Teresita Alvarado Juarez
Expediente 921/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Teresita Alvarado Juarez
- Juan Carlos Cervantes León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal advierto que los quejosos omitieron recurrir el proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve (fojas 18 a 21) en el cual deseché la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, DECLARO QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Por último, dejo establecido que es innecesario proveer la devolución de documentos originales a las partes, dado que ninguno se tiene en este juicio.
- Principal
A los autos el escrito de cuenta signado por los quejosos ++++. En él desahogan la prevención formulada en acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, porque realizan la aclaración correspondiente respecto de las irregularidades en su escrito de demanda. Por tanto, para la tramitación del presente juicio se tiene como acto reclamado la orden de traslado a un centro de reinserción social diverso a aquél donde se encuentran recluidos atribuidos a la Dirección General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública y al Director del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo tiene la obligación de examinar los actos combatidos en la demanda de amparo, y de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, debe desecharse. Entonces, en cumplimiento a esa obligación, se advierte que en este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que hace alusión al principio de definitividad, por las razones jurídicas que a continuación se exponen: De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Luego, conforme a lo dispuesto en ordinal 115 y 117, fracción III , del ordenamiento legal citado, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato pues de lo contrario quedarían sin materia, como acontece con las ordenes de traslado, podrán acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve, el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características: El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente, la petición presentada el Juez reparará la afectación. Tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, para examinarse de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y revisará la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como es una orden de traslado, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el recurso denominado control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al Juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y, es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, porque si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social; otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En suma, las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese contexto, si el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social, aunado que en el escrito aclaratorio los quejosos manifestaron que a la fecha no han promovido ningún recurso ordinario previo a la promoción del presente juicio de amparo; es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, los quejosos debieron agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de protección constitucional presentada por los quejosos. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes al sentido de este acuerdo, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA: A los autos el escrito de cuenta signado por los quejosos ++++. En él desahogan la prevención formulada en acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, porque realizan la aclaración correspondiente respecto de las irregularidades en su escrito de demanda. Por tanto, para la tramitación del presente juicio se tiene como acto reclamado la orden de traslado a un centro de reinserción social diverso a aquél donde se encuentran recluidos atribuidos a la Dirección General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública y al Director del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo tiene la obligación de examinar los actos combatidos en la demanda de amparo, y de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, debe desecharse. Entonces, en cumplimiento a esa obligación, se advierte que en este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que hace alusión al principio de definitividad, por las razones jurídicas que a continuación se exponen: De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Luego, conforme a lo dispuesto en ordinal 115 y 117, fracción III , del ordenamiento legal citado, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato pues de lo contrario quedarían sin materia, como acontece con las ordenes de traslado, podrán acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve, el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características: El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente, la petición presentada el Juez reparará la afectación. Tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, para examinarse de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y revisará la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como es una orden de traslado, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el recurso denominado control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al Juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y, es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, porque si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social; otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En suma, las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese contexto, si el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social, aunado que en el escrito aclaratorio los quejosos manifestaron que a la fecha no han promovido ningún recurso ordinario previo a la promoción del presente juicio de amparo; es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, los quejosos debieron agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de protección constitucional presentada por los quejosos. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes al sentido de este acuerdo, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA.- Agréguense a los presentes autos los oficios del Juez de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, por el cual cumple con lo requerido en auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, así como con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, pues remite las determinaciones dictadas dentro de la causa penal ++++ de veinte y veinticuatro de septiembre del año en curso, en los que entre otras determinaciones decretó el cierre de instrucción dentro de esa causa penal, y ordenó poner los autos a la vista del Agente del Ministerio Público, para que dentro del término de tres días formule las conclusiones que estime prudente. Atento a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado contra la autoridad responsable ordenadora en proveído de diez de septiembre del año en curso, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, doy vista y se corre traslado a la parte quejosa, tercera interesada, así como al agente del ministerio público en su carácter de tercero interesado con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria, dado por la autoridad responsable. Lo anterior, para en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga. Se les apercibe que de omitir realizar manifestación alguna sobre el particular, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en el expediente. Sustenta lo anterior lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO".
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