Tito José Lazcano Gutiérrez

Expediente 753/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
753/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2020

Partes del expediente

  • Tito José Lazcano Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 753/2020-III Puebla, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de uno de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda, esto es se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno Se ordena a la Analista Jurídico SISE que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, primero de octubre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso ****, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama a las autoridades responsables la omisión de dictar medidas, programas, protocolos y directrices para prevenir que se propaguen los contagios por el virus SARS COV2, así como la falta de atención médica sin considerar sus condiciones de edad avanzada y padecimientos de salud, dentro del Centro Penitenciario de Puebla, en el cual se encuentra recluido el referido quejoso. Bajo ese contexto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el promovente se duele de las condiciones de internamiento, en las que se encuentra ante la falta de protocolos, medidas, directrices y programas adecuados para prevenir que personas con alto riesgo de vulnerabilidad al virus, se contagien al interior del lugar de su reclusión. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ha señalado que a pesar de que la falta de atención pueda estimarse urgente o no, ésta debe ser impugnada a través del recurso jurisdiccional respectivo. Es así porque, dicho Pleno de Circuito estableció, en primera instancia, que la Ley de Ejecución Penal prevé varios regímenes con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre las cuáles destacó que el régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de reclusión deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. De esa forma se consideró que la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tanto es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 30 y 34. Para salvaguardar lo anterior, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil) pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellas la atención médica adecuada, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Además la legislación citada establece de manera específica cómo deben efectuarse los escritos y la forma en que deben sustanciarse las peticiones, lo cual pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, destinado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la atención médica adecuada, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, es menester precisar que, por sí misma, la falta protocolos y la negativa de atención médica, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora, en la especie, los actos reclamados por la promovente no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en la "petición administrativa" que prevé el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, al reclamarse una cuestión relacionada con las cuestiones cualitativas del internamiento (falta de protocolos, programas, directrices y medidas para prevenir potenciales contagios del virus SARS COV2 o COVID19, así como la falta de atención médica derivada de ello), cuya ruta ordinaria de impugnación se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite visualizar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Y, en virtud de lo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX. Expediente electrónico Se autoriza la práctica de notificaciones electrónicas por conducto del usuario DonFernandoC, correspondiente a la persona autorizada en términos amplios. En relación a la solicitud para poder acceder y ser notificado por medio del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se insiste, en que se continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea); y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Autorización para toma de fotografías Se hace saber al promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo- Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Acceso a la información Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la parte quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos Notifíquese; de manera personal (electrónicamente) al quejoso.

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