Teresa Salinas Suárez

Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
386/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Teresa Salinas Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo intentada por la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). .

  2. Principal

    Toluca, Estado de********************, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, Gregorio Linarte González, Carlos Linarte González y Evodio Susano Villalobos Julio, en su carácter de indígenas del pueblo "San Jerónimo Acazulco", Municipio de Ocoyoacac, Estado de******************** y como avecindados del Ejido del Poblado "San Jerónimo Acazulco", Estado de********************, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Octavo, en la Ciudad de********************; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 386/2023-III. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La omisión de requerir por primera y segunda ocasión a Felipe Peña Peña, Floridelia Juárez Linares y Luis Valles Linares, en su carácter de presidente, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal del poblado San Jerónimo Acazulco, municipio Ocoyoacac, Estado de********************, para que exhibieran en la audiencia de veinticuatro de febrero y diez de marzo, ambos de dos mil veintidós, en el juicio agrario 700/2022, las copias certificadas de la carpeta básica del ejido San Jerónimo Acazulco, municipio Ocoyoacac, Estado de********************, para que los quejosos estén en aptitud de dar contestación a la demanda que les interpusieron los integrantes del citado Comisariado Ejidal, por la restitución del valle "El Mirador" con una superficie de 43,000.00 metros cuadrados, aproximadamente, tal y como está ordenado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado, no tiene una ejecución material de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la omisión de requerir por primera y segunda ocasión a Felipe Peña Peña, Floridelia Juárez Linares y Luis Valles Linares, en su carácter de presidente, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal del poblado San Jerónimo Acazulco, municipio Ocoyoacac, Estado de********************, para que exhibieran en la audiencia de veinticuatro de febrero y diez de marzo, ambos de dos mil veintidós, en el juicio agrario 700/2022, las copias certificadas de la carpeta básica del ejido San Jerónimo Acazulco, municipio Ocoyoacac, Estado de********************, para que los quejosos estén en aptitud de dar contestación a la demanda que les interpusieron los integrantes del citado Comisariado Ejidal, por la restitución del valle "El Mirador" con una superficie de 43,000.00 metros cuadrados, aproximadamente, tal y como está ordenado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una omisión que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues, solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que los quejosos obtengan una resolución favorable, en el expediente 700/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Octavo, en la Ciudad de********************, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga una resolución favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en la omisión de requerir por primera y segunda ocasión a Felipe Peña Peña, Floridelia Juárez Linares y Luis Valles Linares, en su carácter de presidente, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal del poblado San Jerónimo Acazulco, municipio Ocoyoacac, Estado de********************, para que exhibieran en la audiencia de veinticuatro de febrero y diez de marzo, ambos de dos mil veintidós, en el juicio agrario 700/2022, las copias certificadas de la carpeta básica del ejido San Jerónimo Acazulco, municipio Ocoyoacac, Estado de********************, para que los quejosos estén en aptitud de dar contestación a la demanda que les interpusieron los integrantes del citado Comisariado Ejidal, por la restitución del valle "El Mirador" con una superficie de 43,000.00 metros cuadrados, aproximadamente, tal y como está ordenado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por si tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la omisión de requerir por primera y segunda ocasión a Felipe Peña Peña, Floridelia Juárez Linares y Luis Valles Linares, en su carácter de presidente, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal del poblado San Jerónimo Acazulco, municipio Ocoyoacac, Estado de********************, para que exhibieran en la audiencia de veinticuatro de febrero y diez de marzo, ambos de dos mil veintidós, en el juicio agrario 700/2022, las copias certificadas de la carpeta básica del ejido San Jerónimo Acazulco, municipio Ocoyoacac, Estado de********************, para que los quejosos estén en aptitud de dar contestación a la demanda que les interpusieron los integrantes del citado Comisariado Ejidal, por la restitución del valle "El Mirador" con una superficie de 43,000.00 metros cuadrados, aproximadamente, tal y como está ordenado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************, Gregorio Linarte González, Carlos Linarte González y Evodio Susano Villalobos Julio, en su carácter de indígenas del pueblo "San Jerónimo Acazulco", Municipio de Ocoyoacac, Estado de******************** y como avecindados del Ejido del Poblado "San Jerónimo Acazulco", Estado de********************, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Octavo, en la Ciudad de********************. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y los mismos no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo, practíquese la notificación de la presente determinación, así como las subsecuentes por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción III inciso a), de la ley en cita. Además, respecto del correo electrónico que proporciona, comisiónese a los actuarios adscritos para que tomen nota del mismo para el desempeño de sus funciones. En diverso orden, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y a las otras personas que cita en su escrito en términos del artículo 24 de la legislación citada, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Asimismo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a ********************, a efecto de que por su conducto se notifique a la parte quejosa. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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