Teofilo Ahuatl Huelitl y Otros.
Expediente 638/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Teofilo Ahuatl Huelitl y Otros.
- Sergio Hernández Romero
- Teofilo Ahuatl Huelitl
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Del estado procesal del incidente y la copia certificada de cuenta, se advierte que con esta fecha quedó firme el cumplimiento dictado en el juicio principal, del cual deriva el incidente en que se actúa. Lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por lo que también es procedente el archivo de este incidente. Sobre todo porque no existe billete de depósito ni garantía exhibida por los quejosos cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida provisional y definitiva solicitada. Mientras que el duplicado es susceptible de destrucción, lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guarda el expediente, se advierte el proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidos en caso de omitir hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I y 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME), y se tiene consentido por las partes. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido en forma total y definitiva, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, debido a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución dictada; por tanto, debe conservarse la demanda y sentencia respectiva. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Asimismo, se ordena devolver las copias certificadas del proceso ** , al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con las cuales se formó el cuaderno auxiliar I (foja 370) sin que se le requiera acuse, por tratarse de copias certificadas. De igual forma, se pone a disposición de los quejosos las copias certificadas relativas a dos instrumentos notariales que exhibieron con su escrito recibido en este juzgado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete (fojas 130 a 148), ello previa certificación de desglose que se deje en autos para constancia, los cuales podrán recoger en cualquier día y hora hábil de este órgano. Se les hace notar la oportunidad de recoger las referidas copias certificadas en el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, apercibidos que de omitir hacerlo, los documentos en mención serán destruidos con este expediente al realizar el proceso de depuración correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo tercero, punto décimo primero, último párrafo, de dicho acuerdo. Por último, glósese copia certificada de este proveído al cuaderno incidental donde deriva el presente juicio, para los efectos legales procedentes.
- Principal
De la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, para manifestarse en relación con los actos efectuados por el juez responsable al pretender cumplir la ejecutoria de amparo. Al respecto, tanto los quejosos como los terceros interesados presentaron sendos escritos en los que manifestaron su postura (fojas 499 a 564). Entonces, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria que otorgó la protección . El veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional, y por sentencia engrosada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 215 a 230) se concedió el amparo a los quejosos contra el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para los siguientes efectos: ".a) Deje insubsistente los autos de formal prisión reclamados; y b) En su lugar y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución, en la cual se subsanen los vicios formales destacados en este fallo, pues la nueva determinación puede ser en el mismo sentido o en uno diverso. Concesión que debe hacerse extensiva a la orden de reaprehensión y su ejecución por ser una consecuencia directa de aquéllos...". Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, motivo por el cual la sentencia alcanzó el rango de ejecutoria el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 247 y 248). Con base a lo anterior, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 271), se recibió el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Al cual se adjuntó copia certificada de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. En ella pretendió cumplir la ejecutoria de amparo (fojas 258-270). Sin embargo, en dicha resolución se mencionó dejar insubsistentes los autos de formal prisión de uno y tres de abril de dos mil diecisiete, cuando lo correcto era dejar sin efectos las diversas de dos y tres del mes y año indicados, motivo por el cual mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se requirió al juez responsable para que remitiera en forma cabal el cumplimiento a la sentencia de amparo. Por su parte, el Agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, mediante oficios sin números, comunicó haber girado las instrucciones para evitar la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada (fojas 254-256). Luego, por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (foja 362), se recibió otro oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Al cual se adjuntó copia certificada de la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 352 a 361). Ahora, de ésta segunda resolución dictada en cumplimiento dentro del proceso *** , se advirtió lo siguiente: ? Dejó insubsistentes los autos de formal prisión de dos y tres de abril de dos mil diecisiete, decretados contra *** , como probables responsables del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 409 en relación con los diversos 13 y 21 Fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de *** ; ? Dictó una nueva resolución en la cual realizó una nueva valoración de las pruebas existentes en el proceso penal de origen; y, ? Decretó de nueva cuenta auto de formal prisión contra los quejosos. Sin embargo, el análisis de los argumentos expuestos por el juez responsable para justificar su decisión reveló que desatendió algunos lineamientos expuestos en la sentencia de amparo, motivo por el cual se realizó un nuevo requerimiento (fojas 462 a 467). Así, por oficio de dos de febrero de dos mil dieciocho (foja 474) el juez responsable envió copias certificadas de la tercera resolución de treinta y uno de enero del año en curso, dictada dentro del proceso *** de su índice, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ahora, de las citadas copias se advierte que el juez responsable emitió una nueva resolución en la que subsanó los vicios formales destacados, pues analizó lo siguiente: Dejó insubsistentes los autos de formal prisión de dos y tres de abril de dos mil diecisiete, decretados contra *** . Expuso argumentos suficientes para justificar los parámetros por los cuales otorgó valor probatorio a la querella y a la ampliación del ofendido, pues refirió que en ella se narra una serie de hechos en orden cronológico mismo que describió en dicha resolución; Estableció que el agraviado *** presenció los hechos denunciados a través de sus sentidos; Analizó las características personales del denunciante conforme a las diversas circunstancias que obran en la causa penal de origen, en ello incluyó las constancias exhibidas como pruebas por los procesados consistentes en: ? Las copias certificadas del proceso ** del índice del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla; ? Antecedentes del predial y avalúo catastral del predio denominado **. ? Carta topográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los predios ** ; ? La fotografía satelital del predio denominado *** ; y, ? Carta topográfica del predio denominado ** . Luego, la responsable manifestó razonar el valor probatorio de dichas constancias frente a las que integran la causa penal generadora de los actos, conforme a las circunstancias bajo las cuales fueron elaboradas cada una, para así conocer el carácter conmutativo, persuasivo o manipulativo bajo el cual se elaboraron, y determinar si se confeccionó alguna para provocar un engaño o por el contrario son acorde a la realidad; Aclaró que por un error en la transcripción de la narración de los hechos denunciados por el agraviado, el nombre de ** , dejó de aparecer en la probable responsabilidad al momento de librar la orden de aprehensión solicitada por el órgano investigador. Analizó el contexto bajo el cual se elaboró el instrumento ** , frente a las demás constancias que obran en la causa penal tanto las favorables para el tercero interesado como las desfavorables, a fin de poder valorar ese documento en su justa dimensión; Determinó que de la denuncia realizada por el agraviado se desprende el tiempo, lugar y circunstancia en que se cometió la conducta ilícita; y Valoró los dictámenes en topografía y construcción, de acuerdo a los puntos establecidos en la sentencia; así como las declaraciones de los testigos de cargo ** , en las cuales estableció que pese a encontrarse redactadas en la misma forma, ello es insuficiente para restarles valor probatorio, pues ello atendió a la forma de redacción del funcionario que tomó las declaraciones y que ambos testigos tenían la capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por lo tanto, al considerarse satisfechas las exigencias del artículo 19 de la constitución, e inadvertir a favor de los quejosos alguna excluyente de responsabilidad o de extinción de la acción penal, se decretó contra ** , auto de formal prisión como probables responsables en la comisión del delito de despojo de conformidad con el artículo 409 en relación con los diversos 13 y 21 Fracción I, todos del Código Penal vigente para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ** . Así las cosas, mediante acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciocho (foja 495) se dio vista a los quejosos, terceros interesados y al fiscal actuante en el proceso generador -en su carácter de tercero interesado- para que en el plazo de tres días manifestaran su parecer respecto de los actos realizados en cumplimiento. Se les apercibió que de omitir expresarse en el plazo concedido, se resolvería de oficio sobre el cumplimiento a partir de los elementos agregados al sumario constitucional. Al respecto, los quejosos y terceros interesados presentaron escritos en los cuales expusieron su inconformidad respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, manifestaciones que se centraron en lo expuesto a continuación: a) La indebida calificación de la denuncia de ** , pues éste señaló una fecha errónea a la cual sucedieron los hechos delictivos. b) Las características personales de ** , reflejan su incapacidad para declarar como lo hizo en su denuncia. c) Que en las declaraciones de los testigos ** , en ningún momento aparece que éstos hayan tenido comunicación vía teléfono celular con ** , tal como lo manifestó en su querella, que en nada precisan la forma, modo y tiempo de como actuaron los inculpados, por lo que no se justifican los elementos configurativos del cuerpo del delito de los quejosos. d) La incongruencia de lo aseverado por el juez responsable respecto de que se cometió despojo en agravio de ** , pues es quien detenta la posesión del predio en litigio, lo cual basa en el Poder General para Actos de administración y Dominio. e) Las pruebas consistentes en las documentales que obran en el proceso ** ; no fueron debidamente valoradas. f) La mala valoración de las pruebas consistentes en la carta topográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los predios ** , la fotografía satelital; y carta topográfica del predio denominado ** . g) El juez responsable deja en incertidumbre a los quejosos debido a que en la querella se advierte que se denuncia a *** , y no así a los restantes terceros interesados. h) Se pasa por alto que en la denuncia contra los quejosos, el referido agraviado ya había sido previamente denunciado por el delito de despojo. i) El valor probatorio otorgado al instrumento notarial ** , presentado por ** ; así como analizar sus características particulares. j) Se omite especificar por la autoridad responsable si lo narrado en las declaraciones de ** , lo conoció de manera directa o a través de sus sentidos. Ahora, de la resolución emitida en cumplimiento se desprende que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, realizó lo siguiente: Se estableció que el agraviado ** , presentó ampliación a través de la cual aclaró la fecha correcta en que sucedieron los hechos delictivos y que tanto la querella como su ampliación cumplían con los requisitos legales establecidos, y que ello en nada implicaba motivo suficiente para restarle valor a lo plasmado en la denuncia por aquél. Además, expresó que de las mismas se desprende el tiempo, modo y circunstancias en que ocurrió la conducta ilícita, así como estableció que ** , tenía la capacidad para declarar en la forma que lo hizo de acuerdo a sus características personales y que éste presenció los hechos denunciados a través de sus sentidos. Analizó las características particulares de las pruebas consistentes en: 1. Las copias certificadas del proceso ** del índice del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla; 2. Antecedentes del predial y avalúo catastral del predio denominado ** . 3. Carta topográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los predios *** 4. La fotografía satelital del predio denominado ** ; y, 5. Carta topográfica del predio denominado *** . Refirió el juez responsable que en la querella del agraviado se denunció a *** , por lo que al librarse la orden de aprehensión se menciona su nombre, sin embargo en la probable responsabilidad deja de aparecer dicho nombre, lo cual dijo atendió a un error en la transcripción de la narración de los hechos. Luego, declaró que al no tener certeza respecto del nombre correcto y completo del indiciado *** , se encontraba imposibilitado para obsequiar la orden de aprehensión solicitada, pues ello sería dejar en estado de indefensión a dicha persona debido a que se desconocía si se trataba de un hombre o de una mujer. Sin embargo, manifestó que dicha circunstancia en nada restaba fiabilidad y peso probatorio a la denuncia y ampliación presentadas por *** . Asimismo, analizó las características particulares del instrumento ** , presentado por *** , frente a las demás constancias que obraban en la causa penal de origen, para conocer el carácter comunicativo, persuasivo o manipulativo bajo el cual se elaboró, para determinar si se confeccionó para provocar un engaño o, si por el contrario, su contenido es acorde a la realidad. De igual forma analizó los dictámenes en topografía y construcción, de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia. Ahora, respecto de lo expuso por parte de los quejosos y terceros interesados relativo a que en la declaración de los testigos de ** , éstos en ningún momento refieren haber llamado por teléfono al referido tercero para darle aviso del despojo, que dichos testigos fueron aleccionados para declarar en forma similar debido a que son primos de aquél y que la responsable pasa inadvertido que ** , fue denunciado por el mismo delito de despojo con fecha anterior a la realizada por este último, con lo cual queda demostrado que aquél no tenía la posesión de la fracción del predio que reclama, pues dicha fracción se encuentra comprendida dentro de un predio dominante que pertenece a ** , por lo que refieren queda demostrado que los legítimos poseedores del bien en disputa son los ahora quejosos y que por el contrario ** , fue quien cometió en su agravio el delito de despojo, por lo que es incorrecto que se haya dictado nuevamente auto de formal prisión. Asimismo, la incongruencia de lo aseverado por el juez responsable respecto de que se cometió despojo en agravio de ** , pues es quien detenta la posesión del predio en litigio, basado en el Poder General para Actos de administración y Dominio, la mala valoración de las pruebas consistentes en la Carta topográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los predios *** , la fotografía satelital; y carta topográfica del predio denominado *** . Sin embargo, éstos últimos argumentos se enderezan a controvertir cuestiones de fondo, cuando en la sentencia sólo se evidenciaron violaciones formales. Ello implica que en ningún momento se estableció como efecto de la concesión de amparo que la autoridad estaba obligada a resolver en determinado sentido, pues se dijo que la nueva resolución debía dictarla bajo su más estricta responsabilidad, la cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso. En tales condiciones, se determina con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que la ejecutoria pronunciada en este juicio ha quedado cumplida por la autoridad responsable obligada -sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas-. Se ordena dar vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, para manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído a los quejosos, terceros interesados y al fiscal actuante en el proceso generador, este en su carácter de tercero interesado, para los efectos del primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo vigente. Por último, para el registro de la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se hace notar que la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria el veintiocho de noviembre del año pasado (fojas 247 y 248) fecha en la cual se requirió el cumplimiento al juez responsable. Previo a algunos requerimientos el referido juez como autoridad ordenadora, cumplió los efectos de la protección el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho -fecha en que dictó la nueva resolución en cumplimiento-. Por lo que el dos de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en este juzgado el oficio que contenía la resolución dictada en cumplimiento (fojas 474 a 494); y en esta fecha (veintidós de febrero de dos mil dieciocho) se declaró cumplida la ejecutoria que se tiene en el presente asunto.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTERESADOS. De la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, para manifestarse en relación con los actos efectuados por el juez responsable al pretender cumplir la ejecutoria de amparo. Al respecto, tanto los quejosos como los terceros interesados presentaron sendos escritos en los que manifestaron su postura (fojas 499 a 564). Entonces, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria que otorgó la protección . El veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional, y por sentencia engrosada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 215 a 230) se concedió el amparo a los quejosos contra el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para los siguientes efectos: ".a) Deje insubsistente los autos de formal prisión reclamados; y b) En su lugar y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución, en la cual se subsanen los vicios formales destacados en este fallo, pues la nueva determinación puede ser en el mismo sentido o en uno diverso. Concesión que debe hacerse extensiva a la orden de reaprehensión y su ejecución por ser una consecuencia directa de aquéllos...". Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, motivo por el cual la sentencia alcanzó el rango de ejecutoria el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 247 y 248). Con base a lo anterior, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 271), se recibió el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Al cual se adjuntó copia certificada de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. En ella pretendió cumplir la ejecutoria de amparo (fojas 258-270). Sin embargo, en dicha resolución se mencionó dejar insubsistentes los autos de formal prisión de uno y tres de abril de dos mil diecisiete, cuando lo correcto era dejar sin efectos las diversas de dos y tres del mes y año indicados, motivo por el cual mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se requirió al juez responsable para que remitiera en forma cabal el cumplimiento a la sentencia de amparo. Por su parte, el Agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, mediante oficios sin números, comunicó haber girado las instrucciones para evitar la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada (fojas 254-256). Luego, por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (foja 362), se recibió otro oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Al cual se adjuntó copia certificada de la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 352 a 361). Ahora, de ésta segunda resolución dictada en cumplimiento dentro del proceso *** , se advirtió lo siguiente: ? Dejó insubsistentes los autos de formal prisión de dos y tres de abril de dos mil diecisiete, decretados contra *** , como probables responsables del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 409 en relación con los diversos 13 y 21 Fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de *** ; ? Dictó una nueva resolución en la cual realizó una nueva valoración de las pruebas existentes en el proceso penal de origen; y, ? Decretó de nueva cuenta auto de formal prisión contra los quejosos. Sin embargo, el análisis de los argumentos expuestos por el juez responsable para justificar su decisión reveló que desatendió algunos lineamientos expuestos en la sentencia de amparo, motivo por el cual se realizó un nuevo requerimiento (fojas 462 a 467). Así, por oficio de dos de febrero de dos mil dieciocho (foja 474) el juez responsable envió copias certificadas de la tercera resolución de treinta y uno de enero del año en curso, dictada dentro del proceso *** de su índice, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ahora, de las citadas copias se advierte que el juez responsable emitió una nueva resolución en la que subsanó los vicios formales destacados, pues analizó lo siguiente: Dejó insubsistentes los autos de formal prisión de dos y tres de abril de dos mil diecisiete, decretados contra *** . Expuso argumentos suficientes para justificar los parámetros por los cuales otorgó valor probatorio a la querella y a la ampliación del ofendido, pues refirió que en ella se narra una serie de hechos en orden cronológico mismo que describió en dicha resolución; Estableció que el agraviado *** presenció los hechos denunciados a través de sus sentidos; Analizó las características personales del denunciante conforme a las diversas circunstancias que obran en la causa penal de origen, en ello incluyó las constancias exhibidas como pruebas por los procesados consistentes en: ? Las copias certificadas del proceso ** del índice del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla; ? Antecedentes del predial y avalúo catastral del predio denominado **. ? Carta topográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los predios ** ; ? La fotografía satelital del predio denominado *** ; y, ? Carta topográfica del predio denominado ** . Luego, la responsable manifestó razonar el valor probatorio de dichas constancias frente a las que integran la causa penal generadora de los actos, conforme a las circunstancias bajo las cuales fueron elaboradas cada una, para así conocer el carácter conmutativo, persuasivo o manipulativo bajo el cual se elaboraron, y determinar si se confeccionó alguna para provocar un engaño o por el contrario son acorde a la realidad; Aclaró que por un error en la transcripción de la narración de los hechos denunciados por el agraviado, el nombre de ** , dejó de aparecer en la probable responsabilidad al momento de librar la orden de aprehensión solicitada por el órgano investigador. Analizó el contexto bajo el cual se elaboró el instrumento ** , frente a las demás constancias que obran en la causa penal tanto las favorables para el tercero interesado como las desfavorables, a fin de poder valorar ese documento en su justa dimensión; Determinó que de la denuncia realizada por el agraviado se desprende el tiempo, lugar y circunstancia en que se cometió la conducta ilícita; y Valoró los dictámenes en topografía y construcción, de acuerdo a los puntos establecidos en la sentencia; así como las declaraciones de los testigos de cargo ** , en las cuales estableció que pese a encontrarse redactadas en la misma forma, ello es insuficiente para restarles valor probatorio, pues ello atendió a la forma de redacción del funcionario que tomó las declaraciones y que ambos testigos tenían la capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por lo tanto, al considerarse satisfechas las exigencias del artículo 19 de la constitución, e inadvertir a favor de los quejosos alguna excluyente de responsabilidad o de extinción de la acción penal, se decretó contra ** , auto de formal prisión como probables responsables en la comisión del delito de despojo de conformidad con el artículo 409 en relación con los diversos 13 y 21 Fracción I, todos del Código Penal vigente para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ** . Así las cosas, mediante acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciocho (foja 495) se dio vista a los quejosos, terceros interesados y al fiscal actuante en el proceso generador -en su carácter de tercero interesado- para que en el plazo de tres días manifestaran su parecer respecto de los actos realizados en cumplimiento. Se les apercibió que de omitir expresarse en el plazo concedido, se resolvería de oficio sobre el cumplimiento a partir de los elementos agregados al sumario constitucional. Al respecto, los quejosos y terceros interesados presentaron escritos en los cuales expusieron su inconformidad respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, manifestaciones que se centraron en lo expuesto a continuación: a) La indebida calificación de la denuncia de ** , pues éste señaló una fecha errónea a la cual sucedieron los hechos delictivos. b) Las características personales de ** , reflejan su incapacidad para declarar como lo hizo en su denuncia. c) Que en las declaraciones de los testigos ** , en ningún momento aparece que éstos hayan tenido comunicación vía teléfono celular con ** , tal como lo manifestó en su querella, que en nada precisan la forma, modo y tiempo de como actuaron los inculpados, por lo que no se justifican los elementos configurativos del cuerpo del delito de los quejosos. d) La incongruencia de lo aseverado por el juez responsable respecto de que se cometió despojo en agravio de ** , pues es quien detenta la posesión del predio en litigio, lo cual basa en el Poder General para Actos de administración y Dominio. e) Las pruebas consistentes en las documentales que obran en el proceso ** ; no fueron debidamente valoradas. f) La mala valoración de las pruebas consistentes en la carta topográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los predios ** , la fotografía satelital; y carta topográfica del predio denominado ** . g) El juez responsable deja en incertidumbre a los quejosos debido a que en la querella se advierte que se denuncia a *** , y no así a los restantes terceros interesados. h) Se pasa por alto que en la denuncia contra los quejosos, el referido agraviado ya había sido previamente denunciado por el delito de despojo. i) El valor probatorio otorgado al instrumento notarial ** , presentado por ** ; así como analizar sus características particulares. j) Se omite especificar por la autoridad responsable si lo narrado en las declaraciones de ** , lo conoció de manera directa o a través de sus sentidos. Ahora, de la resolución emitida en cumplimiento se desprende que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, realizó lo siguiente: Se estableció que el agraviado ** , presentó ampliación a través de la cual aclaró la fecha correcta en que sucedieron los hechos delictivos y que tanto la querella como su ampliación cumplían con los requisitos legales establecidos, y que ello en nada implicaba motivo suficiente para restarle valor a lo plasmado en la denuncia por aquél. Además, expresó que de las mismas se desprende el tiempo, modo y circunstancias en que ocurrió la conducta ilícita, así como estableció que ** , tenía la capacidad para declarar en la forma que lo hizo de acuerdo a sus características personales y que éste presenció los hechos denunciados a través de sus sentidos. Analizó las características particulares de las pruebas consistentes en: 1. Las copias certificadas del proceso ** del índice del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla; 2. Antecedentes del predial y avalúo catastral del predio denominado ** . 3. Carta topográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los predios *** 4. La fotografía satelital del predio denominado ** ; y, 5. Carta topográfica del predio denominado *** . Refirió el juez responsable que en la querella del agraviado se denunció a *** , por lo que al librarse la orden de aprehensión se menciona su nombre, sin embargo en la probable responsabilidad deja de aparecer dicho nombre, lo cual dijo atendió a un error en la transcripción de la narración de los hechos. Luego, declaró que al no tener certeza respecto del nombre correcto y completo del indiciado *** , se encontraba imposibilitado para obsequiar la orden de aprehensión solicitada, pues ello sería dejar en estado de indefensión a dicha persona debido a que se desconocía si se trataba de un hombre o de una mujer. Sin embargo, manifestó que dicha circunstancia en nada restaba fiabilidad y peso probatorio a la denuncia y ampliación presentadas por *** . Asimismo, analizó las características particulares del instrumento ** , presentado por *** , frente a las demás constancias que obraban en la causa penal de origen, para conocer el carácter comunicativo, persuasivo o manipulativo bajo el cual se elaboró, para determinar si se confeccionó para provocar un engaño o, si por el contrario, su contenido es acorde a la realidad. De igual forma analizó los dictámenes en topografía y construcción, de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia. Ahora, respecto de lo expuso por parte de los quejosos y terceros interesados relativo a que en la declaración de los testigos de ** , éstos en ningún momento refieren haber llamado por teléfono al referido tercero para darle aviso del despojo, que dichos testigos fueron aleccionados para declarar en forma similar debido a que son primos de aquél y que la responsable pasa inadvertido que ** , fue denunciado por el mismo delito de despojo con fecha anterior a la realizada por este último, con lo cual queda demostrado que aquél no tenía la posesión de la fracción del predio que reclama, pues dicha fracción se encuentra comprendida dentro de un predio dominante que pertenece a ** , por lo que refieren queda demostrado que los legítimos poseedores del bien en disputa son los ahora quejosos y que por el contrario ** , fue quien cometió en su agravio el delito de despojo, por lo que es incorrecto que se haya dictado nuevamente auto de formal prisión. Asimismo, la incongruencia de lo aseverado por el juez responsable respecto de que se cometió despojo en agravio de ** , pues es quien detenta la posesión del predio en litigio, basado en el Poder General para Actos de administración y Dominio, la mala valoración de las pruebas consistentes en la Carta topográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los predios *** , la fotografía satelital; y carta topográfica del predio denominado *** . Sin embargo, éstos últimos argumentos se enderezan a controvertir cuestiones de fondo, cuando en la sentencia sólo se evidenciaron violaciones formales. Ello implica que en ningún momento se estableció como efecto de la concesión de amparo que la autoridad estaba obligada a resolver en determinado sentido, pues se dijo que la nueva resolución debía dictarla bajo su más estricta responsabilidad, la cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso. En tales condiciones, se determina con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que la ejecutoria pronunciada en este juicio ha quedado cumplida por la autoridad responsable obligada -sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas-. Se ordena dar vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, para manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído a los quejosos, terceros interesados y al fiscal actuante en el proceso generador, este en su carácter de tercero interesado, para los efectos del primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo vigente. Por último, para el registro de la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se hace notar que la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria el veintiocho de noviembre del año pasado (fojas 247 y 248) fecha en la cual se requirió el cumplimiento al juez responsable. Previo a algunos requerimientos el referido juez como autoridad ordenadora, cumplió los efectos de la protección el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho -fecha en que dictó la nueva resolución en cumplimiento-. Por lo que el dos de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en este juzgado el oficio que contenía la resolución dictada en cumplimiento (fojas 474 a 494); y en esta fecha (veintidós de febrero de dos mil dieciocho) se declaró cumplida la ejecutoria que se tiene en el presente asunto.
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