Teresa Ventura Romero
Expediente 1252/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/03/2023
Partes del expediente
- Teresa Ventura Romero
- Uez Primero En Materia Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual, el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio de la resolución de quince de marzo del presente año, dictada por ese Tribunal en el recurso de revisión 418/2028 de su índice, interpuesto por la quejosa ********************, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expresados en el diverso sexto, todos de la sentencia sujeta a revisión. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y acúsese el recibo correspondiente En otro orden, visto el estado procesal del presente juicio ha causado ejecutoria la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintidós por ministerio de ley y se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso c), de dicho Acuerdo General. d) El duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los noventa y treinta días siguientes, después de cumplidos tres años respecto al cuaderno original y seis meses respecto al duplicado, de haberse dictado el presente acuerdo, serán destruidos, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se ordena devolver las constancias que remitió el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, consistentes en copias certificadas de los expedientes ********************y ********************de su índice relativos al Divorcio Incausado promovido por el tercero interesado y por la quejosa, respectivamente, asimismo, un disco en formato versátil digital, relativo a la audiencia inicial desahogada en el expediente ********************de su índice. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios de cuenta, a través de los cuales, con el segundo oficio (con anexo), el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite el oficio 2333, asimismo, con las diversas misivas remitidas por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en las que acusa recibo de las constancias respectivas a fin de sustanciar el recurso de revisión hecho valer por la quejosa ********************, el cual quedó registrado bajo el número de recurso de revisión ********************de su estadística. Circunstancias de la que este órgano toma conocimiento. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta a través del cual, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, remite el escrito, por el cual, el licenciado Luis Fernando Albarrán Corona, autorizado de la parte quejosa, interpone recurso de revisión en contra de la resolución de veintiséis de octubre del año en curso, y formula expresión de agravios. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer Luis Fernando Albarrán Corona, autorizado de la parte quejosa, asimismo, se ordena correr traslado a las partes con copia del escrito que presenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, en turno, los autos originales del juicio de amparo indirecto en que se actúa, y del escrito original de interposición del recurso, para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de substanciar el medio de impugnación en comento. Una vez que acontezca lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes y, remítanse las constancias conducentes al Tribunal Colegiado. Por otra parte, se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través de dicho Sistema, a fin de que el Tribunal Colegiado correspondiente, esté en aptitud de consultar las constancias. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
MESA VII. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1252/2022-VII, promovido por ********************, en contra de actos del Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el doce de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES.- C. JUEZ PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO." "4. ACTOS RECLAMADOS.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE RECLAMO: Las medidas provisionales dictadas dentro de la audiencia de fecha 10 de agosto del 2022 por el C. JUEZ PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO dentro del expediente ********************." Acto reclamado que la promovente del amparo señaló que violaba los derechos protegidos por los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Previo desahogo de la prevención realizada, en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta correspondiente y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse un acto dictado por un tribunal del orden civil, cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, respecto del recurso de revocación intentado por la quejosa en contra de la revisión de medidas cautelares. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dichas autoridades; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que, en apoyo a su informe justificado, remitió el Juez responsable, relativas a copias certificadas del expediente de origen, así como de un disco versátil digital que contiene la audiencia en que se emitió el acto reclamado; constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." No se inadvierte que la audiencia en cuestión obra en formato de disco versátil digital; sin embargo, es considerada como prueba documental pública lato sensu. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia: 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo cual, al no existir causa de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio por el suscrito, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer la solicitante del amparo se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, página 830, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio. Resultan inatendibles los conceptos de violación hechos valer por la promovente del amparo, por los motivos que se expondrán a continuación. Cabe señalar que la ahora quejosa hace valer como conceptos de violación, en esencia, que fue incorrecta la cancelación de la pensión alimenticia decretada a su favor en el diverso procedimiento ********************, porque aduce que ello perpetúa la violencia económica y psicológica que ha sufrido a causa del tercero interesado; asimismo, que ésta cancelación se hace sin tomar en cuenta la perspectiva de género, y la necesidad con que cuenta para recibirla, y por ende que los razonamientos que sirvieron como fundamento de la determinación reclamada son equívocos; asimismo, insiste en que la determinación reclamada se encuentra mal fundada y motivada, en tanto que la cancelación únicamente se sostuvo sobre la premisa de que no solicitó los referidos alimentos en el procedimiento natural, pero pasó por alto que se trata de cuestiones de orden público; además, que únicamente valoró las manifestaciones del actor respecto de la proporcionalidad de las capacidades económicas de las partes para dictar su resolución sobre la pensión alimentaria. Sin embargo, dichos conceptos de violación hechos valer por la ahora quejosa, devienen inatendibles por ser novedosos, porque, en los términos en que fueron planteadas dichas manifestaciones en el presente asunto, resulta novedoso a lo resuelto en el recurso de revocación que constituye el acto reclamado, pues en sus agravios formulados respecto de dicho medio de impugnación no se hicieron valer, siendo que al ser la parte recurrente, se encontraba en aptitud de argumentar en el sentido que ahora lo hace; por lo que si el acto reclamado, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, debe ser apreciado en los términos en que se planteó ante la responsable, y dichos argumentos no estuvieron al alcance de la valoración de la misma, en la presente instancia resultan inatendibles. Es aplicable lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, página 1137, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." Y es que, en el procedimiento de origen, efectivamente, como lo alude la ahora quejosa, en la audiencia de diez de agosto de dos mil veintidós, emitida en el expediente ********************del índice del Juez responsable, en la etapa de revisión de medidas provisionales, se ordenó dejar sin efectos las providencias precautorias decretadas en el diverso procedimiento ********************, entre las cuales se encuentra la pensión alimenticia de la aquí quejosa; sin embargo, contra la determinación emitida en dicha etapa, se interpuso el recurso de revocación, en el cual el abogado de la hoy quejosa únicamente se limitó a reclamar los montos y porcentajes de pensión alimenticia decretados a favor del menor hijo de la solicitante del amparo, pero no formuló ninguna manifestación sobre la cancelación de la pensión alimenticia decretada a favor de ésta; de ahí que dicho tópico no fue abordado por el Juez responsable. De esta manera, como ya se precisó, resultaba imposible que el Juez natural se encargara de un tema que material y jurídicamente no fue impugnado por la hoy quejosa, siendo que se encontraba presente en la diligencia correspondiente, y tenía a su alcance el medio de impugnación correspondiente, al grado de que sí se hizo valer, pero nada se argumentó al respecto de las cuestiones que aquí se pretenden ventilar. Por ello, no es factible para este juzgador analizar una cuestión que no le fue planteada al responsable primigenio, pues evidentemente al respecto no existe un pronunciamiento concreto, y no se podría obligar a éste a atender una cuestión sobre la que la directa agraviada no emitió un motivo de queja. Además, si lo que la promovente del amparo pretende, es que se analizara la cancelación de la pensión alimentaria fuera de la resolución de revocación incoada por su parte, implicaría tener por consentido el acto reclamado, en tanto, bajo esa óptica, no habría sido impugnado con el medio de defensa que el procedimiento de origen contempla (revocación), lo que incluso implicaría la improcedencia del presente sumario constitucional, ante la falta de agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, ante lo inatendible de los conceptos de violación hechos valer por la ahora quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir a su favor, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. SÉPTIMO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de este fallo, por los motivos expresados en el diverso Sexto del mismo. Notifíquese.
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