Teresa Torres León

Expediente 630/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
630/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Teresa Torres León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el suscrito Alejandro Luna de los Santos, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que del Aviso signado por la Coordinación de Jueces de Distrito, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, se advierte que fueron declarados como inhábiles del dieciséis al veintinueve de octubre del presente año y, que se suspendieron labores en dichas datas; sin que corrieran los plazos y términos procesales. Asimismo, que el plazo que disponían las partes para recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio transcurrió de la siguiente manera: Para el quejoso y para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del treinta y uno de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que fue notificado por medio de lista el trece de octubre pasado, descontando los días inhábiles. Para las autoridades responsables, del treinta y uno de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, en virtud de que fueron notificadas el diecisiete de octubre del año curso, descontando los días inhábiles. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. CUENTA. Con la certificación secretarial anterior el Secretario da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Ahora bien, de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, se aprecia que el efecto de concesión es el siguiente: ".OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a Teresa Rosas León, el amparo solicitado a efecto que: Las autoridades responsables Director del Hospital General de Sahuayo, Michoacán de Ocampo; Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud; y, Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia: a) Bajo su estricta vigilancia, supervisión periódica y responsabilidad gestionen las acciones necesarias para que éstas, o bien a través de la clínica o del centro hospitalario que corresponda, incluso de manera subrogada, se les sigan proporcionando a la quejosa Teresa Rosas León, la debida atención médica, la cual deberá ser integral y completa, para tratar sus padecimientos de insuficiencia renal crónica con derrame pleural derecho crónico, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial sistemática, ceguera ocular derecha, neuropatía diabética y osteodistrofia renal. Lo que implica a los médicos en la especialidad que fuere necesaria, estudios médicos, diagnósticos y medicamentos más idóneos para sus padecimientos, ello de manera continua. b) Asimismo, deberán realizar las valoraciones médicas que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle el número de hemodiálisis que requiera. c) Para efecto de lo anterior, será obligación de la quejosa para continuar gozando de la protección del amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Cobra puntual aplicación, la tesis CCCXLIII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 969, del libro 24, noviembre de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010420, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes.". REQUERIMIENTO. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, se sirvan cumplir con la sentencia de mérito, de la cual oportunamente se les envió copia certificada; lo que deberán hacer del conocimiento, por una sola vía, al correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO. Se les apercibe que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa a cada una, de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en término de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma [electrónicamente] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el número de folio 13164. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por Jimena Merino Silva, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán; en su atención, se provee:********************DOMICILIO Y DELEGADOS. Dígasele que se esté a lo acordado en autos de veintiuno de septiembre y cinco de octubre del año en curso; toda vez, que en esa data se acordó lo conducente.********************Por otra parte, se le tiene desahogando el requerimiento formulado en proveído de cinco de octubre pasado; mediante el cual, informa que la quejosa no asistió al nosocomio responsable el doce de octubre de dos mil veintitrés; por tanto, le fue otorgada una nueve cita para esta data, a fin, de proporcionarle la atención médica que requiere para tratar sus padecimiento. ********************De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.********************En esas condiciones, requiérase a ********************, para que acuda al multicitado nosocomio, a fin de que le otorguen la atención médica necesaria, para atender los padecimientos que le afecten.********************Para tal efecto, se comisiona a la Actuaria de la adscripción, correr traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta.********************Lo anterior, bajo la advertencia que en términos del artículo 77 Bis 38 de la Ley General de Salud, como beneficiario de salud, tiene la obligación de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica, colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud, cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse, informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consultas y quejas, y hacer uso responsable de los servicios de salud.********************En su comparecencia ante la autoridad de salud, deberá manifestar libremente si acepta o no a someterse al procedimiento diagnóstico y terapéutico ofrecido; en la inteligencia de que de no ser posible que otorgue su consentimiento por sí mismo, por medio de algún familiar o por su representante legal, la autoridad de salud deberá proceder de inmediato con lo que sea conducente para preservar la vida y salud del quejoso, bajo su más estricta responsabilidad.********************REQUERIMIENTO. No obstante a lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, el cumplimiento de la suspensión de plano, de conformidad con los lineamientos dados en acuerdo de trece de septiembre del año en curso.********************Por tanto, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, posteriores a que la quejosa se presente ante ellos para recibir atención médica, deberán informar el cumplimiento exacto e inmediato que den a la suspensión concedida, apercibiéndolas que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar.********************APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir lo anterior, se les impondrá, a cada una, multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo.********************NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  3. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del once de octubre de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 630/2023, señalada para esta fecha. El Secretario da cuenta al Juez, con las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: Demanda de amparo, e Informes justificados. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el Secretario da cuenta al Juez con las documentales de la parte quejosa y autoridades responsables. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas documentales en razón de su propia y especial naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta al Juez con el pedimento ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público adscrita. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la fiscal federal de la adscripción, formulando los alegatos que a esa representación social corresponden. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictar la siguiente resolución. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 630/2023, promovido por Teresa Rosas León, por propio derecho, contra actos del Director del Hospital General de Sahuayo, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Teresa Rosas León demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la omisión de las siguientes autoridades, que enseguida se transcriben: "I.- HOSPITAL GENERAL DE SAHUAYO, MICHOACÁN, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. II.- SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN. de la Ciudad de Morelia, Michoacán. III.- ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN. de la Ciudad de Morelia, Michoacán. ACTOS RECLAMADOS: De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de tratamiento, medicamentos y atención médica necesaria para el debido tratamiento que requiero para vivir, ya que fui diagnosticado de insuficiencia renal crónica con derrame pleural derecho crónico, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial sistemática, ceguera ocular derecha, neuropatía diabética, osteodistrofia renal y otras complicaciones de salud, que se advierte en los estudios médicos que anexo al presente, requiriendo el tratamiento a base de 3 sesiones de hemodiálisis a la semana, siendo necesarios las tres sesiones de hemodiálisis por semana, por lo que a la fecha estoy acudiendo a dos sesiones de hemodiálisis, toda vez que no cuento con suficiente economía para cubrir mis tres sesiones que requiero a la semana, además del medicamento de Eritropoyetina, Hierro, Cardispan, y otros, las cuales requiero en cada sesión, por lo que a la fecha estoy recibiendo mis sesiones de hemodiálisis en la Clínica Particular denominada "CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES", con residencia en la Ciudad de Sahuayo, Michoacán, toda vez que las autoridades que señalo como responsable me han negado el tratamiento de hemodiálisis que requiero para vivir, argumentando que en el Hospital General de Sahuayo, Michoacán, no cuentan con médico nefrólogo, mucho menos con las maquinas e insumos que requiero para tratar mi padecimiento de insuficiencia renal crónica, que todo caso debía de trasladarme al Hospital de Morelia, Michoacán; por tal motivo y a fin de preservar mi salud y por ende la vida me he visto en la necesidad de acudir al medio privado para que se me brinde el tratamiento de hemodiálisis que requiero por semana para poder vivir, sin embargo a la fecha me es imposible seguir realizando los pagos a dicha clínica privada para que se me siga proporcionando el tratamiento en cita, esto en razón de que debido a mi padecimiento me es imposible trabajar de manera regular por lo que me es imposible obtener los recursos económicos para realizar el pago de las sesiones de hemodiálisis y los medicamentos, ante tal situación mi vida se encuentra en grave peligro.". La promovente del amparo expone que se violan en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 2º, 4º, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo y se radicó con el número de expediente 630/2023; se concedió la suspensión de plano para que las autoridades responsables brindaran a la impetrante de amparo la atención médica, medicamentos y tratamiento que requería, para la atención de los padecimientos de insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo dos, hipertensión arterial, ceguera ocular derecha, neuropatía diabética y osteodistrofía renal, que presentaba; se requirieron los informes a la suspensión de plano y justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, la cual forma parte integral del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en esta ciudad, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo anterior, en virtud de que la quejosa reclama omisiones atribuidas a una autoridad administrativa (Director del Hospital General de Sahuayo, Michoacán de Ocampo), lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar la omisión que se reclama en la presente instancia constitucional. De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la quejosa Teresa Rosas León, reclama: Del Director del Hospital General de Sahuayo, Michoacán de Ocampo; Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; y, Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. - La omisión de brindarle la atención médica y el tratamiento que requiere para sus padecimientos de insuficiencia renal crónica con derrame pleural derecho crónico, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial sistemática, ceguera ocular derecha, neuropatía diabética y osteodistrofia renal. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso; sino que, es necesario interpretar la pretensión real, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Cobra aplicación, la tesis I.130.A.4K (10a), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. El apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de brindarle a la quejosa la atención médica y el tratamiento que requiere para sus padecimientos de insuficiencia renal crónica, con derrame pleural derecho crónico, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial sistemática, ceguera ocular derecha, neuropatía diabética y osteodistrofia renal. Pues al efecto señaló que las autoridades señaladas como responsables no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna, la negativa a brindar atención médica a la quejosa o a negar diversos o medicamentos y el tratamiento para combatir la enfermedad de insuficiencia renal crónica, pues refiere que al momento de rendir el informe a la suspensión de plano ante este órgano jurisdiccional, no se había encontrado constancia de que la impetrante de amparo hubiera comparecido a las instalaciones del hospital señalado como responsable a solicitar la atención médica que en esta instancia reclama; por lo que, se le solicitó que acudiera al mismo, a fin de que se le realizara una revisión de su historial clínico y la apertura de su expediente clínico. Igualmente, argumentó que en aras de dar cumplimiento a la medida cautelar decretada, se brindaron a la quejosa sesiones de hemodiálisis mediante contrato de licitación pública No obstante, al tratarse de una omisión, la carga de la prueba correspondía a las autoridades responsables, pues si bien señalaron a través de su apoderado jurídico que no incurrieron en la omisión que se les atribuye, debían acreditarlo; esto es, debían demostrar que brindaron la atención médica a la quejosa. Ilustra a lo anterior la tesis 1a. CCCXCVI/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 706, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2007973 de rubro y texto: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza." En este orden de ideas el apoderado de las responsables, exhibió diversas notas de atención médica, las cuales cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del código adjetivo civil federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, atendiendo a su naturaleza de documentales públicas. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Sin embargo, el análisis de dichos documentos es insuficiente para dar por acreditado que la quejosa tuvo plenamente la atención médica respecto de los padecimientos que se le diagnosticaron, lo cual además atañe necesariamente al fondo del asunto, de ahí que se desvirtúe la negativa informada y se tenga por cierta la omisión combatida. Tiene aplicación, la tesis 8/99, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, del tomo IX, marzo de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 194401, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo, fue promovido en tiempo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que incide sobre la adecuada atención médica se considera como un acto de carácter negativo, donde la autoridad se rehúsa a obrar conforme a lo requerido por el quejoso que compromete sus derechos humanos a la salud y la vida, los cuales el Estado está constreñido a proteger y garantizar de manera oportuna y eficaz, así como con calidad. Por ello, la presentación de la demanda de amparo en contra de un acto de tal naturaleza no está sujeta al plazo de quince días impuesto por el citado numeral; atendiendo a que ese acto no se extingue en el momento de presentarse, sino que produce sus efectos día a día, debido a que la parte quejosa no tiene acceso, ni disposición ni atención al tratamiento médico requerido; lo cual implica por sí un peligro a su subsistencia que persiste hasta en tanto se realice la conducta médica positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a la atención médica requerida. De ahí que pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, acorde a lo establecido en el ordinal 17, fracción IV, de la ley de la materia, toda vez que el plazo para ejercer la acción de amparo comienza a computarse todos los días. Cobra exacta aplicación, la tesis XVII.1o.P.A.12ª (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito de contenido: "OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. La omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, la interposición de la demanda de amparo en su contra no está sujeta al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ese acto no se extingue al momento de la negativa, sino que produce efectos día a día, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención a los tratamientos y medicamentos, lo que conlleva el peligro de su subsistencia hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos indicados, así como a los relativos a la dignidad humana e, incluso, a la seguridad social, que en su favor protegen los mencionados ordenamientos; de ahí que lo reclamado esté comprendido dentro de la excepción establecida en la fracción IV del numeral 17 mencionado, toda vez que el plazo para ejercer la acción constitucional comienza a computarse todos los días. La conclusión anterior es acorde con la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o., en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y, por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, a fin de superar todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por el promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, toda vez que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. SEXTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que haga valer las partes, o que se advierta de oficio (al haberse verificado entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y se Gaceta, con número de registro 164618, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Los conceptos de violación son fundados. La solicitante de amparo refiere, que se transgreden en su perjuicio los artículos 1°, 2º, 4º, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sostiene que el derecho humano a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona en la que deriva un hecho fundamental; que de ese modo, es el Estado quien debe garantizar que ese derecho sea ejercido sin discriminación y adoptando las medidas para su plena realización; por lo que, argumenta que en el caso, se le debe proporcionar el tratamiento adecuado para sus padecimientos diagnosticados y suministro de los medicamentos que requiere para mejorar su estado de salud. Asimismo, señala que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. Igualmente, indica que el marco normativo que integran los artículos 1º, 4º y 18 de la Carta Magna; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, garantizan el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado a cualquier servidor público, puesto que su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla, por lo que el acto reclamado violenta sus derechos humanos poniendo en riesgo su vida, debido a que las responsables niegan el tratamiento. Los conceptos de violación son esencialmente fundados. En efecto el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho a la salud, establece: "Artículo 4o.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Conforme a la porción normativa recién transcrita, toda persona tiene derecho a la salud, de lo cual, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha signado convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del citado derecho (salud) y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Sobre el tópico, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otro progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Es ilustrativa, la tesis P.XVI/2011, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, del tomo XXXIV, agosto de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 161333, que dispone: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." El citado Alto Tribunal, ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el precepto constitucional de referencia tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que, por servicios de salud, se deben entender como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Lo anterior, en concordancia con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es aplicable, la tesis LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en la página 457, tomo XXVIII, julio de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 169316, que prevé. "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, refiriendo que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; aunado a ello, el numeral 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido, y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. La prerrogativa fundamental en estudio entraña libertades y derechos, entre las que destaca la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, así como el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; además, las relativas a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Igualmente, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, la obligación estatal de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, así como asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud deba entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. De lo anterior, se desprende que, para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos; esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que lo prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. En esa medida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia titulada: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL", ha determinado que la Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, suministra los siguientes servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos: a) Servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) Servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) Otros, que se prestan de conformidad con la autoridad sanitaria, como son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Por tanto, el referido derecho a la salud, no se limita a la salud física del individuo; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que, el derecho a la salud, se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Sirve de apoyo, la tesis LXVIII/2009 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 6, del tomo XXX, diciembre de 2009, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165826, que prevé: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica." Además, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Carta Magna, en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, señala que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población. Asimismo, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Toda vez que, la protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar, en términos de los ordenamientos antes apuntados, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Aquí, es conveniente acudir a lo establecido en los artículos 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 11 y 77 bis 12, todos de la Ley General de Salud, los cuales son reproducidos al tenor siguiente: "Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. (.) Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente." De esta manera podemos observar que el principio de gratuidad en la prestación de servicios de salud, con el objeto de preservar la salud de las personas, está consagrado en favor de aquéllas que no se encuentren bajo el régimen de algún mecanismo de seguridad social, a fin de que puedan obtener sin costo alguno tanto el servicio de salud, en estricto sentido, como los medicamentos y demás insumos necesarios para preservar su integridad física, sin importar su condición social. Lo cual incluye, no sólo lo que podría considerarse como una atención básica, sino también las intervenciones quirúrgicas que requiera, así como los farmacéuticos y enseres hospitalarios que necesite en congruencia con su estado actual de salud. Dependiendo así la prestación de los servicios de salud gratuita de la Secretaría de Salud Federal, como de las entidades federativas por intervención de sus correspondientes servicios estatales de salud; de ahí que, solidariamente estarán obligados a aportar las cuotas necesarias para hacer frente a dicha necesidad, que como se dijo, está constituido como prerrogativa fundamental. Por ello, incumbe al Gobierno Federal establecer anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos que destinará para tal fin; siendo así la única condicionante para el ejercicio de esa prerrogativa fundamental el límite presupuestario con que cuentan las instituciones de salud para poder proporcionar la atención médica integral. De ahí que la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud: de ahí que si el Estado mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. Tales consideraciones dieron origen a las tesis CIX/2014(10a.) y CVIII/2014(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueden verse en las páginas 1190 y 1192, del libro 12, noviembre de 2014, tomo I de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con números de registro 2007936 y 2007938, que disponen: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas "hasta el máximo de los recursos" de que disponga, para lograr la realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones que constituyan una violación a tales derechos humanos." "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." En el caso, la impetrante de amparo Teresa Rosas León manifestó bajo protesta de decir verdad, que fue diagnosticada de insuficiencia renal crónica con derrame pleural derecho crónico, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial sistemática, ceguera ocular derecha, neuropatía diabética y osteodistrofia renal, para lo cual requiere el tratamiento sustitutivo con hemodiálisis tres días a la semana, pero que, a la fecha de la presentación de la demanda, por falta de economía únicamente acudía dos veces por semana a la clínica Central Médica de Especialidades, ubicada en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, a recibir las sesiones de hemodiálisis, en virtud de que las autoridades responsables le han negado el tratamiento que requiere para vivir; lo cual se corrobora con el certificado médico signado por el doctor Jesús Eduardo Zaragoza Higareda, en el que precisó, en lo que interesa, que la impetrante de amparo padece de diabetes mellitus tipo dos, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal crónica en terapia de hemodiálisis, insuficiencia cardíaca crónica con derrame pleural derecho crónico, ceguera ocular derecha y disminución de agudeza visual de ojo izquierdo por retinopatía diabética, neuropatía diabética y osteodistrofia renal. Documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 203, párrafo segundo, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, en razón de fue emitida por un tercero a la presente contienda constitucional, hace prueba en favor de la quejosa contra las autoridades responsables, en razón de que no la objetó, de la que se aprecia los padecimientos cuya omisión se impugna. Ahora, la falta de atención médica que reclama a las autoridades responsables prevalece. En relación con lo anterior, como se advierte de las constancias que obran dentro del presente juicio, el apoderado jurídico de las autoridades responsables, al rendir los informes respectivos en relación con la suspensión de plano, hizo saber a este órgano jurisdiccional, que se habían realizado las gestiones conducentes para que se otorgaran a la quejosa las sesiones del tratamiento de hemodiálisis que requería, cubriendo el costo de las mismas la Secretaría de Salud; además que de presentar algún malestar o complicación, debe asistir de inmediato al área de urgencias del hospital demandado, para su atención y estabilización para que se le brinde atención médica inmediata. De lo expuesto surge que la atención que se ordenó proporcionar a la quejosa fue en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que, la misma se estima insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud de la peticionaria de amparo, dado que la restitución de ese derecho, acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a éste a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar los padecimientos de la quejosa. En esas condiciones, con las acciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano, no es dable tener por resarcido el derecho a la salud de la solicitante de amparo. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación que se estudian, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Teresa Rosas León. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a Teresa Rosas León, el amparo solicitado a efecto que: Las autoridades responsables Director del Hospital General de Sahuayo, Michoacán de Ocampo; Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud; y, Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia: a) Bajo su estricta vigilancia, supervisión periódica y responsabilidad gestionen las acciones necesarias para que éstas, o bien a través de la clínica o del centro hospitalario que corresponda, incluso de manera subrogada, se les sigan proporcionando a la quejosa Teresa Rosas León, la debida atención médica, la cual deberá ser integral y completa, para tratar sus padecimientos de insuficiencia renal crónica con derrame pleural derecho crónico, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial sistemática, ceguera ocular derecha, neuropatía diabética y osteodistrofia renal. Lo que implica a los médicos en la especialidad que fuere necesaria, estudios médicos, diagnósticos y medicamentos más idóneos para sus padecimientos, ello de manera continua. b) Asimismo, deberán realizar las valoraciones médicas que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle el número de hemodiálisis que requiera. c) Para efecto de lo anterior, será obligación de la quejosa para continuar gozando de la protección del amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Cobra puntual aplicación, la tesis CCCXLIII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 969, del libro 24, noviembre de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010420, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." No se opone a la presente concesión de amparo, que la quejosa no haya dispuesto del plazo completo que por Ley le corresponde para imponerse del informe justificado rendido por las autoridades responsables, pues se estima que ello no cambiaría el sentido de la presente determinación. ALEGATOS. En otro aspecto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de Agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por último, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Teresa Rosas León contra la omisión reclamada de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos expresados en el diverso séptimo y para los efectos descritos en el correlativo octavo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  4. Principal

    En cinco de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el número de folio 12690. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de octubre de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por ********************, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán; en su atención, se provee:********************DOMICILIO. No ha lugar a tenerla por señalando el domicilio que indica, toda vez, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito.********************DELEGADOS. En términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante, a las personas que menciona.********************Informa, que sus representadas le han proporcionado el tratamiento dialítico a la quejosa en el Centro de Hemodiálisis "********************", tal y como se aprecia del reporte y constancias que allega como anexo; asimismo, requiere que la impetrante acuda al nosocomio responsable el doce de octubre del año en curso a las 08:00, a fin de que le actualicen su expediente ******************** y le otorguen la atención médica necesaria. ********************De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.********************En esas condiciones, requiérase a ********************, para que acuda al multicitado nosocomio, a fin de que actualicen su expediente ******************** y le otorguen la atención médica necesaria, para atender los padecimientos que le afecten.********************Para tal efecto, se comisiona a la Actuaria de la adscripción, correr traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta.********************Lo anterior, bajo la advertencia que en términos del artículo 77 Bis 38 de la Ley General de Salud, como beneficiario de salud, tiene la obligación de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica, colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud, cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse, informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consultas y quejas, y hacer uso responsable de los servicios de salud.********************En su comparecencia ante la autoridad de salud, deberá manifestar libremente si acepta o no a someterse al procedimiento diagnóstico y terapéutico ofrecido; en la inteligencia de que de no ser posible que otorgue su consentimiento por sí mismo, por medio de algún familiar o por su representante legal, la autoridad de salud deberá proceder de inmediato con lo que sea conducente para preservar la vida y salud del quejoso, bajo su más estricta responsabilidad.********************REQUERIMIENTO. No obstante a lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, el cumplimiento de la suspensión de plano, de conformidad con los lineamientos dados en acuerdo de trece de septiembre del año en curso.********************Por tanto, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, posteriores a que el quejoso se presente ante ellos para recibir atención médica, deberán informar el cumplimiento exacto e inmediato que den a la suspensión concedida, apercibiéndolas que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar.********************APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir lo anterior, se les impondrá, a cada una, multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo.********************NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano