento realizada por el actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio oral familiar 621/2019. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado mediante el incidente de nulidad de actuaciones. En ese orden de ideas, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, Tomo XVII, julio de 1993, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de la peticionaria de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo que establecen los artículos 756, 758, 760 y 761 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo: "Artículo 734. Las notificaciones, emplazamientos y citaciones se verificarán dentro de los tres días siguientes al en que se dicten las resoluciones que las prevengan. Se sancionará a los infractores de este artículo por el Consejo del Poder Judicial, conforme a la Ley Orgánica. Las notificaciones electrónicas deberán realizarse en horas hábiles del día en que se dicte la resolución de que se trate." "Artículo 741. La primera notificación se hará en el domicilio designado al efecto y en la persona misma del que deba ser notificado, de no encontrarlo el notificador y cerciorado por el informe de dos vecinos, de que ese es su domicilio y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el tribunal o juez que mande practicarla, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba, de todo ello se levantará acta pormenorizada suscribiéndola los que intervinieron en ella, incluyendo a los vecinos, si supieren y quisieren hacerlo." "Artículo 752. Las notificaciones se harán leyendo íntegramente la determinación que se notifique y deben firmarla la persona que la hace y la que la recibe; si esta no supiere o no quisiere firmar, lo hará aquella, haciéndose constar esta circunstancia." "Artículo 756. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en el juicio sabedora de la providencia, por haber hecho alguna promoción o recibido alguna notificación posterior, la notificación indebida surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha, sin que por eso quede relevado el que la hizo, de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior." "Artículo 758. La nulidad de una actuación o notificación practicada en la fase escrita, debe reclamarse dentro de los tres días siguientes a la actuación subsecuente, de lo contrario queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, la cual podrá serlo hasta antes de la sentencia ejecutoria." "Artículo 760. La nulidad de actuaciones y notificaciones se sustanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes." "Artículo 761. Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en este." De los normativos citados, se advierten los términos en los que se debe realizar el emplazamiento en los juicios familiares, notificaciones contra las cuales si se considera que dicha notificación se realizó en forma distinta de la prevenida, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado; pues la incidencia de mérito, tiene por objeto dirimir las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal. En el caso, la parte quejosa refiere que la diligencia de emplazamiento en el juicio de origen, se llevó a cabo en un diverso domicilio que no corresponde a su domicilio habitual. De ahí que, contra el emplazamiento combatido en esta instancia, la quejosa debió interponer el incidente de nulidad de notificaciones, al ser parte formal en el juicio de origen. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario. Por identidad jurídica sustancial, robustece lo sustentado, la Jurisprudencia 3a./J.1/95 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 86-1, Febrero de 1995, materia civil de epígrafe: "NULIDAD DE ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACION SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (APLICACION SUPLETORIA DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO Y CODIFICACIONES SIMILARES). A fin de que una actuación nula no se convalide, es necesario, excepto cuando se trate de la nulidad por defecto en el emplazamiento, que se reclame en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve (artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles del Estado); sin que sea aplicable el artículo 1079, fracción VIII del Código de Comercio que establece un término de tres días cuando la ley no señale expresamente otro para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho, en virtud de que por la estrecha vinculación que existe entre las disposiciones que regulan la nulidad de actuaciones en la legislación común, no es posible establecer un término para su interposición, distinto del que prevé el propio código adjetivo local, ya que una aplicación parcial de este ordenamiento, sólo conduciría a desmembrar dicha figura procesal." De igual forma, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reza: "NULIDAD EN MATERIA MERCANTIL, TERMINO PARA INTERPONERLA. Como las leyes procesales, ordinarias o locales, sólo pueden aplicarse en asuntos mercantiles cuando son necesarias supletoriamente, es decir, en los casos de omisión de las leyes mercantiles, o en cuanto a detalles o particularidades de las instituciones en éstas consignadas, debe considerarse que tratándose del incidente de nulidad de actuaciones, puede promoverse dentro de los tres días que fija el artículo 1079 del Código de Comercio, pues debe tenerse en cuenta que el indicado ordenamiento no fija término alguno para promover dicho incidente. En consecuencia, en casos de esta naturaleza, es indebido aplicar como supletorias, leyes locales." Así como, la tesis IV.3o.C.47 C, del Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Cuarto Circuito, localizable en la Página 2380 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común de título y contenido: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SI LA QUEJOSA COMPARECE AL PROCEDIMIENTO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA Y NO AGOTA EL INCIDENTE RELATIVO, EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR NO HABER PREPARADO ESTA VIOLACIÓN PROCESAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE LA MATERIA. De la interpretación del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria al Código de Comercio, se advierten, entre otras cosas, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en la ley, la parte agraviada tendrá el incidente de nulidad de notificaciones para impugnarla, por lo que si la quejosa comparece al procedimiento antes del dictado de la sentencia y no agota dicho medio de impugnación, respecto del emplazamiento que alegue que se le practicó de manera irregular, todo lo que exponga en relación con él, resultará inoperante y, por tanto, el amparo promovido en su contra es improcedente, precisamente por no haberse preparado esa violación procesal en los términos que requiere el artículo 161 de la Ley de Amparo." También, resulta necesario precisar que, en la especie, no se está en presencia de un acto de imposible reparación, contra el cual procede por excepción el juicio de amparo indirecto, entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, así como en los tratados internacionales de los que México es parte, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Es así, en virtud de que la naturaleza la violación alegada, solo produce una afectación de naturaleza procesal que no afecta el desarrollo del juicio de origen, ni vulnera la garantía de defensa de la aquí quejosa; tampoco, en forma actual se impide a la promovente el ejercicio de un derecho, pues tales violaciones intraprocesales solo afectan sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderán al resultado del fallo definitivo que se llegare a dictar, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de éste; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación y, en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar el acto que aquí reclaman, en caso de trascender al resultado del fallo. Además, si bien es cierto que el acto del que se duele la quejosa en esta instancia constitucional, tiene como consecuencia el emplazamiento de éste al juicio oral familiar de origen, y tal acto jurídico resulta ser la violación procesal de mayor magnitud, también lo es que el mismo, en el caso concreto, como se expuso, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, por las razones mencionadas. Máxime, que la quejosa está en condiciones de acudir al juicio de origen y ejercer la garantía de audiencia, pues aún no se señala fecha para la celebración de la audiencia de juicio, incluso interponer los medios ordinarios de defensa, ya que todavía existe la posibilidad de que puedan obtener una sentencia favorable que haga que las violaciones procesales que aduce resulten intrascendentes. En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter personal otorgada al Titular, concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, comunicado mediante oficio 6898/2019, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y da fe el secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito suscrito por Luis Manuel Cabrera Casarez, autorizado de la quejosa Teresita de Jesús Benítez Madriz, mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada en proveído de cinco de diciembre de dos mil diecinueve; en su atención, dígasele que no ha lugar a tenerlo por desahogando la prevención, virtud a que dicho cumplimiento constituye un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien promueve la demanda de amparo, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, y no considerarlo así, se traduciría en hacer suyos los hechos que no le constan y que ocurrieron antes de la presentación de la demanda, máxime que los derechos y obligaciones procesales que conllevan su autorización, son a partir de la presentación de la demanda y no antes; por tanto, sigue subsistente el apercibimiento que le fue formulado en el citado acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 1a./J. 50/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. AUTO DE PREVENCIÓN Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Teresita de Jesús Benítez Madriz, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 611/2019. 2. PREVENCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción V y 114 fracción I, en relación con los numerales 110 y 112 de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con copia para las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de la Federación, tercero interesado y dos para el incidente de suspensión, aclare su demanda en cuanto a lo siguiente: Tomando en consideración que a la quejosa le reviste el carácter de parte demandada en el juicio oral familiar 621/2019, del que deriva el acto reclamado; por tanto, deberá precisar el estado procesal que actualmente guarda dicho juicio; aun cuando reclama el emplazamiento al mismo, pues de la lectura de la demanda de amparo no se advierte tal circunstancia. 3. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. 4. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Manuel Cabrera Casarez, Alejandro Pimentel Pineda, Alejandro Pimentel Alejo, Salvador Arriaga colín y Fernando del Toro Ramírez, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se localizó cédula a nombre de los citados profesionistas que los autoriza para ejercer la profesión de licenciados en Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Rafael Antonio Hidalgo, por así haberlo solicitado expresamente. 5. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
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