Tomás Ruíz Hernández

Expediente 556/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
556/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Tomás Ruíz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitada la medida cautelar. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 556/2020, promovido por Tomás Ruiz Hernández, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EL JUICIO DE AMPARO. Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado es susceptible de ejecutarse dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", se precisa que el acto reclamado consiste en: El traslado realizado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado resulta inexistente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la citada autoridad. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Son ciertos los actos reclamados del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director General del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Puntualizado lo anterior, tenemos que en el segundo supuesto se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. Entonces, es factible considerar que en el caso, se actualiza la hipótesis referida, puesto que se reemplazó el acto reclamado en comento por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, razón por la cual éste deja de surtir sus efectos como tal. En el caso que nos ocupa, es operante el segundo supuesto, pues el quejoso reclamó de las citadas autoridades responsables la orden de traslado del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán, la cual se contiene en el oficio SSPC/PRS/27500/2020, de trece de noviembre de dos mil diecinueve. Del citado oficio se desprende que: I. Mediante oficios SSP/01281/2019, SSP/01890/2019 y SSP/03998/2019, de veintidós de abril, dieciocho de junio y doce de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, se ordenó el traslado de diversas personas privadas de su libertad por riesgo objetivo para la integridad y la salud de dichas personas. II. La determinación de traslado se hizo del conocimiento al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en los autos de la causa penal 6/2012, instruida en contra del quejoso, quien calificó de legal el traslado, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Lo relatado permite establecer, que al haberse dictado la resolución que calificó el traslado del quejoso en el expediente 6/2012, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ésta sustituyó a la diversa orden de traslado emitida y ejecutada por las autoridades administrativas responsables, que en esta vía reclama el quejoso Tomás Ruiz Hernández, por lo que, es inconcuso que en el caso se actualiza una cesación de efectos por sustitución procesal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del mismo en razón de la sustitución de la orden impugnada, se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Tomás Ruiz Hernández, contra los actos reclamados a las responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director General del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán. De acuerdo a lo resuelto, resulta innecesario el análisis de las demás causas de sobreseimiento que concurran invocadas por las autoridades responsables, de acuerdo al contenido de la tesis consultable en la página 2900 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. LEGALIDAD DEL. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. SIN ENTRAR AL DE TODAS LAS QUE CONCURRAN". En relación con el auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 6/2012, en el que se calificó de legal el traslado del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias de autos se advierte que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y como acto reclamado el auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal 6/2012, que calificó de legal su traslado, sin que realizara manifestación alguna al respecto; por lo que en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se entendió su desinterés en el desahogo de dicha prevención y se ordenó la prosecución del juicio en los términos del escrito inicial de demanda. Ante ello, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Con ello, impone SOBRESEER EN ESTE ASUNTO, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. SEXTO. Notificación al quejoso. Dado que el quejoso Tomás Ruiz Hernández, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el referido centro de reclusión y notifique personalmente al quejoso la presente sentencia. Instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Tomás Ruiz Hernández, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese y al quejoso en su lugar de reclusión, así como a su representante especial. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, en atención al contenido de la Circular SECNO/8/2021, de treinta de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dispuso en ella que el ordenamiento para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020 y 37/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus COVID-19, se emite la determinación siguiente: De la certificación que antecede se advierte que, a la fecha, feneció el plazo de quince días concedido al quejoso Tomás Ruiz Hernández, en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo, sin que lo haya hecho, no obstante encontrarse debidamente notificado para ello, según se advierte de la constancia que obra en autos. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo, y se ordena continuar el trámite del presente juicio, en la forma planteada inicialmente en el escrito de demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene a la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, formulando los alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. No pasa inadvertido para este Juzgado, que en el oficio de cuenta, se haya asentado como número de juicio 566/2020; sin embargo, del contenido del mismo se desprende que corresponde al juicio en que se actúa, lo que hace evidente que se trata de un mero error mecanográfico; de ahí que se integra al presente asunto. Notifíquese; y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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